Tras negarse a incorporar a trabajadores despedidos, la Justicia embargó a Lácteos Vidal

La empresa había actuado asesorada por el Movimiento Empresarial Antibloqueos. Desde ATILRA celebraron lo que consideraron un «fallo histórico».

El largo conflicto entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) y Lácteos Vidal sumó un nuevo capítulo: luego de que la empresa se negara a reincorporar a los trabajadores despedidos, la Justicia decidió embargarles las cuentas para pagarle a los cesanteados.

La firma de Carlos Casares había actuado asesorada por el Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB), por lo cual desoyó la determinación de dar marcha atrás con los despidos. Ahora, tras la nueva resolución judicial, desde ATILRA celebraron lo que consideraron un «fallo histórico».

A fines de febrero fue cuando la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el fallo dictado por el juez en primera instancia, que ordenaba reincorporar a los 29 trabajadores despedidos por Lácteos Vidal.

Como eso no fue acatado, ahora el juez laboral José Ignacio Ramonet tomó la decisión de embargar las cuentas bancarias de la empresa para abonar una compensación a los trabajadores que fueron despedidos en forma ilegal por ejercer su derecho a huelga.

La sanción económica a Lácteos Vidal

En diálogo con Todo Provincial, el secretario gremial de ATILRA, Heber Ríos, explicó que «el fallo ya era definitivo, pero la empresa hizo una serie de presentaciones para dilatar la situación. El juez les advirtió que pagara los astreintes y, sino, procedería a embargarles la cuentas para avanzar con el pago a los 29 trabajadores».

Las astreintes son sanciones económicas que tienen como finalidad la de hacer efectivas las decisiones judiciales frente a la renuencia injustificada de sus destinatarios mediante una condena dineraria.

En el caso de Lácteos Vidal, el juez Ramonet estableció una multa de 10 mil pesos por día por trabajador despedido hasta que se concrete la reincorporación. Ese dinero será abonado a los empleados directos afectados.

«El juez ordenó que cesen con las presentaciones y cumplan con el fallo. Ellos fijaron posición que no van a cumplir con el pago de los astreintes y por lo tanto avanzó con el embargo», detalló Ríos.

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Y el dirigente de ATILRA aseguró que este fallo judicial es «histórico», porque si bien los astreintes están contemplados en la ley «hasta ahora nunca se habían utilizado en un conflicto laboral».

En tanto, una vez conocido el fallo, la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT) denunció una «indiscriminada lapidación mediática» y «escraches» al juez Ramonet, por lo cual expresó su solidaridad con el magistrado y llamó a respetar la decisión.

«La independencia judicial es una garantía fundamental en el sistema republicano, por lo que deben descartarse de plano cualquier tipo de medidas orientadas a presionar a los magistrados y magistradas para que resuelvan en un determinado sentido», expresó la ANJUT.

El origen del conflicto

El conflicto comenzó en 2018, cuando los trabajadores de Lácteos Vidal reclamaron el pago correcto de presentismo, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y la recategorización de trabajadores mal encuadrados en el marco de un convenio colectivo diferenciado y a la baja.

El año pasado hicieron un primer paro y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Vencida la misma, los trabajadores regresaron a las medidas de fuerza con el apoyo de la plana mayor de ATILRA.

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Como la patronal no realizó ni una sola propuesta tendiente a cumplir las leyes laborales y el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, que rige para los trabajadores y las trabajadoras de la Industria Lechera, en agosto iniciaron un paro por tiempo indeterminado.

La familia Bada Vázquez, junto al MEAB, denunció que el sindicato bloqueaba la planta y los extorsionaba. Sin embargo, la Justicia, en distintas instancias, determinó que el supuesto bloqueo no existió y que los trabajadores ejercieron en forma lícita el derecho a huelga.

En septiembre del año pasado, la empresa láctea despidió a los 29 trabajadores de paro y contrató personal nuevo fuera de convenio con el que sigue produciendo, a pesar de que el fallo judicial lo prohibía explícitamente.