Motosierra recargada: así el Gobierno refuerza los controles sobre el empleo público
Empleo público: los despidos impactan más en las mujeres.
Con nuevas exigencias administrativas y mayor centralización de decisiones, Nación avanzó en un esquema que restringe incorporaciones y modificaciones para los cargos estatales.
En el marco de la ejecución del Presupuesto 2026, el gobierno nacional oficializó nuevas disposiciones para la asignación y cobertura de cargos públicos en todos los organismos del Estado. Se trata de una decisión administrativa con el espíritu de la motosierra libertaria, que apunta a reforzar el control del gasto y las contrataciones. Algo que ya genera inquietud entre sindicatos y trabajadores estatales sobre posibles impactos en el empleo público.
La medida, formalizada a través de la Decisión Administrativa 1/2026 y publicada en el Boletín Oficial, reglamenta la Ley de Presupuesto 27.798 e introduce requisitos estrictos para la incorporación, homologación, reasignación y derogación de cargos en la administración pública nacional.
Según el texto oficial, todos los organismos deberán informar trimestralmente a la Secretaría de Hacienda sobre la evolución de sus plantas de personal y contrataciones, sin importar la naturaleza o fuente de financiamiento de los recursos. De este modo, cualquier incorporación de cargos o modificación de estructuras deberá contar con justificación y un informe detallado de costos y financiamiento antes de ser aprobada.
La normativa también establecerá que toda cobertura de vacantes sólo podrá aprobarse si el puesto está realmente libre y existe disponibilidad presupuestaria, lo que limita la posibilidad de designaciones sin respaldo económico. Además, cualquier modificación en puestos ejecutivos requerirá la intervención de las secretarías de Transformación del Estado y de Hacienda, con aprobación final del Presidente de la Nación.
Este esquema de control se combina con nuevos criterios operativos para la ejecución presupuestaria: la distribución formal de todos los gastos corrientes y de capital, las fuentes de financiamiento y las aplicaciones financieras deberán cumplir con pautas estrictas en todo el Estado, incluyendo el traspaso de organismos como la ex Agencia Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud, con garantía de continuidad de los servicios.
Hay algunos actores gremiales, tanto en UPCN como en ATE, que conocen el tema a fondo y que, ante la pregunta de Gestión Sindical, expresaron por lo bajo malestar. Plantean que estas reglas se suman a otras decisiones del Ejecutivo destinadas a “realinear el empleo público” y ya incluyeron la eliminación de cargos jerárquicos (con recortes significativos en personal de alta dirección) y despidos masivos en los últimos meses”.
La pelea contra la reforma laboral, a fondo
En el caso de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), creen que es necesario fortalecer lazos y conexiones con todos los sindicatos para rechazar la reforma laboral. Consideran que es clave que el proyecto se no avance en el Congreso para que el oficialismo no pueda avanzar con esta clase de disposiciones.
Por eso, su jefe, Rodolfo Aguiar, se reunió con el líder del gremio de Aceiteros, Daniel Yofra, y ambos coincidieron en que “hay un consenso creciente en la dirigencia sindical sobre que el paro y la movilización son las herramientas más eficaces para enfrentar la reforma laboral”.
“No podemos caer en la ingenuidad de pensar que modificando un par de artículos vamos a frenar un ataque sin precedentes a todos nuestros derechos. No nos podemos conformar con el mal menor”, insistió Aguiar.
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