Sin medidas de fuerza, la CGT elige el camino judicial contra la reforma laboral

Sola avisó que plantearán la inconstitucionalidad de la reforma laboral si, como se prevé, resulta aprobada en el Senado.

La lucha del sindicalismo contra la reforma laboral se profundizará luego de la votación positiva que tuvo esta madrugada en Diputados. Mientras el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ya anunció un paro de 36 horas cuando se realice la votación definitiva en el Senado, la CGT no habló por el momento de medidas de fuerza o de protesta pero anticipó que irá a la Justicia para frenar la norma mediante un planteo de inconstitucionalidad.

“La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”, afirmó Jorge Sola, secretario general de la central de Azopardo.

«El paro no fue contra un gobierno sino contra la reforma laboral»

“Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción”, explicó Sola.

Además, el también secretario general del Sindicato del Seguro dejó en claro que “no estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma”. 

“Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza”, expresó además en referencia al paro general sin movilización que dispuso este jueves la CGT.

Luego aclaró que la medida de fuerza no fue “en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social”.

Reforma laboral: paro de 36 horas y movilización cuando sea la votación decisiva en el Senado

En cuanto a los aspectos que la CGT considera más regresivos de la reforma, Sola dijo que “no es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial”.

Asimismo, remarcó que “hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares”.

«El trabajador pierde plata y previsibilidad»

El líder cegetista también cuestionó la habilitación a validar convenios por empresa que contradigan o no respeten el convenio colectivo de cada actividad. “Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional: todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores”, indicó.

Sobre el banco de horas, Sola advirtió: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida”.

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Por último, al evaluar el resultado del paro, consideró que “fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este Gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto”.

Por su parte, otro de los secretarios generales de la CGT, Cristian Jerónimo, también confirmó que a partir de ahora “nos queda otra instancia, que es la judicial. Lo venimos diciendo: vamos a ir a la Justicia porque este proyecto de ley va en contra de la Constitución Nacional”.

Y apuntó muy duro contra los gobernadores peronistas por su rol en la aprobación de la reforma. “Son gobernadores de provincias que uno ha recorrido y ve el grado de desigualdad que tienen esas provincias. Nos dan vergüenza. Han traicionado a los trabajadores. Supuestamente lo hacen para beneficiar a sus provincias y sabemos que eso no tiene un impacto real”.