La situación del IOMA alarma a los gremios estatales: peligran prestaciones en plena pandemia

En los últimos días hubo cruces por el estado de la obra social. Si bien los vocales sindicales del organismo apoyaron medidas contra médicos por defraudación, se mostraron preocupados por un plan para rescatar a clínicas. Además, se cae la atención en consultorios y farmacias por falta de pago. La vieja pelea por ingresar al directorio que se renueva.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

La semana pasada, las autoridades del IOMA denunciaron a 12 médicos de la provincia de Buenos Aires, por supuesta defraudación a la entidad. Según la obra social bonaerense, estos profesionales facturaron prestaciones que no realizaron, generando un fraude millonario a las arcas provinciales. La medida generó la reacción de la entidad gremial de los médicos, y desató una fuerte polémica sobre la situación del organismo, que viene arrastrando desde años una crisis estructural que no encuentra solución.

Los estatales apoyaron la iniciativa del IOMA, respaldando la investigación judicial. Pese a esto, hay preocupación por la realidad de la entidad, ya que aseguran en los últimos tiempos se cayeron varias prestaciones. Los sindicatos que forman el directorio reclaman mayor transparencia respecto del manejo de los fondos, en especial luego que el gobernador Axel Kicillof anunciara un plan de rescate para clínicas y sanatorios privados, que podría hacer que la Provincia se quede con el manejo de algunos de estos establecimientos.

La realidad del IOMA es tema de discusión entre los gremios estatales. De hecho, en la protesta de ayer jueves de los judiciales, se incorporó el tema al documento de reivindicaciones. Del gran problema es que las prestaciones se están cortando, ante la falta de pagos, mientras la obra social pelea por mejorar los recursos. Pero en el medio, se anunció un plan de 400 millones de pesos para salvar clínicas privadas, lo que generó malestar.

“IOMA es un desastre, la atención viene complicada desde hace tiempo, tenemos que realizar una mejora estructural”, le dijo un dirigente de ATE a Gestión Sindical, en estricto off. El gremio viene reclamando cambios en el directorio, que tiene representación sindical pero sólo de los mayoritarios: los docentes a través de SUTEBA y los municipales a través de una de sus federaciones. ATE está reclamando un lugar en esa mesa, y critica la falta de control de esos vocales.

“Hace años que se denuncian casos de corrupción, de desfalco de los fondos de los trabajadores, pero nunca se puede pudo hacer nada desde el directorio. Así como está no sirve”, afirmó el mismo dirigente, dejando abierta la interna sindical que hay en el organismo.

Pese a las diferencias, una veintena de gremios firmaron un comunicado apoyando la denuncia de las autoridades del IOMA a 12 médicos, a quien acusan de haber facturado servicios que nunca prestaron, y que ascenderían a los 8 millones de pesos. Ante esto, la Agremiación Médica Platense (AMP), que representa a los profesionales, realizó una protesta y denunció que lo que busca la obra social es limitar la posibilidad de que los afiliados elijan a los médicos con los cuales atenderlos. Como respuesta, la entidad afirma que la agremiación “miró para otro lado”, y no controló a los profesionales. Ante esto, los estatales apoyaron la decisión de la provincia de Buenos Aires.

“Comunicamos nuestro apoyo a la decisión del instituto de auditar y denunciar el presunto delito de defraudación”, sostuvo el documento, firmado por todo el arco sindical. La dirigencia recordó que “hace tiempo que venimos exigiendo al IOMA, a través del consejo consultivo gremial, la auditoría y control del cumplimiento del convenio por parte de las organizaciones de prestadores y la inconducta de profesionales, porque consideramos que esto vulnera los derechos de los afiliados, de ahí que las vocalías gremiales y todos los sindicatos que tienen representación en este Consejo Consultivo gremial, acompañamos las medidas implementadas por el instituto”.

Este episodio genero tensión en los otros prestadores, porque desde hace tiempo experimentan problemas para cobrar sus servicios. Uno de los casos que más preocupa es el de las farmacias, que en plena pandemia podría cortar o limitar la entrega de medicamentos. La situación empeoró cuando la obra social decidió cambiar los tiempos de liquidación de las recetas dispensadas parea sus afiliados, pasando de una presentación quincenal, por una mensual. Esto, temen en el sector, retrase aún más los pagos.

“Desde febrero que no recibimos pagos completos, es decir, desde antes de la pandemia. Después, todos pagos parciales”, le confirmó a Gestión Sindical una fuente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. Las farmacias además tienen problemas para acceder a las vacunas antigripales, que tienen alta demanda en especial entre los jubilados. “Las dosis no están, los afiliados nos piden respuesta a nosotros, pero no la podemos dar, y nos ponen en un lugar incómodo”, agregó la misma fuente.

En medio de la crisis, el IOMA anunció un polémico plan para salvar clínicas privadas en plena pandemia. Se trata de 400 millones de pesos que servirán para salvar establecimientos del sector privado que afrontan serias dificultades en medio de la crisis. La medida generó críticas de los gremios, ya que esos fondos salen de la obra social, que está con tantos problemas para sostener las prestaciones.

Si bien las autoridades niegan que la idea es quedarse con sanatorios, ya hay un plan modelo: en Temperley, en el sur del conurbano bonaerense, el IOMA buscará abrir una clínica –llamada Comahue –bajo su gerenciamiento. El lugar, que en su momento atendió afiliados del PAMI, lleva un tiempo cerrada, y podría ser el primer sanatorio de la obra social provincial.

En este caso, los gremios rechazaron el plan de rescate, a través de distintos documentos. “La justificación de la medida en la falta de recursos por parte del Estado para hacerse cargo del costo del salvataje, nos remite al debate central sobre qué sector social debe soportar el peso de la crisis sanitaria y sus devastadoras consecuencias en la economía”, aclaró en su momento la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

Al respecto, la entidad gremial agregó que “entendemos que resulta imprescindible avanzar en implementación de políticas públicas que obliguen a los sectores con mayor capacidad económica a realizar el aporte necesario para financiar las necesidades sociales más urgentes; en particular, aquellos grupos empresarios que durante los últimos cuatro años acumularon ganancias extraordinarias a costa del endeudamiento y empobrecimiento de las grandes mayorías”.