La Justicia le prohibió a Jorge Macri controlar a los empleados públicos mediante un GPS en sus teléfonos
La Justicia le prohibió a Jorge Macri controlar a los empleados públicos mediante un GPS en sus teléfonos.
Una cautelar frenó la implemenación de la «hoja de ruta electrónica» dispuesta por el Gobierno porteño para tomar asistencia por GPS.
La Justicia porteña ordenó suspender el sistema de control por GPS a los empleados públicos de la Ciudad de Buenos Aries, que había implementado el gobierno de Jorge Macri para tomarles asistencia a trabajadores estatales que cumplen funciones en la calle o en más de una sede.
El juez en lo Contencioso Adminsitrativo y Tributario Víctor Troncoso Rodas hizo lugar a una medida cautelar presentada por el secretario general de la seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Daniel Catalano y dispuso que, hasta que se resuelva en Tribunales si el mecanismo es legal o no, se interrumpa el control por geolocalización.
El mecanismo oficial, denominado «hoja de ruta electrónica«, fue implementado por la intendencia porteña para controlar la asistencia del personal que presta tareas en la vía pública, de los que cumplen funciones en distintos domicilios durante una misma jornada laboral y aquellos que, eventualmente, deban trabajar parte de su horario en un lugar distinto al declarado en el SIAL (Sistema Integral de Administración de Recursos Humanos y Liquidación de Haberes) como su puesto de trabajo.
El GPS lo pone Macri y los celulares, los trabajadores
Una de las características más polémicas del sistema es que funciona a través de los teléfonos celulares personales de los trabajadores y no de dispositivos proporcionados por el Gobierno.
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En el fallo, el juez Troncoso Rodas sostuvo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) no acreditó la existencia de un acto administrativo que habilitara la implementación obligatoria del sistema ni el uso de celulares personales de los trabajadores para registrar asistencia mediante geolocalización.
El magistrado señaló que la herramienta se implementó “a través de una vía de hecho” -es decir, sin ninguna normativa que la respalde- y que ello lesiona el principio de legalidad.
Según ATE, el sistema andaba mal
Según explicó ATE Capital, la medida se informó a los empleados porteños «de forma totalmente intempestiva» horas antes de la puesta en funcionamiento del mecanismo y que se pretendía que en ese breve lapso «los trabajadores comenzaran comiencen a utilizar un sistema que implicaba geolocalización».
El gremio reunió varias denuncias de empleados que «expusieron dificultades operativas, inconsistencias en los registros y la eventual imputación de inasistencias injustificadas a trabajadores que no pudieron utilizar el sistema, con el consiguiente riesgo de aplicación de sanciones disciplinarias, descuentos salariales e incluso medidas expulsivas».
La cautelar explica que «la geolocalización impuesta por el GCBA afecta derechos fundamentales de los trabajadores, como la privacidad, la intimidad y la protección de datos personales, al exigir el uso de dispositivos móviles personales sin información clara sobre el tratamiento de los datos ni garantías suficientes de resguardo”.
A la vez, sostiene que la medida resulta “desproporcionada, invasiva y sin evaluación previa de impacto”.
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