Informe asegura que los sueldos de los estatales sólo representan el 10% del gasto público

El trabajo de la Fundación Germán Abdala se conoció luego que se formalizara el congelamiento del ingreso de trabajadores al Estado nacional.

A pocos días de confirmarse el congelamiento de ingresos al Estado de nuevo personal, un informe asegura que el salario de los trabajadores del sector representan «el 10 por ciento del gasto público total».

De esta forma, se intenta despejar ciertos prejuicios respecto al impacto del empleo estatal en el déficit fiscal, que la actual crisis económica y financiera puso en la agenda mediática. La polémica se generó cuando la medida anunciada por la ministra de Economía, Silvina Batakis, puso en duda el ingreso de personal que estaba en proceso de ingreso a planta, luego de años de estar trabajando de forma precarizada.

El trabajo, realizado por la Fundación Germán Andala, hace una radiografía del impacto del empleo en las cuentas pública, incluyendo cantidad de trabajadores y salarios, y lo compara con otros rubros del Estado nacional, como jubilación es o planes sociales.

El reporte de la fundación analiza los datos oficiales, y busca poner en contexto el impacto de los sueldos de los estatales. En este sentido, se remarcó que la mayoría del gasto público «se concentra en las partidas con fines sociales (entre jubilaciones, pensiones, PAMI, AUH y el resto de los programas sociales), que representan poco más de la mitad del gasto, 52 por ciento».

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En segundo lugar, agregaron, «se ubican los subsidios económicos, que crecieron fuertemente en estos dos años y cuyo destino principal es el sector energético (seguido muy de lejos por el transporte)». El trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical, ubica recién a los salarios en tercer lugar. «Después de estos rubros aparecen los salarios de los trabajadores y las trabajadoras del Estado nacional, que representan solo el 10 por ciento del gasto total», destacaron.

Para los autores del reporte, es importante remarcar esto «dado que muchas veces se instala desde los medios o desde algunas figuras políticas que esta debería ser una de las principales variables de ajuste».

Incluso se mostró que el gasto general aumentó en estos cinco meses un 13 por ciento en términos reales, igual que los salarios, y lejos de otras áreas como «Otros gastos corrientes», que subieron un 56 por ciento, empujados por ítems como el plan de turismo Pre-Viaje, subsidios energéticos y la ampliación del programa Potenciar Trabajo.

En tanto, se admitió que, en otras jurisdicciones, el porcentaje de gasto que se usa para salarios es mayor. «En las cuentas provinciales los salarios sí representan una parte importante del gasto (en torno al 50 por ciento), dado que las provincias tienen a su cargo un elevado plantel en los ámbitos de la docencia, salud y seguridad», describieron. Pero, se aclaró, «esto se encuentran fuera del poder de decisión del Poder Ejecutivo nacional».

Pase a planta

El informe se conoció luego que el decreto 426/2022 confirmara el anuncio de la ministra Batakis, que frena los ingresos al Estado nacional. La decisión fue criticada por dirigentes estatales, que habían acordado un plan para incorporar a planta permanente de unos 30 mil trabajadores contratados, que ya cumplen funciones.

Ante esto, CONADU Histórica se declaró en «estado de alerta y movilización», al considerar que el congelamiento es una medida «preocupante y alarmante». «Finalmente los docentes universitarios fuimos excluidos por el decreto oficial, como los organismos de ciencia y técnica y los de seguridad», le confirmó Gestión Sindical el dirigente Luis Tiscornia.

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En tanto, ante la ola de críticas y las dudas al respecto, desde la secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete emitieron un documento donde confirmaron que sigue vigente «la cobertura de cargos de planta permanente que estaban vacantes en distintos organismos del Estado nacional».

La titular del organismo Ana Castellani recordó que «concursos de cargos que están en el marco del plan de regularización del empleo público; son cargos que están ocupados por el personal hace 10 años o más bajo la modalidad de contratación transitoria, y que se están concursando internamente en los organismos».

Planta y salarios

Además de intentar sopesar las opiniones respecto del peso de los salarios públicos en el gasto, el informe de la Fundación Germán Andala hace una radiografía del empleo público en el Estado nacional. A marzo 2022, se describió, «había 279.900 personas empleadas por el sector público nacional (personal civil)».

De ese total, «28.300 trabajan para el Poder Judicial y/o el Ministerio Público, mientras que 55.300 trabajan en empresas públicas». De las 196.400 restantes, «hay 161.800 que trabajan en la administración pública centralizada o descentralizada, y el resto trabaja en AFIP, PAMI o INCAA, donde los salarios son más altos) y de esas, 128.600 que lo hacen bajo convenio».

En cuanto a los salarios, el personal alcanzado por las paritarias estatales, el Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP) sólo involucra directamente a alrededor de la mitad, «cuyo salario promedio en abril era de 141.510 brutos».

«El panorama se agrava aún más si dejamos de lado el promedio y miramos la distribución de esos sueldos. Un tercio del total no llega a los 100 mil pesos», criticó la fundación. Esta semana, Gestión Sindical difundió el reporte de la Junta Interna de ATE, donde destacó que un salario del nivel D Grado 0 del SINEP, que en noviembre del 2015 era de 10.191 pesos, si lo llevamos a precios de junio de este año «debería ser de 114.625 pesos».