25 de Septiembre
de 2022
Fuera de Megáfono.

Guerra contra taxistas: la Justicia porteña suspendió a Uber pero el servicio funciona «con normalidad»

14. 04. 2016

El dictamen hizo lugar a un amparo presentado por el Sindicato de Peones de Taxis, gremios conducido por Omar Viviani, y ordenó al gobierno de la ciudad que la empresa de transporte paralice «de modo inmediato» su actividad en Buenos Aires.

La Justicia porteña hizo hoy lugar a un recurso de amparo y ordenó al gobierno de la Ciudad que “de modo inmediato” suspenda las actividades de Uber, empresa dedicada al transporte de pasajeros que había generado una fuerte polémica y el rechazo de taxistas. Sin embargo, la empresa aseguró hoy que opera “con normalidad” en Buenos Aires.

La resolución fue adoptada por el juez Víctor Trionfetti, a cargo del juzgado 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su fallo, el magistrado ordenó al gobierno porteño que “de modo inmediato arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa Uber”.
A poco menos de 24 horas del inicio de actividades de la empresa de origen norteamericano y que se dedica al traslado de pasajeros, la Justicia le impidió continuar con las actividades.

Mientras tanto, Uber señaló en su cuenta de Twitter: “Seguimos operando con normalidad y comprometidos con nuestro objetivo de generar más de 35.000 oportunidades de ingreso para nuestros socios”.

El servicio Uber, que permite unir desde una aplicación móvil para teléfonos a conductores que ofrecen viajes con su auto y pasajeros que lo requieren, generó el rechazo del gremio de taxistas que realizó varias protestas en el centro porteño.

El anunciado desembarco también puso en alerta al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que ratificó la ilegalidad del servicio y que le aplicaría multas.

En la resolución judicial, el magistrado pidió a la Agencia Gubernamental de Control que informe si la empresa solicitó la habilitación, y a otras dependencias de la administración porteña que reporten si requirió actuar como transporte de pasajeros. Las respuestas deben ser enviadas en un plazo no mayor a cinco días.

A su vez, el juez dispuso la notificación de la existencia del presente proceso y la presente resolución al Ente Único Regulador de Servicios Públicos, en tanto órgano de control.

La resolución fue consecuencia de una acción de amparo impulsada por Jorge Omar Viviani y Miguel Ángel Espinosa en su carácter de Secretario General y Tesorero, respectivamente, del Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal.

También fue interpuesto por las autoridades de la Cámara Empresaria del Autotaxi, de la Asociación Civil de Taxistas de Capital, de la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro, y de la Unión de Propietarios de Autos Taxis.

Entre los argumentos expuestos por los amparistas se resalta la “grave lesión en el derecho a trabajar” y a “la igualdad de las cargas públicas” de todos los trabajadores que integran el sindicato de Peones de Taxis.

En los fundamentos de la resolución, el juez admitió la “complejidad” del planteo ya que “posee aspectos colectivos ostensibles cuyo tratamiento y decisión puede incidir en diferentes grupos con intereses o posiciones jurídicas encontradas”.

“Tal escenario me convence de que el proceso de amparo, sólo reglamentado para casos individuales o litisconsorciales, no puede absorber ni garantizar un riguroso tratamiento del conflicto ante la densidad de los tópicos mencionados”, señaló.

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