Gremios aeronáuticos advirtieron que el DNU del Gobierno amenaza la seguridad de los vuelos
Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes.
Tras la asamblea en Aeroparque de la que participaron seis sindicatos aeronáuticos, no descartaron próximas medidas de fuerza.
Tras las asambleas realizadas este lunes por cinco sindicatos aeronáuticos en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, desde la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) que conduce Juan Pablo Brey advirtieron que van a continuar las protestas en rechazo al DNU 378/2025 que cambia las condiciones laborales del sector, y no descartaron que haya algún paro antes de la finalización de las vacaciones de invierno en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.
Brey mostró su preocupación por el denominado «proceso de desregulación” impulsado por la administración libertaria, el cual desde su visión compromete de manera crítica la seguridad operacional, vulnerándola en numerosos aspectos.
“La extranjerización y la apertura irrestricta de los cielos no solo ponen en riesgo las fuentes laborales, sino que además afectan la integridad de nuestro sistema aeronáutico”, advirtió el secretario general de los Aeronavegantes.
Los gremios aeronáuticos unidos
La posición que expresaron desde Aeronavegantes es compartida con la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Asociación de Trabajadores del Estado en la Administración Nacional de Aviación Civil (ATE-ANAC).
Todos estos colectivos sindicales realizaron el lunes una asamblea para analizar medidas a seguir, que no afectó el desarrollo de los vuelos.
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Hay otro dato que todos ponen a la luz: la situación de los salarios. Desde los gremios indicaron que es “grave” y señalaron “una pérdida del poder adquisitivo superior al 70%, que golpea día a día la economía de las y los trabajadores aeronáuticos”, por lo cual no encuentran margen para conciliar con el Gobierno.
“No retrocederemos en la defensa de la soberanía aérea ni en la lucha por la recomposición salarial que nos corresponde legítimamente”, dijo Brey.
Por su parte, Alejandro Kogan, secretario de Prensa de Aeronavegantes, sostuvo que “la desregulación que sufre el sector no se vio en ninguna parte del mundo” y que “no hay una sola reunión donde nos sentemos a pensar el futuro y el presente, nos vemos obligados en forma permanente a defendernos de este ataque”.
El gremialista afirmó que “la obsesión del Gobierno es terminar con Aerolíneas Argentinas porque no comprende el rol del Estado”.
Qué dice el decreto cuestionado
El DNU del Gobierno fue publicado en el Boletín Oficial el 4 de junio, reemplaza al decreto 877/2021 y modifica aspectos clave del régimen laboral aeronáutico.
Entre otros puntos, resuelve la elevación del máximo de horas de vuelo permitidas, de 8 a 10 por día y de 800 a 1.000 al año, la reducción del descanso semanal de 36 a 30 horas,la limitación de las vacaciones a 15 días corridos, suprimiendo la posibilidad de acumular hasta 45, y cambios en los tiempos de espera y traslado previo al vuelo, que dejan de computarse como parte de la jornada laboral.
La primera organización sindical que había decidido una medida de fuerza contra el decreto fue APLA, de Pablo Biro, que dispuso un paro el sábado 19 de julio, primer día del receso escolar porteño y bonaerense, luego desactivado por una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Esta conciliación obligatoria finaliza el sábado 2 de agosto, un día antes de la finalización de las vacaciones, y por ahora no ha habido ningún acercamiento por parte de las autoridades para intentar resolver el entuerto.
Biro consideró que el DNU se redactó de manera «apresurada», sin consulta ni consenso con los actores del sistema aeronáutico, y lo dictaron “sin cumplir los procedimientos mínimos establecidos”, entre ellos el análisis de riesgo sistémico exigido por normativas internacionales.
“No sólo precariza nuestras condiciones laborales, también compromete directamente la seguridad de los vuelos”, indicaron desde APLA.
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