Gravísimo: un informe asegura que Vidal sub-ejecutó $3 mil millones del IOMA que no se sabe dónde están

En medio de las críticas por las carencias en la atención de la obra social provincial, la fundación Soberanía Sanitaria asegura que en dos años esos fondos no fueron usados por el organismo, pero no se conoce su destino. El resultado es una baja en la cobertura de medicamentos y suba de copagos. Los gremios estatales afirman que las quejas crecen, pero no hay respuesta de la entidad.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

Mariano Romagnoli tenía 13 años, y murió en marzo de este año producto de una leucemia aguda. En vuelta en su dolor, su madre Mirna Romagnoli, docente de una escuela del partido de Lomas de Zamora, no dudo en acusar al IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, de la tragedia. “Responsabilizo al IOMA por la muerte de mi hijo”, dijo en su momento, por el retraso en la entrega de los medicamentos necesarios para afrontar su tratamiento.

El caso del menor no es el único, ya que en los últimos años muchos afiliados de la entidad apuntaron a los problemas en la entrega y cobertura de tratamientos. Hace unos días se cumplió un año de la muerte de Gabriela Ciuffarella, otra afiliada del IOMA que falleció esperando que el organismo le cubre los fármacos oncológicos.

Todos los días, este tipo de casos legan a los gremios estatales, que intentan resolver las situaciones para que no llegue a estas tragedias. Sin embargo, se estima que el IOMA tuvo en los últimos dos años un superávit de 3 mil millones de pesos, que no fueron volcados a la atención. Así lo denuncia un informe que además sostiene que en el último tiempo se produjo una notable baja en la cobertura de medicamentos, una suba de la cuota de los afiliados voluntarios y otras falencias en la asistencia sanitaria. “Somos rehenes del IOMA, que nos abandona”, afirman los estatales.

El IOMA es la obra social del personal público de la provincia de Buenos Aires, que atiende a empleados estatales, policías, empleados municipales y afiliados voluntarios. La desregulación que permite a los afiliados de obras sociales sindicales pasarse a otra entidad o una prepaga no los alcanza, por lo cual están cautivos.

En la actualidad, cuenta con 2.640.000 afiliados, que aportan el 4,8 por ciento de sus sueldos, más un porcentaje igual que debe aportar el Estad provincial como empleador. Esto genera un enorme presupuesto, uno de los más importantes del país.

Una realidad que da bronca

Un informe realizado por la Fundación Soberanía Sanitaria asegura que pese a un enorme superávit, hoy esos recursos no llegan a los afiliados, que sufre una serie de problemas en la atención. “Al revisar los últimos presupuestos y ejecuciones del IOMA se observa una situación que llama la atención: una importante subejecución de sus recursos, sobre todo en los años 2016 y 2017, de más de 1.900 millones y 1.147 millones respectivamente”, destacó el trabajo de la entidad, al que tuvo acceso Gestión sindical. Sumando, esta subejecución “es superior a los 3 mil millones de pesos durante la gestión de María Eugenia Vidal”.

Pero esta abundancia de recursos no genera una mejor atención entre los afiliados. “Todos los días recibimos quejas de los afiliados, por falta de entrega de medicamentos, por problemas en la atención o por falta de profesionales para determinadas prácticas”, confirmó una fuente de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), ante la consulta de Gestión Sindical.

Lo mismo sucede en el resto de los gremios estatales, que por lo general tienen secretarías de Acción Social abocadas a la atención de estos temas. “En el último tiempo bajaron las prestaciones, rechazan muchos trámites, hay coberturas que terminan en la justicia porque no las quieren hacer. Es muy complejo”, explicó la misma fuente consultada.

Entre estas cuestiones, la cobertura y entrega de medicamentos es de las más extendidas en toda la Provincia. Según el trabajo de Soberanía Sanitaria, “la cobertura de medicamentos por parte del instituto disminuyó de un 67,06 por ciento promedio en 2016 a un 33,58 por ciento en 2019, quedando por debajo del 40 por ciento de cobertura promedio de las obras sociales nacionales”.

El IOMA tiene un sistema distinto al PAMI o el resto de la seguridad social en materia de descuentos de medicamentos, ya que n cubre un porcentaje del precio de los tratamientos, sino un monto fijo.

“Esto implica que cuando aumenta el precio de un medicamento, el reconocimiento por parte de PAMI aumenta de manera proporcional y automática. El IOMA cubre un monto fijo en pesos del PVP (precio de venta al público) y cuando éste aumenta el instituto debe actualizar mediante resolución el monto de cobertura, algo que no está sucediendo”, remarcó el análisis de la entidad sanitaria. En el caso de las drogas oncológicas y de alta complejidad, algunas deben ser entregadas de forma gratuita, pero existe una gran burocracia que hace que haya fuertes retrasos, como sucedió con los casos de Mariano Romagnoli y Gabriela Ciuffarella.

Otro problema que surge en materia de cobertura de medicamentos es que desde el año pasado pasó a la órbita del IOMA el plan Incluir Salud, que entrega tratamientos y cobertura a personas beneficiarias de pensiones no contributivas.

Si bien los fondos deben ser garantizados por Nación, sin manejados por las provincias, y en el caso de Buenos Aires están en el marco de la obra social. Este paso hizo que muchas veces los fondos necesarios para las prestaciones de este plan, antes conocido como PROFE, salgan de las arcas del IOMA.

Cuando a fines del 2018 hubo retrasos en el giro de recursos, el gobierno de Vidal decidió desmantelar el plan, para evitar el colapso de la obra social. Los gremios estatales se opusieron a este cambio, porque sostenían que se desfinanciaría la entidad provincial. En estos momentos, la situación quedó a medio camino, ya que el Incluir salud debe millones de pesos a sus prestadores.

“A las farmacias les adeuda recetas desde mayo de este año, con un valor de 220 millones de pesos”, le confirmó a Gestión Sindical una fuente del Colegio de farmacéutico provincial. Si no hay una solución, aseguró la misma fuente, se cortará el servicio a los beneficiarios del plan.

Además de los problemas de atención, los estatales afiliados al IOMA deben sufrir otros inconvenientes, como la suba de los copagos, los bonos que pagan para atenderse con distintos profesionales médicos. “Si tomamos por ejemplo el valor de la consulta médica en Mar del Plata vemos que en 2017 los copagos por consulta médica eran de 71 o de 133 pesos, dependiendo de la categoría del médico. En 2018, esos mismos importes pasaron a 81 y 161, respectivamente. Un aumento de entre el 15 y el 21 por ciento”, ejemplificó el informe de Soberanía Sanitaria.

De mal en peor

Para los afiliados de La Plata, remarcaron “la situación es peor”. “Los copagos por consultas médicas aumentaron un 90 por ciento para la categoría intermedia (pasaron de 73 pesos en 2017 a 140 pesos en 2018) y más de un 50 por ciento para la categoría superior (pasaron de 145 pesos en 2017 a 220 pesos en 2018)”, destacó el informe. Algo similar ocurre con las prestaciones de psicoterapia.

Detrás de los números y detalles está la angustia de miles de personas, que en momentos que atraviesan un problema de salud además deben vérselas con un sistema de trámites interminables y respuestas negativas. Una de las salidas, además del reclamo ante los gremios, es realizar reclamos ante la justicia.

Los amparos suelen ser favorables a los afiliados, pero llevan un tiempo que no siempre tienen. Así nació la idea de realizar reclamos en conjuntos, amparos colectivos para grupos que se reúnen con una misma problemáticas. Existen varios grupos de Facebook (“IOMA, amparos, denuncias y reclamos” es uno de los más populares, con cerca de 10 mil miembros) y cadenas de Whatsapp que mantienen a sus miembros informados.

Incluso estos grupos reciben donaciones para solucionar casos urgentes, en especial en medicación. En varias oportunidades, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires le pidió al IOMA que regularice la situación de pagos, para evitar los cortes de servicios, además de garantizar la cobertura en tratamientos y estudios.

“Este panorama tiene como única consecuencia posible, el deterioro de las condiciones sanitarias y económicas de los afiliados y la saturación de los servicios públicos de salud que son quienes deben responder ante los vacíos generados por el IOM”, concluyó por su parte Soberanía Sanitaria.