El Gobierno intentó frenar el paro general con una concesión a medias para la CGT, y fracasó

Anunció la creación de la Agencia Sanitaria, un viejo pedido de la CGT, pero no le dio lugar en el nuevo organismo a la central obrera.

En lo que fue una clara estrategia que no funcionó, y con la idea de intentar desactivar el paro general de la CGT el 10 de abril, el Gobierno nacional anunció la creación de la Agencia Sanitaria, un viejo anhelo de los sindicatos para fortalecer sus obras sociales. Pero poco después de que se conociera la noticia, desde la central obrera ratificaron la medida de fuerza.

“El paro se hace igual”, apuntó un integrante de la mesa chica luego de la reunión de las regionales que se llevó a cabo ayer por la tarde. Incluso en esa cumbre no sólo se avaló el paro, sino que se analizó profundizar la protesta. 

«Para suspenderlo se tienen que cortar los despidos, dejar que las paritarias sean libres y que se lleven adelante políticas económicas que fomenten el empleo», agregó la misma fuente.

Agencia Sanitaria: no está la CGT pero sí Caputo

El detalle extra que le dio nuevo impulso al paro está en la creación de la Agencia Sanitaria: si bien la CGT lleva años pidiendo su creación, en el anuncio que hizo el Gobierno también se informó que la central obrera no está invitada a participar. No habrá representantes de la CGT en el nuevo ente que aprobará o rechazará tratamientos médicos. En cambio, sí tendrá una silla el Ministerio de Economía.

«(La Agencia) es un viejo reclamo de la CGT, y en los años del macrismo lo usaron como moneda de cambio para avanzar en la reforma laboral. Pero en realidad nada de eso pasó», reconoció de la central.

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A la vez, remarcó un punto clave que generó malestar en la calle Azopardo: «Este Gobierno nunca nos consulta, y ahora anunciaron esto pero nos dejaron sin representantes en la comisión que evaluará. No es que íbamos a poner un dirigente, sino un especialista en salud que también diera su opinión. Lamentablemente no nos consultaron nada sobre la implementación».

Por último, consideró que «esta medida tiene que ir acompañada con una canasta prestacional que no sea el PMO (Programa Médico Obligatorio), porque al PMO le fueron agregando cosas que no se condice con los aportes que se reciben».

Cómo funcionará la Agencia

El vocero presidencial y ahora precandidato a legislador porteño, Manuel Adorni, fue quien anunció la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnología Sanitaria (ANEFyTS), que dependerá del Ministerio de Salud y tendrá a su cargo el análisis técnico de medicamentos, tecnologías médicas y equipamiento, antes de su ingreso al sistema financiado con fondos estatales.

Adorni afirmó que la Agencia fue creada «para desregular el sistema sanitario a través de la derogación de normas obsoletas. Su puesta en funcionamiento garantiza que sólo se incorporen al sistema medicamentos y tratamientos que cuenten con el aval científico».

En los hechos, la creación de la nueva agencia sería un mecanismo para retrasar los plazos en que, en ocasiones, las obras sociales y también las empresas de medicina prepaga deben hacerse cargo de tratamientos muy costosos.

Más dilación para los tratamientos

Actualmente el sistema funciona de la siguiente manera: a un paciente le medican un tratamiento que, por ejemplo, está aprobado en otros países pero no en la Argentina, y cuyas dosis se consiguen a costos muy elevados. Cuando va a la entidad de salud a pedir que se lo cubran, la norma es que estas se nieguen ya que no son tratamientos validados a nivel local.

Ante eso, el afiliado debe presentar un amparo judicial y el juez, en la mayoría de los casos, le da la razón a quien cursa la enfermedad y obliga a las entidades a pagar el tratamiento. 

Ahora, con la creación de la ANEFyTS, se agrega en el medio la instancia de aprobación de ese tratamiento por parte de la mencionada Agencia, que determinará la viabilidad o no de lo recetado por el médico.

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Si la Agencia rechaza el pedido del paciente, recién entonces éste podrá ir a la justicia. Y si lo aprueba, la prepaga, o la obra social, sería la que podría iniciar un proceso judicial, con lo cual el tratamiento se demoraría aún más.

Según informó el Gobierno, la comisión que evaluará los tratamientos estará compuesta por cinco miembros, sin lugar para la CGT.

Tanto al presidente como al vice los designará el Ejecutivo nacional, a instancias del Ministerio de Salud. Y los acompañarán cuatro vocales aportados por los siguientes organismos: ANMAT, Consejo Federal de Salud, Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de Argentina y la Secretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Economía.