El Gobierno citó a la UTA a una reunión salarial pero solo «para escuchar» y no intervendrá en negociaciones
El Gobierno citó a la UTA a una reunión salarial pero aclaró que no intervendrá: “Las paritarias son libres”
Luego de que la UTA lo culpara por la situación de «emergencia», el Ejecutivo programó una audiencia con las empresas pero aclaró que su participación será solo como oyente.
Tras las críticas que recibió de la UTA, que lo responsabilizó por la situación de «emergencia» que atraviesa el sector, el Gobierno decidió programar para este miércoles una audiencia salarial entre el gremio y las empresas de transporte para «escuchar sus necesidades», pero aclaró que no participará de la mesa de negociación, ya que «las paritarias son libres».
El Ministerio de Economía fue quien instruyó a la Secretaría de Transporte para que recibiera al sindicato que lidera Roberto Fernández y a los empresarios, luego de que la UTA le pidiera una audiencia al ministro Luis Caputo para reclamarle soluciones a diversas demandas, entre ellas la salarial.
Desde la cartera de Hacienda se informó que «la Secretaría de Transporte de la Nación, conducida por Franco Mogetta, recibió instrucciones» de Caputo «para recibir a los dirigentes gremiales» de los choferes de colectivos y “las cámaras empresarias”.
Pero remarcó «la plena independencia de las negociaciones desarrolladas entre la UTA y los empresarios».
La crítica a «la pasividad» del Gobierno
Fernández le había enviado una carta a Caputo en su rol, explicó, de secretario general de la «organización gremial del transporte de pasajeros que representa a más de cien mil trabajadores en todo el país, de los cuales cuarenta mil están al frente de la conducción de 18.000 micros que operan las 24 horas del día en todo el AMBA».
En la misiva aseguró que «el transporte público está en emergencia, sin capacidad para funcionar según lo establecen las normas que lo regulan; las empresas manifiestan no tener sus costos actualizados, especialmente precio del gasoil y repuestos esenciales para que las unidades estén en condiciones de operar, condición corroborada por las actuales autoridades de Transporte».
Y explicó que «en nuestro caso se debió aplicar la cláusula que prevé el ajuste salarial a diciembre 2023, según los términos del acta homologada por el Ministerio de Trabajo, e iniciar la negociación salarial a partir del primero de enero del presente año», a la vez que apuntó que «el Ministerio de Trabajo conoce perfectamente la cuestión».
Asimismo enfatizó que «la situación debió estar solucionada por las autoridades del Ministerio de Infraestructura, por el ex ministro (Guillermo) Ferraro, a través de la Secretaría de Transporte, pero nada sucedió».
Y agregó que «por el contrario, fue tal la pasividad puesta a disposición de la solución, que hoy pone en riesgo el traslado de millones de personas diarias, especialmente aquellas de bajos recursos que lo utilizan para trasladarse a sus lugares de trabajo».
Qué es lo que pide la UTA
También le advirtió a Caputo que «hoy está bajo su responsabilidad tomar el tema y encarrilar una solución que evite lo que irremediablemente sucederá: la gente no tendrá el medio básico que le permita movilizarse, poniendo en riesgo la paz social».
En tanto, y luego de programar la audiencia, desde el Ministerio de Economía dejaron en claro que «no presenta ni presentará a ninguna autoridad en la mesa de diálogo».
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Eso es porque consideran que «no corresponde la intervención de otro organismo nacional en una discusión entre empleadores y empleados que no sea el ámbito propiciado por la Secretaría de Trabajo».
En la última reunión paritaria, realizada el lunes pasado, la UTA exigió tres condiciones de ajuste en sus salarios para no activar la medida de fuerza. Eso es un salario inicial de $777.700 para enero; un aumento para febrero que permita llegar a $972.125; y una suma no remunerativa de $126.921.
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