El examen para empleados públicos amenaza con romper la paz entre UPCN y el Gobierno

El gremio que lidera Andrés Rodríguez, que viene cultivando una política de diálogo con el Gobierno, rechazó de plano el examen para empleados públicos que comenzaría la semana próxima.

Luego de que el Gobierno nacional confirmó que la próxima semana comenzará a implementar el «examen de idoneidad» para los empleados públicos, la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) rechazó la medida, al considerar que es «un atropello a la dignidad laboral».

Para el titular del gremio y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, «sólo busca humillar a quienes sostienen los servicios esenciales de nuestro país». Además, afirmó que pretende “generar miedo”.

Para fundamentar su “total rechazo”, el dirigente sindical dijo que “no tiene sentido tomar exámenes a compañeros que están trabajando hace diez años en sus puestos de trabajo y desarrollan su tarea con normalidad y pueden ser calificados a partir de esa comprobación”.

Examen para empleados públicos: cómo será

Desde UPCN también se emitió un comunicado de prensa para dejar en claro que las evaluaciones «no cumplen con los estándares de seriedad y planificación necesarios».

En ese sentido plantearon que el denominado Sistema de Evaluación Pública (SEP) no toma en cuenta las especificidades de las funciones laborales, poniendo en riesgo la estabilidad de trabajadores esenciales y profesionales con décadas de experiencia.

Los exámenes alcanzarían a cerca de 58.000 trabajadores estatales con contratos temporales, según estimaciones gremiales. Estos empleados, muchos de los cuales llevan años en sus puestos, deberán someterse a una evaluación obligatoria para conservar su empleo.

Vicentin: denuncian maniobras contables fraudulentas para simular una crisis y despedir personal

«Exigimos la revisión inmediata de ese sistema y la garantía de que las evaluaciones respeten la diversidad de funciones y conocimientos de los trabajadores y trabajadoras, priorizando siempre la igualdad y la transparencia», concluyó UPCN.

Según lo informado desde la Casa Rosada, el examen se realizará de manera presencial y estará dirigido a los empleados temporales cuyas contrataciones finalizan a fin de año. 

La evaluación será de una hora, con entre 20 y 24 preguntas de opción múltiple, y se llevará a cabo en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. 

Aprobar no garantiza nada

Si bien la prueba es obligatoria, no garantiza la renovación del contrato, ya que cada área evaluará, de manera independiente, las necesidades de su personal.

Habrá tres excepciones importantes: empleados de planta permanente, aquellos que vivan en el interior del país y las personas con discapacidad. En el caso de los trabajadores que residen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el examen será presencial, pero se evalúa la posibilidad de extender la prueba a otras ubicaciones, como Tecnópolis. 

Ante una CGT que cede, los empresarios le insisten al Gobierno con «la industria del juicio»

Además, cada empleado tendrá tres oportunidades anuales para aprobar el examen de idoneidad. En cuanto a la modalidad, un sistema informatizado corregirá automáticamente las respuestas entregadas y en la nómina final solo se registrará la aprobación o no de la prueba.

El inicio de estos exámenes fue anunciado por el Gobierno en el contexto de un proceso de ajuste fiscal y reestructuración administrativa más profundo que el que ya se aplicó en 2024, y con funcionarios del Ejecutivo -desde el propio presidente Javier Milei- anticipando que habrá más despidos, con lo cual no parece desacertado el punto de vista sindical de que los tests pasan, más que nada, por tener un argumento para dejar a más gente sin empleo.