sábado 11 de julio de 2020
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Dirigentes políticos, sindicales y sociales le piden a Alberto transformar a Vicentín en “empresa pública no estatal”

La firma, que integra el ranking de las diez agroexportadoras más importantes del país, entró en cesación de pagos el 5 de diciembre último. Están en peligro 7.000 puestos de trabajo. De esa manera, además piden «una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria».

Dirigentes políticos, sindicales y sociales solicitaron que la agroexportadora Vicentín sea declarada «empresa pública no estatal» para evitar «una mayor concentración y extranjerización del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria». Esto sucedió días después de que se revelara la impactante cantidad de acreedores de la compañía.

La firma, que integra el ranking de las diez agroexportadoras más importantes del país, entró en cesación de pagos el 5 de diciembre último, cuando no pudo hacer frente a obligaciones por cerca de u$s1.350 millones, de los cuales una gran parte corresponde a créditos otorgados por la banca pública.

«Consideramos imprescindible y urgente que el gobierno tome control de la situación y, utilizando las herramientas del Estado, intervenga urgentemente sobre un concurso que está apañando un fraude y promueva una alternativa para el futuro del Grupo Vicentín, que tome en cuenta los verdaderos intereses del país y la comunidad», manifestaron los firmantes de una declaración conjunta dirigida al Gobierno nacional.

En ese sentido, manifestaron que resultaría «insensato ceder una empresa estratégica como Vicentín a grupos y lobbies cuyas maniobras no garantizarán en lo más mínimo convertirla en una empresa argentina».

«El gobierno nacional no debería permitir que la misma caiga en manos de actores que, con otro nombre, mantendrían y profundizarían el mismo comportamiento contrario a los intereses nacionales», aseguraron a través de una carta abierta.

Propusieron entonces que el Gobierno impulse las medidas necesarias «para transformar a Vicentín en una empresa pública no estatal bajo control político y social» a la vez que solicitaron una urgente entrevista con el presidente Alberto Fernandez.

Entre los firmantes del documento figuran Claudio Lozano, Pedro Peretti, Mempo Giardinelli, Carlos del Frade, Fernando «Pino» Solanas, Victoria Donda, Horacio González, Alcira Argumedo, Juan Grabois, Maristella Svampa, Damaris Pacchiotti, Itaí Hagman, Agustina Donnet, Juan Carlos Alderete, Caren Tepp, Jorge Bernetti, Letizia Quagliaro, Rubén Giustiniani, Ana Galmarini, Juan Monteverde, Víctor de Gennaro, Leonardo Grosso, Daniel Menéndez y Omar Príncipe (ex pte de FAA), entre otros.

La empresa Vicentín solicitó a principios de febrero la apertura de su concurso preventivo de acreedores ante la justicia de Santa Fe y por estos días se debate el futuro de la compañía, de la cual, se calcula, dependen unos 7 mil empleos en forma directa.

Información sobre el caso

A medidados del mes pasado, la Justicia de Santa Fe informó que habilitaría una página web con información sobre la causa que se tramita en Reconquista por el concurso de acreedores de la firma Vicentín, entre la que destaca la lista de 2.700 personas o empresas que se presentaron para cobrar.

El juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, les adelantó la medida a ocho diputados provinciales que integran la Comisión de Seguimiento e Información del Caso Vicentín, que viajaron en ese momento a Reconquista y Avellaneda para cumplir una serie de actividades.

Ocho de los doce legisladores que investigan el concurso de acreedores se entrevistaron con el juez Lorenzini, quien entre otras medidas les anunció que «para que haya transparencia en la causa» publicará información en una página web.

La principal preocupación, tanto de los integrantes de la comisión como de los representantes de los trabajadores, es preservar los 7.000 puestos que dependen de las distintas empresas controladas por Vicentín en toda la provincia de Santa Fe.

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