Denunciaron a dirigentes del Polo Obrero por quedarse con una parte del Potenciar Trabajo

El legislador porteño Gabriel Solano y el líder de la organización piquetera, Eduardo Belliboni, fueron acusados por extorsión y amenazas.

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció al legislador porteño y dirigente del Polo Obrero (PO), Gabriel Solano, y al líder de la organización piquetera, Eduardo Belliboni, por los presuntos delitos de amenaza y extorsión.

La razón es que «obligaban a las personas que reciben el subsidio Potenciar Trabajo a hacer un aporte mensual» del 2% de los haberes otorgados por parte del ministerio de Desarrollo Social.

En los fundamentos, el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 9 reproduce las declaraciones periodísticas del propio Solano, quien aseguró que «en el Polo Obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan».

Como justificativo para eso, había explicado que «ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. Por ejemplo, el alquiler de los comedores y merenderos, y el gasto logístico y de transporte de la mercadería. El Potenciar Trabajo son $19.000, estamos hablando de $380».

Y horas después de ese reconocimiento Belliboni también confirmó el hecho, señalando que se trata de «un aporte voluntario votado en las asambleas», y que en esas mismas reuniones «se rinde cuentas sistemáticamente sobre los ingresos y gastos y se aprueba colectivamente el destino de los recursos».

Polo Obrero: la cifra millonaria que se habría retenido

El PO tiene unos 60.000 afiliados que son beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. Si a cada uno se le retiene la suma de $380 el saldo sería de unos $22.800.000 mensuales. Y la cifra anualizada ascendería a $273.600.000.

Para Marijuan,  las circunstancias «fácticas» descriptas son suficientes para entender que «existen elementos de entidad suficientes para formular la correspondiente denuncia penal en orden a la presunta comisión de los delitos previstos y reprimidos en los artículos 149 bis y 168».

Y agregó que eso es «sin perjuicio de que el avance de la pesquisa permita encuadrar las conductas ilícitas en otros tipos penales».

El primer artículo citado por el fiscal corresponde al delito de «amenazas», que es reprimido con una pena de seis meses a dos años de prisión. Mientras que el segundo corresponde al delito de «extorsión», cuya pena es de reclusión o prisión de cinco a diez años.

En su presentación judicial, Marijuan asegura que hay motivos suficientes para investigar «las presuntas conductas delictuales en que podrían estar incurriendo Gabriel Solano y Eduardo Belliboni, sin perjuicio de la complicidad o participación de otros individuos».

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Y solicitó que «se libre oficio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y al Ministerio de Desarrollo Social, ambos de la Nación, para que informe qué cantidad de planes de inserción laboral, denominado Potenciar Trabajo, fueron otorgados a personas vinculadas al Partido Obrero, desde su creación en el año 2020».

También pidió que se haga saber «si en tales organismos estatales se registran denuncias por pedidos de dinero a los beneficiarios de este plan a cambio de su otorgamiento, y en su caso, si se labraron expedientes administrativos o si se efectuaron las correspondientes denuncias en sede judicial».

Un informe clave del Ministerio de Desarrollo Social

Por último, le reclamó a los «gobernadores de todas las provincias del país, como así también a los Intendentes de cada municipio de la provincia de Buenos Aires, que informen si han recibido denuncias, a través de sus órganos de gobierno, en orden a los hechos ilícitos aquí develados».

Según un informe del Ministerio de Desarrollo Social publicado por Infobae, «unos 7.000 inscriptos al Potenciar Trabajo manifestaron situaciones de maltrato, irregularidades con las tareas a realizar exigencia de cobro de una cuota o aportes, amenazas de bajas y obligación de ir a marchas o movilizaciones».

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De ese total, unas 900 personas «manifestaron recibir algún tipo de amenazas» y más de 3.000 expresaron la exigencia de «un bono o cuota en función de aporte a la organización».

Además, 1.400 señalaron «presión para asistir a marchas o movilizaciones» y alrededor de 1.700 titulares del programa Potenciar Trabajo describieron «maltratos por parte del referente o de la organización al solicitar el cambio de la Unidad de Gestión».

Por su parte, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof decidió abrir una línea telefónica de reclamo para denunciar este tipo de prácticas.