Denuncia de los sindicatos en la CIDH: qué respondió el Gobierno ante el organismo internacional
Denuncia de los sindicatos en la CIDH: qué respondió el Gobierno ante el organismo internacional.
Dirigentes del FreSU, periodistas y el CELS expusieron ante la CIDH por la persecución a organizaciones gremiales.
Una delegación argentina integrada por representantes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunció formalmente al Gobierno de Javier Milei ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por desplegar una política de persecución e intimidación hacia las organizaciones y dirigentes sindicales.
La exposición tuvo lugar en Washington, Estados Unidos, en el marco del 196º Período de Sesiones Ordinarias de la CIDH.
El gobierno cumplió con la exigencia de responder a la denuncia pero sin hacer referencia a ninguno de los planteos.
Lo hizo a través de la directora de Relaciones Nacionales e Internacionales del Ministerio de Capital Humano, Mariana Pérez Espinosa, quien por vía remota leyó un texto que no hizo mención a los cuestionamientos y simplemente justificó la reforma laboral en la necesidad de aumentar la productividad de los trabajadores.
Por su parte, la abogada Mariana Amartino, en representación del colectivo de organizaciones solicitantes, requirió formalmente a la CIDH que emita un pronunciamiento exhortando al Estado argentino a cumplir sus compromisos internacionales y que remita dicha comunicación a los tribunales argentinos como criterio de interpretación.
El FreSU en la CIDH
La audiencia fue solicitada por el FreSU, el Sipreba y el CELS, y la delegación sindical advirtió que las modificaciones impuetas por la reforma laboral de Milei implican “un retroceso de la legislación laboral al siglo XIX” que ataca directamente la jornada de 8 horas, restringe el derecho a huelga y promueve salarios más bajos.
“El espíritu de esta reforma es beneficiar sólo a los empresarios y aumentar sus márgenes de rentabilidad a partir de una mayor explotación”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien expuso en representación del FreSU.
“Aquello que sostuvo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre que el trabajo no es una mercancía se transformó en letra muerta. Con esta reforma, estamos frente a un régimen de compraventa de la fuerza de trabajo. Enfrentamos un ataque al estado de derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos”, remarcó Aguiar ante los comisionados.
La advertencia de los periodistas
Por parte del Sipreba, el secretario adjunto del gremio de los periodistas, Francisco Rabini, advirtió que la derogación del Estatuto del Periodista Profesional que resuelve la reforma laboral busca “lesionar la libertad sindical, debilitar los convenios y facilitar el despido de delegados para desarticular la organización colectiva”.
«Un periodista precarizado es un periodista silenciable», enfatizó Rabini.
Dijo, asimismo, que la derogación del Estatuto «afecta el derecho de los trabajadores de prensa y su estabilidad laboral y, por lo tanto, el derecho a la información de la ciudadanía». También destacó el «ensañamiento del oficialismo con los trabajadores de prensa que, más allá de los recurrentes ataques verbales, llegó al punto más alto con el intento de asesinato del fotoperiodista Pablo Grillo«.
Biró y la persecución
Durante los alegatos referidos a la ofensiva oficial contra la actividad gremial, las organizaciones señalaron como máxima gravedad la reciente intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el uso de recursos públicos para hostigar a referentes del sector.
En esa línea, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, se refirió a la embestida judicial y mediática en su contra.
“El Estado me ha iniciado una persecución mediática, gremial, jurídica y personal. Se trata de una campaña abierta de difamación utilizando la aplicación Mi Argentina o las carteleras de las estaciones terminales. Usaron todos los recursos del Estado, me imputaron delitos penales y tuve que presentar un habeas corpus preventivo”, contó.
Biró también recordó las sanciones económicas y acciones judiciales impulsadas desde la administración nacional contra gremios como el ferroviario La Fraternidad, los colectiveros de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) y el de trabajadores del Subte.
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A su turno, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, centró su intervención en el impacto distributivo y de género.
Indicó que la desregulación de tarifas y servicios produjo una caída salarial que impacta de manera asimétrica sobre las trabajadoras: “Estamos viviendo una brutal disputa por el tiempo. La reforma laboral instala un banco de horas flexible que borra los límites entre lo personal y lo laboral, obligando a recurrir a varios empleos para poder sostener la vida”, afirmó.
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