Un abogado cercano a Jorge Macri criticó el proyecto de reforma laboral.
Un abogado laboralista cercano a Jorge Macri y María Eugenia Vidal redactó un documento que cuestiona varios puntos de la reforma laboral.
Las críticas a la reforma laboral no son potestad exclusiva de la CGT, las CTA o el peronismo. Sectores del PRO también criticaron la iniciativa flexibilizadora que el Gobierno quiere llevar adelante, y Juan Pablo Chiesa, un abogado laboralilsta que fue candidato a legislador porteño por el partido de Mauricio Macri elaboró un documento que circula entre los diputados y senadores amarillos, que cuestiona fuertemente algunos puntos del proeycto.
El abogado, de buen vínculo con Jorge Macri y María Eugenia Vidal, habló de los efectos de modificaciones sensibles en aspectos clave como vacaciones, jornada e indemnizaciones.
Si bien el enfoque oficial plantea que las reformas buscan modernizar las reglas del trabajo, Chiesa planteó que sin mecanismos sólidos de protección y creación de empleo genuino podría terminar erosionando derechos y el “contrato social” entre trabajadores y empleadores.
Según su visión, Argentina arrastra una realidad laboral compleja donde las normas actuales “corren detrás de los cambios en el mundo del trabajo”. Por eso, «si bien la reforma es vista como necesaria, no puede reducirse a una mera reducción de costos», porque eso “no crea empleo sino que redistribuye miedo”, reflexionó.
Reforma laboral: ¿quién decide las vacaciones?
El proyecto mantiene el período tradicional de vacaciones, pero habilita la posibilidad de fraccionarlas en tramos (mínimo de 7 días) e incluso otorgarlas en cualquier momento del año y no, como es tradicional, en los meses de erano
Esto, para Chiesa, podría favorecer a sectores cuya producción tiene una estacionalidad determinada, y también a preferencias de los trabajadores.
Sin embargo, advirtió acerca de la probabilidad cierta de que -como también es habitual- sea el empleador y no el trabajador el que decida cómo se otorgan las vacaciones, y dijo que si la flexibilidad queda en manos exclusivas del empleador, puede afectar la salud y productividad laboral.
En cuanto a las indemnizaciones, el proyecto de ley del Gobierno sostiene el esquema tradicional de un mes por año trabajado pero las reduce al excluir componentes como aguinaldo y vacaciones y establecer topes.
A estos cambios se le suma uno o más polémico que es el de la posibilidad de sustituir indemnizaciones por un fondo de cese laboral que, de acuerdo con la mirada del abogado del PRO, puede generar desconfianza si no se acompaña de certezas y garantías claras, algo que, de hecho, la ley no expresa.
Indemnizaciones sin garantía
En relación a los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el texto habla de un financiamiento de
aportes obligatorios a administradores privados, para cubrir obligaciones por extinción de contratos, a la manera de las viejas AFJP. Pero igual que ocurría con estas, no garantiza que la administración e inversión de esos aportes terminen rindiendo lo indispensable para cubrir una indemnización, y a esto se refiere Chiesa.
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A la vez, el sistema ofrece incentivos fiscales (reducción de contribuciones patronales) para empleadores que opten por el régimen. Aunque Chiesa reconoce la lógica financiera detrás de la idea, advierte que su ejecución y gobernanza serán cruciales para evitar que se transforme en una herramienta de desprotección.
Otro punto de fondo según la mirada del abogado es que hay dos conceptos que no pueden contraponerse. “Modernizar no debe significar destruir”, sostuvo. Y mencionó que el verdadero desafío es que la reforma fortalezca el empleo formal, atraiga inversión y ordene conflictos laborales sin perjudicar a la parte más vulnerable.
«Si el mensaje social que se transmite es que despedir es más barato, no hay futuro: podría generar un clima de desconfianza que termine impactando negativamente en todo el mercado laboral”, concluyó en su análisis que ya circuló en los despachos principales de los legisladores nacionales amarillos.
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