La CGT rechazó «la absurda calificación jurídica» contra Cristina Kirchner y apuntó a los jueces
En un comunicado, la central obrera pidió que «se haga Justicia» y reclamó que se desestime la imputación a la Vicepresidenta.
Por medio de un comunicado de prensa, la CGT rechazó este lunes «la absurda calificación jurídica» contra Cristina Kirchner, a quien en el marco de la causa Vialidad se le imputa la coautoría de los delitos de asociación ilícita, agravada por su calidad de jefe, y administración fraudulenta agravada, por la cual el fiscal Diego Luciani pidió hoy 12 años de prisión de pena para la Vicepresidenta.
Desde la central obrera no dudaron en afirmar que «un Gobierno nacional electo democráticamente no puede considerarse una asociación ilícita», además de apuntar que «no hay una sola prueba material que relacione a Cristina Fernández de Kirchner».
Por eso consideraron que «el show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la ex Presidenta y de todo el peronismo».
En el texto, que lleva la firma del Consejo Directivo, se insiste en remarcar que «los actos de gobierno a cargo de la máxima autoridad de la Nación realizados por el mandato popular no pueden constituir el vínculo que soporte un agravante para la calificación de una acusación sin sustento».
También se aclara que no hay pruebas que relacionen a Cristina Kirchner «con el direccionamiento amañado de la obra pública, ni con ningún otro delito». En ese sentido es que terminaron reclamando que «se haga justicia», y pidiéndoles a los jueces que «desestimen la antojadiza acusación».
La CTA de Hugo Yasky sumó su repudio
Por su parte, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) que conduce Hugo Yasky también repudió lo que consideraron una acción «de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tendiente a proscribir a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, mediante una burda acusación de asociación ilícita».
Y remarcaron, en la misma línea que la CGT, que «no hay una sola prueba que les permita sostener esta patraña de ´fraude contra el Estado´ perpetrado por una pretendida ´asociación ilícita´ que, tanto Cristina en su carácter de Presidenta de la Nación, como Néstor, Julio De Vido y otros habrían integrado para ´sustraer fondos del Estado en beneficio particular´”.
Asimismo, definieron a la causa como «la punta de lanza de toda una ofensiva gorila y antipopular que es alentada por los grandes grupos económicos y el conjunto del poder fáctico».
Y advirtieron que no dudarán en «volcarse a las calles para acompañar a la vicepresidenta de la Nación en caso de que este proceso proscriptivo siguiera su curso y atentara contra la libertad de Cristina».
Mientras tanto, en lo que hoy es la novena y última audiencia del juicio, el fiscal federal Sergio Mola dijo que el fraude contra el estado en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez fue de 5.321 millones de pesos, que equivalen a 926 millones de dólares.
Y pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos.
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Lo que es un hecho es que se solicitará que no pueda ejercer más cargos públicos, porque esa pena está prevista para el fraude en perjuicio de la administración pública.
Este lunes Cristina Kichner no estuvo presente ya que fue autorizada por el Tribunal Oral Federal 2 a no estar en la etapa de alegatos por sus funciones institucionales como vicepresidenta.
Cristina Kirchner hablará mañana ante el tribunal
Sin embargo, utilizó su cuenta de Twitter para informar que solicitó hablar mañana ante el Tribunal y, también, para apuntar contra los fiscales que hoy pedirán su condena.
«He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto», expresó la ex mandataria.
En el mismo mensaje sostuvo que «ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas».
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Cristina Kirchner realizó su declaración indagatoria en este juicio el 2 de diciembre de 2019, y fue la última de los 13 imputados en cumplir con esta instancia ante el Tribunal integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
Con su exposición, en la que sostuvo que la historia ya la había absuelto y que quienes deberían dar explicaciones eran los magistrados, se concluyeron las indagatorias en este juicio por el presunto direccionamiento en la obra pública vial en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez.
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