Ley de Financiamiento Universitario: se confirmó la marcha al Congreso.
Sin nuevos argumentos, el Gobierno volvió a incumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Cuándo es la movilización nacional.
Los gremios docentes universitarios preparan una movilización al Congreso de la Nación tras la decisión del Gobierno de Javier Milei de apelar el fallo que -una vez más- le ordenó cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario , con el martes 6 de octubre como último plazo para empezar a respetarla.
La marcha universitaria será el próximo jueves 15 de octubre y estará acompañada por movilizaciones en todo el país.
La Ley de Financiamiento Universitario que ningún poder defiende
Para los docentes, esperar que se cumpliera el plazo dispuesto por el juez Martín Cormick -originalmente, hasta el 29 de septiembre pero luego prorrogado- no fue más que una formalidad.
Había una convicción plena de que el Gobierno iba a seguir sin respetar la ley, algo que finalmente se confirmó este miércoles. De hecho, ya ayer los rectores integrados en el Consejo Interuniversitario Nacional decidieron ir este miércoles a las 14.30 a las puertas de la Casa Rosada para reclamar una explicación que Milei ya decidió no dar.
“El Gobierno tomó una decisión política que es desobedecer lo que el Poder Legislativo hizo”, señaló Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA.
El dirigente gremial remarcó que la Justicia consideró constitucional la ley y objetó el mecanismo mediante el cual se frenó su aplicación.
“Plata hay. Lo que no está claro son las prioridades que tiene el Gobierno para administrar esa plata”, dijo.
La trampa del presupuesto
La disputa abarca la actualización de salarios, becas estudiantiles y gastos de funcionamiento.
La posición que defiende el Gobierno es que la norma implica gastos que no fueron previstos en el presupuesto y que el Congreso debería indicar la fuente de los fondos. ¿Cuál es la trampa? Que ese presupuesto -el vigente actualmente- fue proyectado por el propio Poder Ejecutivo cuando la Ley de Financiamiento Universitaria ya había sido sancionada; debió haber previsto cómo costearla.
Frente a al argumento presupuestario, además, Cagnacci recordó que la Jefatura de Gabinete puede reasignar partidas cuando una ley genera nuevas obligaciones.
Cagnacci precisó además que Milei no solo no cumplió la ley sino tampoco el acuerdo paritario firmado el 10 de junio entre el Gobierno Nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las federaciones gremiales, que la propia Secretaría de Educación usó como argumento para no dar los aumentos de la Ley de Financiamiento antes del fallo de Cormick.
El entendimiento contemplaba una recomposición salarial de 24,3% en dos tramos. Además, incluía un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y una partida extra de $50.000 millones para los hospitales universitarios.
“El Gobierno nacional firmó ese acuerdo y no lo cumplió”, afirmó el docente.
¿Cuánto gana un docente universitario?
Según los datos aportados por el dirigente, únicamente los profesores titulares con dedicación exclusiva supera la canasta básica de pobreza, mientras que un jefe de trabajos prácticos con diez años de antigüedad -que representa el ingreso promedio en la Universidad de Buenos Aires (UBA)– percibe menos de $500.000 netos.
Cagnacci indicó además que un médico residente del Hospital de Clínicas cobra $1.200.000 netos y que el personal administrativo no docente en su categoría inicial recibe alrededor de $800.000. También cuestionó el valor de la beca Progresar, fijada en $35.000 antes de descuentos para estudiantes que necesitan apoyo económico.
Exenciones millonarias y universidades pobres
El dirigente de la asociación docente de la UBA comparó los escasos recursos destinados a los hospitales universitarios con otras decisiones fiscales.
Señaló, por caso, que el Congreso aprobó una partida de $80.000 millones para todos esos centros del país, poco más de la mitad de lo que el Gobierno decidió gastar en una exención impositiva a una sola empresa, que fueron $140.000 millones.
También se refirió a la baja temporal de retenciones al sector agropecuario y sostuvo que el Estado dejó de recaudar entre US$ 1.600 millones y US$ 1.800 millones en cuatro días. Cagnacci remarcó esa cifra equivale a un presupuesto anual completo de la UBA.
El proyecto presupuestario del Gobierno para 2027 prevé una inversión equivalente al 0,53% del PBI para las universidades -el nivel más bajo desde 2001- y no considera cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, a menos que el proyecto oficial sea modificado durante su debate en el Congreso.
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