Hidrovía: denuncian a Santiago y Luis Caputo de favorecer a la empresa extranjera que ganará la licitación
Hidrovía: denuncian a Santiago y Luis Caputo de favorecer a la empresa extranjera que ganará la licitación.
Según la denuncia, Luis y Santiago Caputo habrían digitado el proceso para que sólo pudiera ganar la firma belga que draga el río desde hace 30 años.
Tras el rechazo judicial a los planteos de la diputada Marcela Pagano y la ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad para frenar la licitación de la hidrovía del Río Panamá, surgió una nueva denuncia que, en este caso, vincula al Gobierno nacional con otro hecho de corrupción, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial Santiago Caputo como acusados de favorecer a una empresa extranjera.
La semana pasada se abrieron los sobres con las dos ofertas para la privatización de la hidrovía a pesar del rechazo de los gremios marítimos. La apertura no trajo sorpresas, ya que la ganadora cuando se oficialice el cierre de la etapa de impugnaciones será la empresa belga Jan de Nul, que viene dragando el río desde hace 30 años y lo hará, al parecer, por otros 25.
Antes de la adjudicación formal llegó la denuncia, que asegura que la licitación fue digitada para que sólo pudiese ganarla ese oferente, sospechado de tener vinculaciones con el Grupo Neuss y, especialmente, con Santiago Caputo.
Los dos Caputo y otros
La denuncia penal vino de parte de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, que tiene como nombre visible al periodista Fernando Míguez.
Esta denuncia se suma a un informe negativo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que apunta a que se investigue una presunta maniobra de direccionamiento en la licitación de la hidrovía que, según se sostiene, habría sido hecha a medida de Jan de Nul.
La presentación judicial apunta a los dos Caputo, Iñaki Arreseygor, y el Grupo Neuss, sindicándolos como socios en las sombras de la firma belga.
En este caso, el de la Hidrovía Paraná-Paraguay, se trata de quedarse con el manejo del cauce por el que navega, y paga peaje, cerca del 80% del comercio exterior argentino, el 90% del paraguayo, y el 6% del brasilero.
La licitación para dragar el principal curso de agua de la Cuenca del Plata, la quinta del mundo en extensión y la más importante de la Argentina, vuelve a poner en debate no sólo quién administra el principal corredor exportador del país, sino también quien se queda con la renta que navega por sus aguas.
El pliego de la nueva concesión de la hidrovía, prevista por 25 años, proyecta –según el Ejecutivo nacional– inversiones por más de 10 mil millones de dólares para obras de dragado, mantenimiento y señalización, y una profundización del calado del río, que permitiría ingresar por el Paraná barcos de mayor porte.
Cómo fue la maniobra denunciada
El consorcio que quedó a las puertas de la adjudicación está integrado por Jan de Nul y Servimagnus, empresa vinculada al grupo empresario de Ricardo Román y su hijo Leonardo Román.
La ventaja más fuerte obtenida sobre su competidora DEME fue en la evaluación técnica, ya que la ganadora realiza el trabajo desde los años 90, cuando el menemismo privatizó el trabajo. Es precisamente allí donde se concentran los cuestionamientos.
El Gobierno ya había dejado afuera de la licitación a las empresas públicas, lo que significó sacar del juego a CCCC, la estatal china que opera el río Yangtze Kiang, el único en el mundo –junto al Misisipi, en Estados Unidos, operado por el Ejército norteamericano– de una extensión similar al de la vía navegable argentina.
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En principio, la PIA, que ya había intervenido en procesos anteriores vinculados a la concesión, emitió un dictamen en el que advirtió que del expediente “surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos”, con posibles consecuencias “administrativas y/o penales”.
Entre las observaciones aparecen el diseño del sistema de evaluación, la redacción de cláusulas anticorrupción, las condiciones de cesión del contrato y la falta de estudios de impacto ambiental.
Ahora, la nueva denuncia penal va un paso más allá: según la presentación de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, el esquema se armó para favorecer a un único operador y permitir luego el ingreso de terceros actores empresariales mediante subcontrataciones.
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