Reforma laboral: Comodoro Py escuchó los pedidos de la Sociedad Rural

Se ordenó que la cautelar de la CGT por la reforma laboral pase al fuero Contencioso Administrativo, como había planteado la entidad agropecuaria.

Con una presentación en la que solicitó intervenir como tercero en la causa que inició la CGT contrala reforma laboral, la Sociedad Rural Argentina (SRA) expuso su preocupación ante la posibilidad de que la Justicia termine fallando en contra del Gobierno, pese a que actualmente la reforma está vigente y la cautelar solicitada por la CGT fue frenada en un polémico fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Para la principal organización empresarial del agro, si se frenara la ley se afectarían la previsibilidad jurídica, el empleo, los costos productivos y el funcionamiento de las actividades económicas del sector agropecuario argentino.

Qué pasa con la cautelar

El argumento de la SRA plantea que el régimen laboral actual es obsoleto y que la litigiosidad laboral ha perjudicado la contratación de personal, y sostiene que estas normativas han llevado al cierre de unidades productivas.

Además, la entidad agropecuaria destacó que una ley sancionada por el Congreso de la Nación no debía ser tratada por la Justicia Nacional del Trabajo, respaldando, de esta manera, la postura del Estado Nacional en relación a tratar esta tipo de causas en el fuero Contencioso Administrativo Federal.

Horas después de la presntación judicial, Comodoro Py pareció responder al requerimiento de la Sociedad Rural al ordenar, a través de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que el expediente que lleva más de un mes en el fuero laboral -donde presentó la cautelar la CGT– pase al Contencioso Administrativo Federal.

Más allá de los argumentos teóricos y formales para defender la ley, la Sociedad Rural cuestionó la medida cautelar impulsada por la CGT, que hoy está en un limbo: vigente pero sin efecto, a partir de que los jueces María Dora González y el cuestionado Víctor Pesino revocaron el efecto suspensivo.

Al margen de jurisprudencias, la SRA consideró que la cautelar implica una alteración del principio de división de poderes. Para la entidad, la decisión judicial deja sin efecto una norma que ya contó con el aval del Congreso.

Para la SRA, la reforma laboral viene a mejorar todo

La Sociedad Rural, por otra parte, defendió los postulados de la reforma laboral señalando que, desde su punto de vista, busca “promover el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad”.

Y remarcó que estas modificaciones no implican menos derechos para los trabajadores, sino que representan una actualización necesaria frente a la realidad del mercado de trabajo actual.

Según la presentación, la «modernización de las normas» permitiría reducir la informalidad laboral al simplificar los procesos de contratación para los productores.

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La entidad sostiene que la reforma es una herramienta clave para revertir el estancamiento en la generación de empleo registrado en el sector privado, que no crece desde hace más de una década.

Con esta movida judicial, la SRA busca que la Justicia valide definitivamente la ley «para que los productores puedan contar con un marco normativo» que, según sus palabras, «brinde seguridad jurídica y previsibilidad» para el crecimiento de la actividad agropecuaria.

Respuesta de la UATRE

Desde la perspectiva de los gremios rurales, fundamentalmente la UATRE de José Voytenco, la intervención de la SRA no es una sorpresa, pero sí una confirmación del proyecto de país que impulsa el sector agroexportador.

Precisamente, los representantes de los trabajadores rurales denuncian que lo que la SRA llama «modernización» es, en realidad, un retroceso hacia «condiciones de explotación que el Estatuto del Peón Rural, impulsado por Juan Domingo Perón, vino a erradicar hace décadas».

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El punto de mayor fricción radica en la eliminación de las multas por falta de registro laboral o empleo en negro.

Mientras la SRA dice que esto dará «previsibilidad» a las empresas, los sindicatos advierten que se trata de una amnistía para el trabajo ilegal en un sector que, históricamente, registra los niveles de informalidad más altos de la economía.

«No buscan generar empleo de calidad, buscan que el empleo no registrado no tenga costo ni castigo», señalaron fuentes gremiales vinculadas a la actividad agroindustrial.