Universidades: el Gobierno sigue sin cumplir la ley y otorgó un aumento equivalente a la mitad de la inflación
La suba para docentes y no docentes de universidades fue fijada en 1,7% para abril. El último incremento del IPC informado por el INDEC fue del 3,4%.
Mientras activa todos los mecanismos posibles para seguir incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario -recurso ante la Cámara Federal, apelación a la Corte Suprema, intento de derogarla y sancionar una nueva ley el Congreso-, el Gobierno nacional sumó una provocación a los docentes de las universidades nacionales al disponer por decreto un aumento salarial para abril de 2026 equivalente a la mitad de la inflación registrada por el INDEC en marzo.
El aumento resuelto de manera unilateral y sin convocar a paritarias -otro reclamo de los docentes- es del 1,7% para los sueldos de este mes y fue comunicado a todas las universidades del país través de un instructivo de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Alcanza tanto a trabajadores no docentes, como docentes.
Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resaltaron que se trata de una decisión adoptada sin respetar la mesa paritaria y “muy por debajo del índice inflacionario”.
En tanto, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales recordó que “se encuentra vencida e incumplida” por parte del Poder Ejecutivo la orden de respetar las normas establecidas por la Ley de Financiamiento Universitario.
La estrategia judicial
La noticia se da en un contexto marcado especialmente por el hecho de que el Gobierno continúa infringiendo la ley aprobada seis veces en el Congreso, sin que por ahora haya habido una reacción de la Justicia pese a que el último fallo lo obligaba a actualizar salarios y montos de mantenimiento el último viernes 17 de abril como plazo definitivo.
La ley establece la obligación del Poder Ejecutivo de convocar a la negociación paritaria, recomponer los salarios y garantizar actualizaciones periódicas acordes a la inflación.

A pocas horas de vencer el plazo legal para transferir $2,5 billones a las universidades, este viernes la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar la aplicación de la ley.
Lo hizo a pesar de que la Justicia ya ordenó en dos instancias su cumplimiento “inmediato”. En los hechos, la presentación implica una nueva dilación tanto de la transferencia de fondos, como de la recomposición salarial.
Al recurso no se le dio, al menos por ahora, efecto suspensivo, es decir que el Gobierno igual debería de haber pagado, pero no lo hizo.
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La apuesta pasa por no transferir fondos a las casas de estudio hasta que se expida el máximo tribunal de Justicia, porque, argumentan, la normativa que se sancionó es inconstitucional «al no determinar de dónde salen los recursos» para solventar a las universidades.
Ese argumento fue considerado «absurdo por la Cámara en lo Contencioso Administrativo y ahora se espera la resolución del máximo tribunal.
Universidades como en 2002
De acuerdo con lo denunciado por los gremios, la pérdida salarial acumula 17 meses consecutivos: sólo en 2025 la caída fue de 35 puntos, mientras que en 2024, con una inflación del 118%, no hubo aumentos. En términos acumulados, el retroceso alcanza los 141 puntos, llevando el poder adquisitivo a niveles similares a los de 2002.
El ajuste presupuestario también afecta el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, los fondos destinados a gastos operativos registran un recorte cercano al 45% en los últimos dos años, lo que limita actividades académicas, de investigación y extensión en todo el país.
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Frente a este escenario, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales exigió la convocatoria urgente a paritarias y el cumplimiento integral de la ley. “Si no hay convocatoria continúa el deterioro salarial en todo el sistema universitario”, señalaron. En la misma línea, FATUN reclamó paritarias libres y el respeto de la normativa vigente.
Asimismo, rectores, gremios docentes, no docentes y estudiantes ya anticiparon una nueva marcha federal para visibilizar el conflicto, en defensa de la universidad pública argentina. La fecha se definirá en los próximos días.




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