El Gobierno desactivó el paro de colectivos en el AMBA y enseguida abrió otro foco de conflicto
Una promesa y una fuerte amenaza: así desactivó el Gobierno el paro de colectivos en el AMBA
Luego de frenar al paro de colectivos con el anuncio de que hoy pagaría una parte de la deuda por subsidios, dispuso reducir los aportes mensuales a las empresas.
Para frenar el paro de colectivos que la UTA tenía previsto llevar adelante este viernes en el AMBA, el Gobierno recurrió a una promesa y, también, a una fuerte amenaza, al advertirles a las empresas que serán inhabilitadas si llegan a suspender los servicios. De esta manera, el Ejecutivo de Javier Milei continúa mostrando su clara postura de arremeter contra el derecho a la huelga.
Este jueves el gremio que conduce Roberto Fernández había anunciado que llevaría a cabo la medida de fuerza en reclamo de los $50.278 millones que el Gobierno les debe a las empresas en concepto de subsidios.
Frente a eso, desde la Casa Rosada se convocó el jueves por la tarde a una reunión a los empresarios de las líneas de colectivos que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, a quienes se les prometió cancelar una parte de la deuda.
Además, desde la Secretaría de Transporte aclararon «el esquema de pagos para lo que resta del mes, para que las empresas tengan previsibilidad».
Una paz efímera
Claro que la paz duró menos de un día. Esta mañana, en su habitual ronda de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que «la Secretaría de Transporte decidió dejar de subsidiar 1.637 colectivos en el AMBA a partir de un estudio del sistema automotor que determinó graves irregularidades».
La medida, según informó el propio Gobierno, representa 6.200 millones de pesos por mes. Aunque la respuesta de la UTA y la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) todavía no llegó, se abre otra puerta al conflicto, teniendo en cuenta que los subsidios fueron lo que decantaron en el paro, luego desactivado, de este viernes.
La amenaza frente al paro de colectivos
Antes de terminar la audiencia en la que se desactivó el paro de hoy, desde la cartera que ahora depende de Economía y está a cargo del cordobés Franco Mogetta, lanzaron una clara amenaza.
«Se habló sobre la obligación que tienen las empresas de cumplir con los servicios que brindan y que, en caso de que los servicios se interrumpan, la consecuencia será penalidades económicas, como así también cuestiones vinculadas a las habilitaciones para realizar los servicios», contaron desde Transporte, sin ningún problema en hacer pública la maniobra de apriete.
Habrá que ver, ahora, qué decide la UTA si es que la situación no se normaliza. Por el momento el conflicto sigue latente, no sólo por la actitud confrontativa del Gobierno sino porque no es seguro que desde el Ejecutivo cumplan con su promesa.
En ese sentido, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) ya dejó en claro su desconfianza. «El Gobierno aseguró que va a hacer todo lo posible por depositar mañana (por hoy) una parte de los $50.278 millones adeudados. Pero no nos quedó claro si van a llegar a hacerlo, no quedó seguro», dijo el titular del gremio, Luciano Fusaro.
Ayer, la UTA denunció «el incumplimiento del acta acuerdo firmada el 2 de febrero de 2024», en el cual estaba incluido el pago de un bono de $250.000 con vencimiento para este viernes 15 de marzo.
Denuncian «ahogo financiero» del Gobierno
En tanto, el miércoles las empresas de transporte de colectivos del AMBA habían enviado una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, para reclamar la deuda de $50.278 millones por subsidios, además de la implementación de un sistema de cálculo para los fondos que reciben las firmas que consideraron inexacto.
«La Secretaría de Transporte actualizó el pasado 26/2/24 el cálculo de los costos de la actividad con una nueva subestimación de los costos reales cuyas verdaderas magnitudes son fácilmente demostrables», se planteó en la carta.
Y se detalló que «la estructura de costos mencionada registra groseros errores de cálculo, ya que está subvaluada en contra de los operadores en un 30% aproximadamente, lo que reduce los ingresos tarifarios y/o de compensaciones necesarias en igual proporción».
De esa forma, remarcaron que a causa del «ahogo financiero» que están sufriendo por parte del Gobierno, «la mayoría de las empresas no podrán abonar la suma no remunerativa de $250.000, porque el 70% de nuestros ingresos son subsidios estatales».
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