ATE le reclama al Gobierno el pase a planta de precarizados ante la liberación de vacantes
El gremio recalcó que las más de 11 mil vacantes deben usarse para darle estabilidad laboral a estatales con más de 5 años de antigüedad.
El gremio ATE le reclamó al Gobierno que las más de 11 mil vacantes del Estado que se liberaron por decreto la semana pasada sirvan para regularizar la situación laboral de centenares de estatales. La decisión generó dudas porque rige un congelamiento de ingresos a las dependencias nacionales, pero desde la entidad aclararon que no se trata de la creación de nuevos puestos, sino que de darle estabilidad laboral a empleados que cumplen funciones hace años y están en situación precaria.
El pedido se dio luego que se liberaran 11.172 vacantes del SINEP. «Mientras algunos sectores confunden la regularización del empleo precario con la contratación de nuevos agentes, ATE explica que el proceso estabilización no puede tener demoras burocráticas que lo pongan en riesgo», destacaron desde el gremio, que reclamó que esas vacantes sean para personal con cinco años de antigüedad.
En este sentido, el director del Departamento de Negociación Colectiva de ATE Nacional, Flavio Vergara, afirmó: «Desde ATE celebramos esto porque lo estábamos esperando hace mucho tiempo. Quienes atacan la medida dicen que el Gobierno está incorporando gente, pero esto claramente no es ninguna incorporación, sino que se trata de un proceso de regularización de compañeros y compañeras que ya vienen trabajando y que el Estado viene conservando ilegalmente como personal contratado».
Aclaración
Tras la publicación en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa 1086 que liberó 11.172 vacantes del SINEP para el agrupamiento profesional, que brindaría a trabajadoras y trabajadores estatales con antigüedades de más de cinco años una estabilidad laboral que por la Ley de Empleo y por el Convenio Colectivo de Trabajo ya deberían tener, se generó a nivel mediático una confusión entre esa regularización laboral con la ampliación del gasto fiscal.
Desde ATE se explicó «no solamente que se trata de garantizar la estabilidad en el empleo de las y los trabajadores, sino que además es necesario que se sorteen las dilaciones burocráticas para la concreción de dicho proceso, porque si no se corre el riesgo de que el mismo quede trunco».
«Tanto la Ley de Empleo como el Convenio Colectivo de Trabajo dicen que se puede tener solamente a un 15 por ciento del personal como contratado para tareas estacionales no permanentes. Alguien que está trabajando hace cinco, diez o quince años cumple tareas habituales y permanentes, con lo cual esta medida es para darle el estatus de trabajador con estabilidad que corresponde, en lugar de tenerlo como precario. Pero además el porcentaje de contratadas y contratados era próximo al 60 por ciento», dijo Vergara.
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Además, el dirigente de ATE Nacional insistió que «como organización nosotros celebramos esto porque una de las actas a las que suscribimos era la de la liberación de estas vacantes».
«Nosotros habíamos acordado que había un proceso, que era el Concursar 2.0, que era para regularizar a 30 mil trabajadoras y trabajadores que estaban relevados en ese momento del agrupamiento general. O sea, compañeros y compañeras sin título profesional y que tienen título terciario o alguna especialización de otro tipo. Al día de hoy este proceso tiene 9 mil cargos en concurso, y nos están faltando alrededor de 16 mil cargos para poder regularizar en ese plano», agregó.
Congelamiento
La semana pasada, luego de conocerse el segundo informe del INDEC sobre empleados públicos nacionales, hubo polémica por el aumento de puestos de trabajo, lo que violaría el congelamiento que rige desde agosto de este año, incluyendo esas más de 11 mil vacantes.
Por eso, la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, salió a aclarar y desmentir los dichos periodísticos que se difundieron sobre el tema y advirtió que «no es cierto que se incorporan más trabajadores al Estado».
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Por su parte, Vergara ratificó la postura de ATE y además aclaró que «estamos de cara a un cambio de gobierno en diciembre de 2023». «Si se llega a tratar de una gestión del mismo signo político no habría problema, pero si llegan a volver los ajustadores vamos a tener despidos, y las compañeras y los compañeros que no tengan la designación con el plazo cubierto pueden estar en riesgo», dijo.
«Vamos a seguir discutiendo en la reapertura de paritaria de enero, y en la próxima paritaria también, para que esto se resuelva de manera inmediata, porque no es justo que las y los laburantes tengan que estar llevando esta cruz que cargan desde hace tanto tiempo. El Gobierno debería abrazar a las trabajadoras y a los trabajadores si quiere continuar con el mandato pasado el 2023», añadió el dirigente.
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