Trabajadores del Hospital Bonaparte denuncian “vaciamiento” y cierre de servicios

Delegados de ATE aseguran que se fueron en los últimos meses cerca de 30 profesionales y empleados, y que no fueron reemplazados. Por esto, se dejaron de prestar algunos servicios, en especial en barrios vulnerables. Además, afirman que la nueva dirección busca un cambio de atención, ignorando la flamante ley de Salud Mental.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

A mediados de enero de este año, los trabajadores y profesionales del hospital Laura Bonaparte decidieron llevar a la calle sus reclamos. En los últimos meses, se cerraron varios servicios en este nosocomio de salud mental, en especial los vinculados con la atención de adicciones, que se prestaban por lo general en los barrios más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Según el gremio ATE, se trata de una política “de vaciamiento” que lleva adelante la nueva dirección, que no da respuesta a los pedidos de nombramientos, y amenaza con cerrar más servicios. De fondo, dicen,, existe una “prueba piloto” para aplicar el decreto reglamentario de la ley nacional que intenta imponer el Ministerio de Salud, que limita la aplicación de la norma aprobada hace unos años, que entre otras cuestiones pone fin a las internaciones compulsivas y da una mirada más integral de la atención. Sospechan de la influencia de la industria farmacéutica detrás de esto.

Las protestas de profesionales y trabajadores del Bonaparte –ex Cenareso –se centran en la falta de nombramientos y recursos que pone en jaque la atención de pacientes con patologías mentales y consumos abusivos, en especial adolescentes. “Nuestra preocupación principal es el vaciamiento que se está viviendo en el hospital, no tuvimos despidos masivos como en otras áreas del Estado, además cuesta poner en la agenda el tema de la salud mental, y la salud en general”, explicó Leonardo Fernández Camacho, delegado e integrante de la junta interna de ATE en el nosocomio. Consultado por Gestión Sindical, el dirigente agregó que “perdimos mucho personal, gente que renuncia parea irse a trabajar a lugar con estabilidad. Hay muchos profesionales en esa situación, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, y no se cubren las vacantes”. “Uno de los dispositivos más importantes que tenemos es el de Atención Primaria, con equipos interdisciplinarios en todas las villas de la ciudad de Buenos Aires, donde se redujeron de 28 a 10 los integrantes, y se espera que siga mermando”, agregó. Fernández Camacho aseguró que por estos recortes, ya dejaron de tener presencia en varios barrios humildes de la Ciudad, lo que se suma “al retiro absoluto de todos los ministerios, de Desarrollo Social, Seguridad, nosotros dejaremos de ir, porque no tenemos personal. En total, se perdieron en el último tiempo 30 profesionales entre el hospital y los dispositivos extra muros”.

En la protesta de enero, los gremios ATE y UPCn emitieron un comunicado conjunto, donde alertaron sobre la “constante persecución y violencia institucional que sufren todos los días los trabajadores” del Bonaparte, que se refleja en un manejo “discrecional” de los recursos “en base a un amiguismo burdo” y en la “remoción de cargos sin justificación”, que impacta directamente en la calidad de la atención y en las condiciones de trabajo de los médicos, los psiquiatras y los psicólogos que se desempeñan en el lugar. “Cuando nos juntamos a conversar con los compañeros, nos cuenta que deben hacer el doble de esfuerzo para cumplir las tareas, porque la gente no deja de ir al hospital, cada vez hay más pacientes. Todo eso repercute en la cantidad de horas, y el trabajo se duplica”, dijo Fernández Camacho, que sostuvo que los reclamos fueron llevados a la dirección, “cuya respuesta es cerrar los servicios. Lo más fácil es eso, como el ‘ramal que para, ramal que cierra’ pero de la salud”.

Uno de los servicios afectados por los recortes es el de demanda espontánea, que se instaló en 2013. “Este servicio estaba pensado para atender a pacientes que llegan al hospital entre las 8 y las 20, sacando la lógica de la admonición y el turno, entendiendo las patologías y problemáticas que atendemos, muchas personas no pueden apegarse a esas normas. A esas 12 horas de atención todos los días se redujo, hoy atiende de 8 a 14, menos los miércoles que se redujo más, de 8 a 12, y en niños y niñas se redujo lo mismo. Esa es la respuesta de la intervención”, describió Fernández Camacho.

La denuncia de los trabajadores se da en el marco del intento de la nueva dirección de aplicar una especie de prueba piloto del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental, que el Ministerio de Salud intentó concretar a fin del 2017, y ante el repudio de los especialistas y trabajadores dejo en la nada. Pero con algunas directivas, las autoridades, encabezadas por el director Leandro Mera, generan un cambio de paradigma, que vuelve a poner a las internaciones compulsivas y la medicación como eje del tratamientos, desoyendo el espíritu de la norma, creada con el fin de adaptarse a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Incluso, Mera junta firmas en la plataforma Change.org para que el presidente de la Nación Mauricio Macri firme ese polémico decreto. “El director contrató a una psiquiatra que tiene espantoso trato al personal, es una ‘spiker’ de los laboratorios farmacéuticos, y viene con la lógica de reducir todo a lo orgánico, a lo biológico, desestimando el resto de las disciplinas. Va a contramano de todo el trabajo que se viene haciend0, imponiendo su lógica de atención clínica”, dijo Fernández Camacho. “Perdemos en todos lados, la mayoría de las jefaturas ubicaron médicos hombres, vamos perdiendo en materia de perspectiva de género, donde la mayoría del personal es mujer pero se fue perdiendo esos en los puestos jerárquicos”, concluyó.