Sturzenegger logró lo que parecía imposible: los gremios estatales se unieron en el rechazo a su «examen de idoneidad»
Sturzenegger y sus exámenes, entre cuestionamientos y falta de precisiones.
Tras las críticas de Andrés Rodríguez, Rodolfo Aguiar también exigió la nulidad de las pruebas que dispuso el ministro Federico Sturzenegger.
“Las evaluaciones deben ser anuladas. Es notoria la falta de transparencia de todo este proceso y no hay garantías sobre la integridad y seguridad de los soportes digitales que se van a utilizar”, señaló Rodolfo Aguiar, líder de ATE este miércoles en torno a las pruebas a empleados públicos que piensa implementar el Gobierno por decisión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La crítica va en línea con la UPCN de Andrés Rodríguez, que aseveró que los exámenes son un atropello a la dignidad de los trabajadores.
Luego de semanas de tensión entre ambos gremios, con disputa de afiliados incluida, los dos aparecen coincidiendo en las criticas y hasta explorando la posibilidad de realizar alguna medida de repudio a la acción que instrumentó el ministro Sturzenegger. En la Casa Rosada reconocen prácticamente sin disimulo que el objetivo real de los exámenes es que sirvan para justificar más despidos de personal estatal.
Sturzenegger, el impreciso
Por lo pronto, en ATE dicen que todavía el Estado no tiene ni siquiera las herramientas para hacer los exámenes.
“El Gobierno no cuenta con la logística para un evento de semejante envergadura. Todavía no está debidamente determinado el universo de trabajadores a evaluar. Tampoco pueden asegurar un manejo confiable sobre los datos personales de cada uno de los agentes estatales”, explicó Aguiar.
El examen para empleados públicos amenaza con romper la paz entre UPCN y el Gobierno
“Con los antecedentes de ataque, persecución y asedio hacia los estatales, está claro que estos exámenes están destinados a perjudicar a los trabajadores”, aseguró el sindicalista estatal
“Adorni y sus 208 empleados que gastarán en un año 47 mil millones de pesos, ¿van a ser evaluados?”, cuestionó.
En esta línea, Aguiar apuntó: “No nos quieren evaluar sobre nuestras capacidades, lo que quieren es seguir estigmatizando el empleo público. Hasta este momento, el sistema de evaluación pública no se encuentra reglamentado. No existen normas específicas al respecto. Miente el Poder Ejecutivo al querer implementarlo”.
“Pretenden revisar los vínculos de trabajadores que llevan décadas prestando servicios en el Estado y que demuestran su idoneidad con el trabajo cotidiano que realizan. Esta idea macabra, que lo que hace es reprecarizar a los trabajadores, debe ser dejada sin efecto”, concluyó el secretario general de ATE.
Hasta el momento, los únicos detalles oficiales que dió a conocer el Gobierno sobre el Sistema de Evaluación Pública (SEP) aparecen en el Decreto 695/24, que no brinda ninguna precisión sobre modalidades de evaluación o los sistemas informáticos que se utilizarán, con lo cual están en tela de juicio la transparencia y la seguridad de los exámenes.
ATE también explicó que son evaluaciones innecesarias ya que actualmente existen métodos de evaluación laboral en el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional. Con el SEP se estaría sometiendo a examen a profesionales con 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad en el Estado.
Examen para empleados públicos: las críticas de UPCN
UPCN, el colectivo sindical que tiene como principal referente a Andrés Rodríguez y es el más numeroso dentro del ámbito del Estado, emitió un comunicado de prensa para dejar en claro que las evaluaciones «no cumplen con los estándares de seriedad y planificación necesarios».
En ese sentido plantearon que el denominado Sistema de Evaluación Pública (SEP) no toma en cuenta las especificidades de las funciones laborales, poniendo en riesgo la estabilidad de trabajadores esenciales y profesionales con décadas de experiencia.
Los exámenes alcanzarían a cerca de 58.000 trabajadores estatales con contratos temporales, según estimaciones gremiales. Estos empleados, muchos de los cuales llevan años en sus puestos, deberán someterse a una evaluación obligatoria para conservar su empleo.
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