Siguen las críticas a la UIA por el pedido de no pagar sueldos a trabajadores sin vacunar

La CGT ratificó su rechazo a la propuesta de los industriales, que quieren obligar a sus empleados a inmunizarse. Aumentan las chances que los estatales tengan que vacunarse para volver al trabajo presencial.

Nuevas voces del gremialismo argentino se suman al rechazo del pedido del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, para que sus empresas puedan dejar de pagarle salarios a sus trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus. El secretario de prensa de la CGT, Jorge Sola, también rechazó la postura, que busca sancionar económicamente a los empleados no vacunados.

En declaraciones radiales, el dirigente del sindicato del Seguro destacó que «lo que expresó el titular de la UIA va en contra de cualquier posibilidad legal y no se puede ejercer una coacción de ese tipo en la relación laboral. Es imposible que un empleador pueda meterse en el ámbito privado del trabajador».

VACUNACIÓN OBLIGATORIA: LA CGT Y EL GOBIERNO SALEN AL CRUCE DE LOS PEDIDOS DE LA UIA

Además, Sola indicó que «la decisión de vacunarse es voluntaria, no es obligatoria y lo dice la Constitución, es imposible, impracticable lo que plantea la UIA». «Si lo hacen tendrán conflictos individuales y colectivos porque ese no es el camino», acotó. En este marco, resaltó que coinciden «en la preocupación para que los trabajadores estén vacunados, pero no so se puede sancionar económicamente al empleado».

Sola señaló que «en la vuelta al trabajo para los que no quieran vacunarse quizás habría que implementar testeos». La semana pasada, el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, se refirió a la propuesta y la calificó de «absurda, ilegítima e ilegal», al tiempo que señaló que «el salario no puede estar en juego por no vacunarse».

Estatales, obligados

Mientras Nación, los sindicalistas y los empresarios debaten, ya hay algunas provincias, de diferentes colores políticos, que tomaron decisiones drásticas y aplicaron licencias extraordinarias para quienes se negaron a recibir la vacuna. En Córdoba, el gobierno del peronista disidente Juan Schiaretti, otorga licencias obligatorias y sin percepción de haberes a las y los empleados públicos mayores de 60 años, que integran los grupos de riesgo por comorbilidades, que no hayan querido recibir la vacuna contra el coronavirus.

La decisión alcanza al personal administrativo y también a los docentes. La sorpresa, en un contexto en el que los gremios están exponiendo un paraguas general, es que la medida recibió el respaldo del sindicato mayoritario de maestros cordobés, la UEPC. «Es una medida sensata», consideró Oscar Ruibal, su secretario General.

SE PODRÍA HACER OBLIGATORIA LA VACUNACIÓN EN ESTATALES PARA FOMENTAR EL TRABAJO PRESENCIAL

En Jujuy, tierra gobernada por el radical Gerardo Morales, ante el avance de la variante delta del coronavirus se resolvió exigir la vacunación obligatoria para los trabajadores públicos. La medida se ejecutó a través de un decreto. Quienes no puedan acreditar su inoculación o justificar la determinación de no aplicarse las dosis serán considerados ausentes, con la pérdida de remuneración.

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