SanCor: tres denuncias distintas acusan de irregularidades al juez a cargo de la quiebra
SanCor: tres denuncias distintas acusan de irregularidades al juez a cargo de la quiebra.
Las impugnaciones contra el plan de liquidación de SanCor provienene de un interesado en comprar, un síndico y un «consorcio de acreedores».
El proceso de liquidación de SanCor derivó en una batalla en la Justicia de Santa Fe que está paralizando la venta de los activos de la quebrada cooperativa lechera, con tres presentaciones judiciales por separado.
El primer cuestionamiento había provenido de un consorcio de más de 1.000 acreedores que pidió anulalr la quiebra y apartar al juez, y a este reclamo se sumaron ahora dos impugnaciones: una presentada por uno de los interesados en comprar las fábricas y otra, por uno de los síndicos a cargo del proceso de liquidación.
El eje del conflicto pasa por si los activos de SanCor -seis plantas industriales y sus marcas- deben venderse por separado o como unidad económica.
El juez Marcelo Gelcich, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Civil y Comercial de Rafaela, aprobó un pliego que divide los bienes en siete lotes diferenciados, con un precio mínimo total de US$ 52,1 millones.
Las instalaciones fueron tasadas en conjunto en US$ 27,4 millones, mientras que el paquete marcario alcanza los US$ 24,7 millones, de los cuales US$ 18,7 millones corresponden a la marca principal y US$ 6 millones a submarcas como Mendicrim, Tolem y Quesabores.
Esta subdivisión, dispuesta por Gelcich el 11 de junio de 2026, es el detonante de la ofensiva legal.
El reclamo de Scaglione
El dueño de Telefe, Gustavo Scaglione -también propietario del grupo inversor Fidulac, acreedor de SanCor-, rechazó el pliego de licitación atacando el esquema en su núcleo.
Scaglione, uno de los interesados en quedarse con SanCor, sostiene que el pliego aprobado que permite la enajenación separada de las marcas respecto de las plantas industriales destruiría valor en lugar de maximizarlo.
La presentación también cuestiona la legalidad del procedimiento e indica que la Ley de Concursos y Quiebras «establece, en su artículo 204, que la primera alternativa de realización de activos en una quiebra debe ser la venta de la empresa como unidad» y que la fragmentación en lotes es una opción que requiere justificación.
Según Fidulac -según Scaglione-, la resolución judicial no contiene ningún análisis que explique por qué se descartó la venta integral ni una valuación comparativa que demuestre que la suma de las partes supera o iguala el valor del todo.
Un síndico contra el juez
Otra impugnación al proceso licitatorio proviene de uno de los integrantes de la sindicatura designada para llevar adelante la quiebra, quien presentó ante la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe una denuncia por presuntas irregularidades institucionales cometidas por el juez Gelcich.
Según el planteo del síndico Oscar Epstein -que renunció a la sindicatura- el magistrado habría montado un esquema para desplazar el control independiente de la sindicatura y concentrar las funciones estratégicas del proceso en una «coadministración» de su propia creación.
Cuestiona, en ese sentido, que la contadora Lucila Inés Prono «fue designada coadministradora directamente por el juez, eludiendo el sorteo obligatorio del registro de la Corte».
Según la denuncia, lo que nació como un órgano auxiliar para asistir a la sindicatura ante la reticencia de la empresa a entregar información terminó absorbiendo funciones que la ley reserva exclusivamente a los síndicos.
Los interesados en quedarse con SanCor
Entre los interesados en quedarse con parte o la totalidad de los activos de SanCor figuran -además de Scaglione- Savencia (dueña de la marca Milkaut), Adecoagro (fabricante de Las Tres Niñas), Punta del Agua, Elcor (marca La Tonadita) y La Tarantela.
Todos son empresas del sector lácteo que ya habían tomado contacto con SanCor cuando surgieron los primeros rumores de quiebra el año pasado.
A la vez, mientras se dirimen los conflictos en la Justicia, la semana pasada se formalizó la desvinculación -que ya estaba resuelta- de 736 empleados de los 914 que tenía SanCor al inicio del proceso.
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Los restantes 178 trabajadores mantienen su puesto a partir de un acuerdo entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) y Gelcich para mantener funcionando las seis plantas que por ahora siguen activas.
El «consorcio de acreedores»
Por último, está la presentación realizada por el Estudio Jurídico Regali & Asociados, conducido por el abogado Aldo Regali, quien representa a un consorcio de 1.066 acreedores de SanCor.
El grupo incluye productores tamberos, proveedores comerciales, ex trabajadores activos y empleados que formaron parte del programa de Retiro Voluntario Anticipado.
El consorcio apela contra la venta de los activos, pide declarar nula la quiebra y reclama que se considere su propio plan de salvataje para la firma. La presentación ante la Corte Suprema de Santa Fe busca también impulsar un juicio político contra el juez Gelcich por las irregularidades denunciadas en el manejo del concurso.
El trasfondo de este frente es el mismo que el de Fidulac: la objeción a que los activos se vendan desintegrados.
Para los productores y proveedores que integran el consorcio, la fragmentación del patrimonio de SanCor reduce las chances de que alguien se haga cargo de las plantas como unidades productivas en funcionamiento, lo que afecta directamente sus posibilidades de cobrar sus acreencias.
La quiebra de SanCor se concretó el 22 de abril de este año por decisión del propio Gelcich, quien la definió como una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.
La cooperativa acumula una deuda de más de US$ 120 millones, alrededor de 300 pedidos de quiebra y un concurso preventivo iniciado en febrero de 2025 que no logró revertir la situación. De las 14 plantas que llegó a operar en su etapa de mayor expansión, conserva seis, con producción muy por debajo de la capacidad instalada.
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