Procesaron a Spagnuolo por las coimas en Discapacidad: el fiscal dijo que hubo «pagos millonarios permanentes»

La medida adoptada por el juez Casanello incluye a otras 18 personas relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad.

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), como supuesto jefe de asociación ilícita, y por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo. La decisión alcanzó a otros 18 acusados y, además, se ordenaron nuevas declaraciones indagatorias.

Luego de una exhaustiva investigación, según explicó Casanello, se dio por corroborado aquello que expuso el fiscal federal Franco Picardi: “Ciertas personas, de manera coordinada y bajo acuerdos espurios, integraron una organización delictiva a los fines de cometer ilícitos que les permitió obtener amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública”.

Se ponderó que el perjuicio ocasionado tuvo un sector particular afectado: la población con discapacidad y “especialmente vulnerable, que goza pensiones no contributivas y no posee otra cobertura de salud (lo que abarca a madres con 7 hijos, mayores de 70 años en situación de pobreza, entre otros”)”.

La Agencia de Discapacidad, un “centro de operaciones”

En palabras del fiscal, la agencia habría funcionado, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, como “el centro de operaciones” de diversas actividades ilícitas. Esto es, “como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal que no garantizaban los principios de concurrencia, publicidad ni transparencia”.

De acuerdo con la acusación, también hubo “sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando” y la agencia funcionó “una ventanilla administrada y/o co-gestionada por agentes externos con fuerte influencia en el sector de salud, especialmente droguerías y firmas de insumos de alto costo”.

Al avanzar con la investigación que derivó en el procesamiento de 18 personas entre las cuales se incluye a Miguel Ángel Calvete, a Daniel Garbellini y al propio Spagnuolo, el fiscal también identificó, como parte de aquellas actividades delictivas, la existencia de “pagos indebidos a funcionarios de la agencia “a cambio de asegurar, gestionar y garantizar la ejecución” de las maniobras expuestas”.

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En ese sentido, el juez Casanello llamó a indagatoria a todos los involucrados en la estructura de corrupción. Después del tiempo transcurrido, evaluó los elementos de prueba que sustentan la imputación del Ministerio Público Fiscal y convalidó la estructura jurídica expuesto por Picardi.

El juez concluyó que todos los indagados integraron una asociación ilícita –según el rol atribuido en cada caso- que desplegó sus actividades delictivas, al menos, diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.

Y precisó que estuvo destinada a cometer ilícitos contra la administración pública, puntualmente dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, y obtener ganancias indebidas en desmedro del erario público a través de maniobras fraudulentas ejecutadas en el marco de contrataciones direccionadas y con sobreprecios, lo que incluyó la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos”.

Un embargo millonario

Aunque los procesados permanecerán en libertad, el golpe económico es fuerte: Casanello trabó un embargo de 202.247.451.393 millones de pesos sobre los bienes de Spagnuolo y montos casi similares para cada uno de los cuatro principales acusados.

Además, la Justicia irá contra las estructuras societarias utilizadas para el fraude. Casanello citó a indagatoria a las personas jurídicas de cuatro firmas clave, las droguerías Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.

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Los acusados de ser jefes de la asociación ilícita son Spagnuolo (ex director ejecutivo de ANDIS y ex abogado de Javier Milei), Daniel María Garbellini (ex subdirector de la Agencia), Miguel Ángel Calvete (operador externo) y Pablo Atchabahian (operador externo).

En tanto, fueron procesados como integrantes y partícipes Diego Martín D’Giano (ex director de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (ex coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (ex director nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (empleada vinculada a Calvete) y Luciana Ferrari (ex funcionaria).

También Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a la Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a la Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a la Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.