La Justicia, contra los gremios: ahora fueron procesados ocho dirigentes de ATILRA por realizar una protesta contra Lácteos Vidal.
Para una fiscalía porteña «excedieron el derecho a huelga» en un bloqueo a dos plantas de Lácteos Vidal en CABA y Carlos Casares.
Apenas 48 horas después de que se conociera la decisión de la Corte Suprema de Justicia de elevar a juicio una causa contra dirigentes de la filial de Monte Grande de Camioneros, ahora la Justicia porteña resolvió procesar a ocho dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (ATILRA) por una protesta contra Lácteos Vidal realizada en 2022.
Heber Ríos, titular de ATILRA de General Rodríguez, y otros siete trabajadores tuvieron que declarar ante una fiscalía porteña por acciones contra la empresa Lácteos Vidal, por haber excedido “el derecho a huelga”.
La Fiscalía en lo Penal y Contravencional N° 26 del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Luis Aranudo, fue quien decidió los procesamientos por los delitos de desbaratamiento de empresa, amenazas y compulsión a la huelga en dos plantas de producción de Lácteos Vidal.
Es la primera vez que se toma como un único hecho lo sucedido en ambas plantas y se va a investigar integralmente lo sucedido en la planta de la Ciudad de Buenos Aires y la situada en la localidad bonaerense de Moctezuma.
ATILRA: quiénes son los imputados
Entre los imputados junto a Ríos (secretario general de la Seccional General Rodríguez) están Sergio Raúl Longo, subsecretario de ATILRA Seccional Trenque Lauquen y actual titular de la delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en esa ciudad, y Gastón Emilio Moreno, secretario general de la seccional Trenque Lauquen de ATILRA.

También Franco Marcelo Yedro, Cristian José Martín y Diego Armando Alarcón, vocales de ATILRA Trenque Lauquen; Rafael Alberto Ale, delegado en Lácteos Vidal, y Ariel Sánchez, secretario del gremio.
Se trata de importantes sindicalistas de la organización liderada a nivel nacional por Héctor Ponce, quien mantiene un duro conflicto con la empresa de Alejandra Bada Vázquez, bloqueada durante casi dos meses en 2022 por haberse negado a recategorizar a algunos empleados.
La decisión del fiscal Aranudo se produjo porque se unificaron en la Ciudad los bloqueos realizados en las instalaciones de Lácteos Vidal en Moctezuma, partido bonaerense de Carlos Casares, y en la sede que tiene la pyme en el barrio porteño de Villa Devoto.
La declaración del fiscal
En la declaración del fiscal se acusó a los imputados de “desplegar desde el 18 de julio hasta el 16 de septiembre del 2022 acciones que excedieron el derecho a huelga que pretendían ejercer y que se había decidido de manera intempestiva e irregular el primero de esos días en la localidad de Moctezuma”.
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Y agregó que “entre las actividades realizadas se destaca la ocupación masiva de los espacios circundantes a las fábricas ubicadas en la calle Del Verdin s/n, de la localidad de Moctezuma, Provincia de Buenos Aires, y en la calle Tinogasta 4975, CABA, por personas que no pertenecían ni desempeñaban funciones en la empresa y que intimidaron al personal de la misma para que se sume a la huelga y/o no concurra a trabajar, impidiéndole acceder con normalidad a sus puestos”.
El perjuicio para Lacteos Vidal
El informe de la Fiscalía continúa diciendo que en la protesta “se obstaculizó y/o impidió el ingreso y egreso de mercadería, tanto por parte de la propia firma Lácteos Vidal como de sus proveedores y clientes”.
Tras detallar algunos episodios en los que se vieron involucrados los acusados, en su declaración el fiscal sostuvo que por ese motivo “la firma Lácteos Vidal no pudo recibir materia prima (leche) en su planta de Moctezuma, viéndose obligada a derivarla a otras empresas en la provincia de Buenos Aires y el resto del país, lo que incrementó sus costos y afectó su productividad”.
Y resaltó que “durante ese período, sólo se logró enviar a la fábrica de CABA, donde se terminaban y comercializaban los productos finales, una cantidad muy inferior a la habitual”.
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Por otro lado, puntualizó “el producto semielaborado procesado en las fábricas alternativas tuvo que venderse en ese estado, generando pérdidas económicas al no poder ser terminado en CABA”.
Para la fiscalía se causó un perjuicio económico a Lácteos Vidal, con sede social en la Ciudad de Buenos Aires, por unos $61.684.151,09 -valor de la fecha de los hechos- al desplegar desde el 18 de julio hasta el 16 de septiembre del 2022 “acciones que excedieron el derecho a huelga que pretendían ejercer”.
Aranudo consideró en su resolución que la maniobra se realizó de forma coordinada entre las plantas de Moctezuma y Capital Federal, planificada y ejecutada por los ocho imputados con la finalidad de generar pérdidas económicas a Lácteos Vidal y con la intervención de Verónica Blas y David Eduardo Ariel Cheij.




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