Precariedad laboral, puja por subsidios e interna gremial: la crisis del transporte jaquea al interior del país

Algunas ciudades llevan más de 15 días de paro de colectivos, por una disputa que involucra empresas, sindicatos y funcionarios. Sin acuerdo para la llegada de fondos adicionales, la UTA extendió el paro, pero hay cuestionamientos en varias provincias. Las empresas dicen que es “la peor crisis en 50 años”. En algunas provincias, los choferes cobran 5 mil pesos y deben seguir trabajando.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

En las últimas dos semanas, en varias ciudades del interior del país, viajar en colectivo fue tarea imposible. Pero no por el aislamiento por cuarentena, que se impuso para controlar el coronavirus, sino por un paro de los choferes de colectivos, que se extiende por estos días sin soluciones en el horizonte. La medida de fuerza por la UTA y otros gremios locales es por la falta de pago en los salarios, y desnudó un problema estructural en el transporte público del país, que viene arrastrando problemas desde hace años, y que está llegando a una situación límite.

La falta de respuesta a los reclamos generó al menos dos manifestaciones en plena cuarentena, donde los trabajadores se expusieron a las consecuencias del coronavirus, por la desesperación que se vive.

El conflicto pone en discusión otra vez a Roberto Fernández, el titular del gremio tranviario, que desde hace tiempo maneja un sindicato fragmentado, con rebeliones constantes, que tuvieron su epicentro en febrero de este año con la violenta toma de la sede porteña.

Además, las empresas hacen su juego: los grandes monopolios presionan para lograr mayores subsidios, y quedarse con el manejo de los millonarios fondos. El conflicto todavía no afecta a las líneas nacionales que circulan en la zona metropolitana del país, cuyos trabajadores están más preocupados en que se cumplan las condiciones sanitarias para evitar contagios del Covid-19.

La crisis del transporte público en el interior comenzó en plena pandemia, cuando por atrasos salariales en las principales ciudades los choferes de colectivos pararon. En algunos casos, como Córdoba, Santa Fe o Tucumán, la medida superó las dos semanas. Incluso la semana pasada más de 500 conductores rompieron la cuarentena en la capital cordobesa, para reclamar por los salarios adeudados, lo que generó que fuera imputados judicialmente varios referentes de los trabajadores por violar el aislamiento. Incluida la secretaria General de la UTA en esa provincia, Carla Esteban.

Lo mismo paso esta semana en Rosario, mostrando que la tensión aumenta y puede salirse de control. “El problema comenzó en la gestión de Mauricio Macri, cuando el estado descentraliza los subsidios al transporte y los pasa a las provincias, ahí empezaron a menguar los fondos que llegaban y se puso en crisis el sistema”, le explicó a Gestión Sindical una fuente cercana a la UTA. Esta medida generó que, por ejemplo, algunas empresas importantes como el grupo Ersa cerraron operaciones en algunas provincias, como Santiago del Estero, dejando sin servicios a miles de personas.

“La situación es muy complicada, están casi todas las provincias de paro, menos el AMBA, la UTA tuvo que salir a hacer este paro, pero no logra acordar con las cámaras empresarias”, agregó la misma fuente, que puso algunos ejemplos de cómo se profundiza la precariedad laboral en el sector: en Catamarca los choferes cobras vales de 5 mil pesos, a cuenta gotas, y los hacen trabajar por ser servicio esencial.

Las medidas de fuerza comenzaron incluso hace un mes. En Córdoba, por ejemplo, la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), un gremio local que reúne a los choferes de las líneas interurbanas de esa provincia, hace más de un mes que está de paro. Ante la “rebelión” de varios gremios locales y la presión de los choferes por sus salarios, la UTA reaccionó y llamó a una protesta de alcance nacional.

“La situación que se atraviesa resulta de suma gravedad para los trabajadores del transporte del interior del país, quienes no pueden a la fecha cobrar, pese a haber trabajado”, denunció Roberto Fernández, titular de la UTA, mediante un comunicado difundido hoy, luego de anunciar los paros. El gremio aseguró que “es de suma gravedad la situación de los trabajadores conductores del interior del país debido a la falta del pago de salarios”, y recordó que “estamos con semanas de padecimiento por la falta de prestación del transporte de pasajeros”. Desde hace tiempo que el dirigente sindical, heredero del histórico Juan Manuel “bocha” Palacios, sufre un fuerte desgaste de su liderazgo.

En la zona metropolitana, el dirigente opositor Miguel Ángel Bustinduy encabeza un sector de choferes que buscan directamente desplazar a Fernández e su puesto. Con apoyo del grupo Dota, este sector encabezó la toma de la sede gremial de la UTA en febrero de este año, donde se produjeron destrozos luego que la conducción nacional desconociera un paro llamado por el espacio “rebelde”. La puja no es la única, ya que en Córdoba la seccional tuvo que ser intervenida por las diferencias, y en todo el país se suman gremios menores que buscan su propia conducción.

En este panorama, Fernández propuso que los fondos que deben llegar a las empresas sean girados directamente a los más de 32 mil choferes afectados por la crisis salarial. Ahí, entra en juego el rol empresarial, representado por la Federación Argentina de Transportadores de Automotor de Pasajeros (FATAP), que hasta ahora venía teniendo una postura conjunta con el gremio en denunciar la crisis del sector, pero que ahora podría cambiar por este pedido de la UTA de pasar los subsidios directamente a los trabajadores.

Los recursos no son nada despreciables: en la actualidad, se estima que Nación gira mensualmente 1.500 millones de pesos, mientras otros 800 millones de pesos son aportados de las provincias. “Las empresas hacen su juego, buscan el manejo de los recursos. Antes, estaban casi en tándem con Fernández, pero ahora el tema cambió”, le dijo a Gestión Sindical otra fuente del sector. Lo cierto es que en la última mediación de la semana pasada no hubo acuerdo, y la UTA sostuvo el paro, mientras FATAP criticó que Nación negara “ayuda adicional” para que comience a funcionar el transporte del interior.

Ante la “peor crisis de los últimos 50 años”, las empresas siguen negociando, y los trabajadores rompen el aislamiento ante la desesperación. Como en Córdoba, esta semana en Rosario se vio una protesta sin distancias, sin barbijos, y podrían ser imputados por esta actitud. En tanto, el intendente local Pablo Javkin mantuvo una videoconferencia con jefes comunales de Santa Fe, Emilio Jatón; de Paraná, Adán Bahl; de ciudad de Córdoba, Martín Llaryora; y de San Carlos de Bariloche, Gustavo Enrique Gennuso, para buscar una respuesta política a la crisis.

En tanto, por el momento en la zona metropolitana la situación se mantiene ajena a estos problemas, y los trabajadores están más preocupados por las medidas de seguridad por el coronavirus que por lo que pueda pasar con los subsidios. Como servicio esencial, las líneas trabajan, bajo un protocolo establecido por las autoridades nacionales y sanitarias. “Por el momento las líneas nacionales no estamos teniendo problemas con el cobro de sueldos”, le confirmó a Gestión Sindical Leandro Fernández, delegado de la línea 119, la ex 112 que une el barrio porteño de Once con el sur del gran buenos Aires.

Con un servicio con frecuencias casi normal –que incluye que no haya pasajeros parados –Fernández aseguró que están “con el protocolo a full, trabajando para que a los choferes no le falte nada de lo necesario para cumplir con las normas, y que la empresa cumpla con su parte”. “Por ahora lo estamos llevando bastante bien”, concluyó el delegado.