Pirillo y Blumberg le pidieron a Milei medidas para frenar el derrumbe de la industria textil

El dirigente sindical de Vicente López y el empresario advirtieron que la crisis generada por las importaciones puede ser terminal.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López (STMVL), Victorio Pirillo, se reunió con el empresario textil Juan Carlos Blumberg y juntos le reclamaron a Javier Milei la implementación de políticas que permitan la competencia de las empresas argentinas con los productos textiles importados, sin condenarlas al cierre y a la pérdida de miles de puestos de trabajo.

El dirigente sindical y el empresario se expresaron tras la quiebra de Algodonera Avellaneda, que puso en riesgo alrededor de 350 puestos de trabajo y se constituyó en uno de los casos más preocupantes de una situación que ya es generalizada.

Pirillo: «Importar pero no a cualquier precio»

Ante este escenario, Pirillo y Blumberg le reclamaron al presidente que adopte medidas para cuidar las fuentes laborales, generar recursos y evitar que la crisis termine destruyendo empresas con décadas de historia industrial.

“La apertura de las importaciones no debería convertirse en una sentencia de muerte para los fabricantes nacionales. Si bien importar puede ser una herramienta legítima para ampliar la oferta y promover la competencia, ese proceso debe desarrollarse bajo condiciones que no coloquen a los empresarios locales en una situación de desventaja insostenible”, sostuvo Pirillo.

“Está bien importar, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera. La apertura comercial no puede transformarse en un mecanismo que termine destruyendo a quienes producen, invierten y generan trabajo en la Argentina, ni provocar la pérdida de empleos de trabajadores que han transcurrido gran parte de sus vidas dentro de las fábricas”, agregó.

Fábricas sin chances de competir

El dato que sostiene el pedido urgente al Gobierno nacional es el de que hoy en día, las importaciones abastecen el 70% del mercado textil.

Se trata de una proporción que no les da ninguna posibilidad a las fábricas argentinas de sostener sus estructuras productivas y sus plantas de trabajadores, además, en muchos casos a través del dumping, es decir, la comercialización a pérdida con el objetivo de monopolizar mercados.

Pirillo y Blumberg remarcaron que importar no constituye, por sí mismo, una práctica desleal, pero el problema aparece cuando existen maniobras de subfacturación, declaraciones aduaneras falsas, incumplimientos normativos, dumping con la intención de que acelere la desaparición de la industria nacional u otras irregularidades que permitan comercializar productos en condiciones que no respetan las mismas reglas exigidas a los productores locales.

Uno de los aspectos que más preocupa es que muchas de las fábricas textiles afectadas llevan entre 20, 40 y hasta 80 años de actividad. 

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Se trata de empresas que, a lo largo de generaciones, construyeron capacidades productivas, desarrollaron conocimientos técnicos y sostuvieron puestos de trabajo, además de contribuir al entramado económico de distintas regiones del país.

Un cambio de condiciones necesario

Para Pirillo, el desafío del Gobierno no consiste en cerrar la economía ni en impedir toda competencia externa, sino en establecer condiciones que permitan compatibilizar la apertura comercial con la continuidad de la industria argentina. 

En ese sentido, pidió que se generen condiciones para el acceso al financiamiento productivo, la reducción de costos que afectan la competitividad, la simplificación de cargas burocráticas, el control de las irregularidades comerciales y la adopción de medidas que favorezcan la inversión y la innovación tecnológica. Todo tendiente también a garantizar las fuentes de empleo.

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“La Argentina necesita importar cuando resulte conveniente, pero teniendo en la Aduana el Control de Precios de Referencia Mundial que hoy no los tiene. Pero también necesita producir, invertir y trabajar”, expresó, por su parte, Blumberg. 

“La apertura comercial no debería medirse únicamente por la cantidad de productos que ingresan al país, sino también por la capacidad de la economía para generar empleo, sostener empresas, locales comerciales y desarrollar su propia industria -agregó-, porque detrás de cada fábrica que cierra no desaparece solamente una razón social: se pone en riesgo el futuro de cientos de familias y una parte de la capacidad industrial de la Argentina”.