A los despidos de estatales se sumó un llamado a paritarias en el que ni se habló de aumento salarial: «Fue una provocación», dicen en ATE
La reunión fue el miércoles, en plena marcha sindical contra el DNU presidencial. El Gobierno no hizo ninguna oferta y sólo avisó que se sentará a conversar a mediados de enero.
Mucha bronca. Eso es lo que hay en los estatales nacionales con el gobierno de Javier Milei. Por un lado, por la decisión del presidente de hacer un fuerte recorte en la administración pública, por lo cual el miércoles los gremios del sector marcharon junto a la CGT. Y por otro, porque justo mientras se movilizaban hacia Tribunales fueron convocados a la primera reunión paritaria, aunque insólitamente no recibieron ningún ofrecimiento.
«El Gobierno no realizó ninguna oferta formal en la reanudación de la negociación paritaria», contaron desde la conducción de ATE Nacional, que tomó la actitud de la Casa Rosada como una provocación. Y el sentimiento es el mismo en UPCN, el otro sindicato que representa a los trabajadores del sector público.
Además, la molestia está basada también en que ahora deberán esperar alrededor de 15 días para poder sentarse a negociar nuevamente, ya que se pasó a un cuarto intermedio hasta mediados de enero próximo. Todo, en el contexto de los primeros 7 mil despidos en la administracion nacional, el DNU y la Ley Ómnibus, que según entienden los estatales no sólo avanza sobre los derechos laborales sino que anticipa que seguirán echando a empleados públicos.
Paritaria estatales «muy difíciles«
En el encuentro del miércoles «el Gobierno aseguró que presentará una propuesta formal» recién en ese momento, según lo expresado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
Luego del encuentro con la Secretaría de Trabajo, los gremios coincidieron en señalar que «la paritaria será muy difícil». Y apuntaron que «estos funcionarios son todos empresarios y no tienen ni la más mínima idea de las necesidades de los trabajadores».
Además, desde ATE remarcaron que el Gobierno ya aplicó «una devaluación del 118% sobre la remarcación previa en todos los precios de la economía, por lo que semejante ajuste sobre los ingresos del sector público debe ser compensado».
LA LEY ÓMNIBUS DE JAVIER MILEI YA GENERA DURAS CRÍTICAS Y CUESTIONAMIENTOS DEL SINDICALISMO
Asimismo recordaron que las estimaciones indican que la inflación de diciembre triplicó el último acuerdo alcanzado, por lo que «se impone una corrección respecto de ese entendimiento y la discusión de un incremento para los primeros meses de 2024».
En esta primera fallida reunión los estatales exigieron una recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido por la devaluación e inflación, una suma fija para que nadie esté por debajo de la línea de pobreza, y continuidad laboral independiente al vínculo laboral y de todos los procesos de regularización del empleo por concursos de pase a planta permanente.
La Ley Ómnibus prepara el terreno para más despidos
El conflicto paritario que empieza a crecer se da cuando Milei acaba de enviar al Congreso su Ley Ómnibus, que de forma tácita anticipa nuevos despidos de trabajadores estatales de planta permanente.
Esto es por el denominado Fondo de Reconversión Laboral (FRL), un mecanismo por el cual se busca «capacitar» y reubicar a empleados cuyos cargos sean eliminados por el recorte en la administración nacional; caso contrario, serán desvinculados.
En detalle, con el FRL se propone que, tras el período de capacitación -de hasta 12 meses como máximo-, los trabajadores afectados tengan tres alternativas: aceptar cubrir una vacante en la Administración Pública nacional, en caso que la hubiera y cumplieren los requisitos para ello; ser contratados por empleadores privados; o formalizar otro vínculo laboral.
«Cumplido el período indicado de doce (12) meses, los agentes que no hubieren formalizado una nueva relación de trabajo, quedarán automáticamente desvinculados del sector público nacional», establece el proyecto de ley.
Esto se suma a lo que Milei ya había incluido en su DNU respecto a la no renovación de los contratos de trabajadores públicos que hayan sido contratados a partir del 1 de enero de 2023, por lo cual se perderían 7.000 puestos de trabajo.
Hacé tu comentario