sábado 20 de octubre de 2018
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Para los gremios, la movida del gobierno tienen un único objetivo: “Vienen por las obras sociales”

La decisión de remover a dos funcionarios con buena llegada a la CGT luego de la marcha del martes fue leída en Azopardo como “una declaración de guerra”, en especial por la salida de quien debe manejar el fondo de las obras sociales sindicales. “Quieren destruir el modelo de seguridad social”, alertan. La movida podría retrasar el lanzamiento del CUS, el plan de salud que el Ministerio de Salud pretende financiar con dieron que aportan los sindicatos.

Diego Lanese / Especial para gestión Sindical

La decisión del presidente de la Nación, Mauricio Macri, de pedirles la renuncia a dos funcionarios vinculados con los gremios, luego de la jornada de protesta realizada el martes pasado en Plaza de Mayo, sigue generando repercusiones, y marcha uno de los capítulos más tensos entre las partes, hasta ahora bastante propensos al diálogo. El resultado electoral, más algunos signos de recuperación económica, dieron el espaldarazo necesario al ejecutivo para tomar una acción firme, provocativa, que no cayó nada bien en Azopardo. Es que tanto Luis Scervino, el frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) como Ezequiel Sabor, viceministro de Trabajo, tenían fluido diálogo con el sector sindical, y eran considerados actores claves para mantener la relación entre las partes. Las consecuencias de esta movida comenzaron a verse esta semana, tanto en el sector laboral como en salud, donde se empezó a temer por un tema clave: los fondos de las obras sociales. La pelea por los millones que maneja la superintendencia, ahora en manos de un macrista puro, se perfila en el horizonte de peso. “Vienen por el modelo de la seguridad social”, aseguraron.

Los cambios impulsados por el presidente Macri fueron vistos como una muestra de enojo ante la nueva protesta de la CGT. Como se sabe, Scervino fue un hombre propuesto por José Luis Lingeri, quien supo ocupar ese cargo, y llegó al gobierno con el aval de Hugo Moyano. Lo mismo que Ezequiel Sabor, que pese a tener una larga carrera dentro del PRO, se lo conocía por su buena relación con la dirigencia sindical, en especial Luis Barrionuevo. Pero el escenario cambio, y los cambios preocupan, en especial en el primero de los casos. Es que Sandro Taricco, el nuevo superintendente, tendrá a su cargo el manejo de los millonarios fondos de la seguridad social, unos 30 mil millones de pesos que al inicio de su gestión Macri devolvió a los gremios como gesto de buena voluntad. “Vienen por las obras sociales, y el modelo de seguridad social. No extraña de este gobierno, que quiere disciplinar a los sindicatos a través del manejo de estos recursos”, le dijo a Gestión Sindical una importante fuente cegetista. En este sentido, el enojo de la dirigencia apunta al “uso de las mismas actitudes que antes, con el kirchnerismo, ellos criticaban”. “La ex presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) se ‘sentó’ encima de los fondos, puso a alguien de su confianza a manejarlos, y a partir de ahí extorsionó a los gremios. Macri hoy hace lo mismo”, agregó la misma fuente.

La SSS es clave para el manejo de la seguridad social, ya que administra entre otras cuestiones programas de financiamiento, como Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y la Administración de Programas Especiales (APE), que financian prestaciones de alto costo. Del primero de los fondos saldrán los 8 mil millones de pesos necesarios para lanzar la Cobertura Universal de Salud (CUS), el proyecto más importante en materia sanitaria, que busca darle cobertura a los cerca de 15 millones de argentinos que están fuera de la seguridad social. El lanzamiento del CUS iba a ser por estos días, pero las turbulencias por el cambio de funcionarios podrían atrasarlo. Scervino era el encargado de negociar con los gremios su apoyo a este plan, además de ser quien motorizaba otro proyecto sanitario de interés de los sindicatos: la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (AGNET), que hará las veces de nexo entre la justicia y las obras sociales en casos de coberturas. “Por el momento el gobierno no nos llamó para el lanzamiento del CUS, si se hace el acto se supone que institucionalmente iremos”, dijo el mismo dirigente consultado, aunque aclaró que “esto puede cambiar, la situación es muy dinámica”. Una de las sospechas es que este modelo –conocido en el mundo de la salud como “de aseguramiento” –intente desplazar a las obras sociales, y centralizar la cobertura a través del CUS. “Si terminan desfinanciando las obras sociales, a dónde se van a ir a atender los trabajadores. Al colapsado sistema de salud pública, o a las prepagas, cada vez más caras. El sistema solidario de las obras sociales sindicales contiene a miles de monotributistas por ejemplo, que se atienden aportando muy poco. El sistema es muy delicado, espero que no hagan ninguna locura”, remarcaron desde la central obrera.

En el caso de Sabor, ex número dos de Trabajo, el tema es distinto. Su relación con los gremios se fortaleció cuando este era funcionario de la cartera laboral porteña, y llegó a su caro casi como “un comisario” de Jorge Triaca, quien generaba dudas entre los “amarillos”, como se conoce a los funcionarios que vienen de los principios del PRO, y se los considera más cercanos a la Casa Rosada. Pero la actuación del ministro despejó cualquier interrogante. “Triaca se ‘comió’ a Sabor, lo redujo a la mínima expresión”, admitieron fuentes de la cartera laboral consultadas por Gestión Sindical. En esa pequeña interna, el actual ministro salió fortalecido, y ahora atendrá de inmediato colaborador a Horacio Pitrau, un “duro” según lo califican en la cartera laboral. Abogado penalista, con posgrados en Derecho Penal y en Relaciones Gremiales, Pitrau era hasta ahora director nacional de Asociaciones Sindicales, y fue el autor de la polémica resolución que entre otras cosas recomendaba a los gremios cumplir el cupo femenino, incorporar el voto electrónico y evitar que dirigentes procesados por la justicia sean candidatos. La disposición, que pedía garantizar “la transparencia e institucionalidad” en los gremios, se conoció el mismo día que la CGT y otros sectores realizaron el primer paro nacional a la gestión macrista.

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