Pablo Moyano se metió en el conflicto del subte y ahora los metrodelegados insisten en otro reclamo

Además de exigir la reducción de la jornada laboral y la compra de nuevos trenes libres de asbesto, y asesorados por el camionero, buscan que se aplique la «Ley Moyano».

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que conduce Roberto Pianelli continúa con su plan de lucha para lograr la reducción de la jornada laboral y la compra de nuevos trenes libres de asbesto. Por eso motivo este lunes decidieron realizaron una apertura de molinetes y un paro desde las 21 horas en la Línea D. Pero Pablo Moyano se metió en el conflicto, y a partir de eso los metrodelegados insisten en otro reclamo.

Asesorados por el líder de los Camioneros, ahora buscan que se aplique la «Ley Moyano», para recibir una indemnización por parte de la empresa que gestiona los subtes de la Ciudad de Buenos Aires.

El cotitular de la CGT habló varias veces con Néstor Segovia, secretario adjunto de la AGTSyP, y le sugirió que se contactara con Huguito Moyano, su hermano y abogado de Camioneros, para interiorizarse de los alcances de una norma no escrita pero que su gremio viene consiguiendo desde 1998.

En concreto, se trata de que una empresa que ganó una concesión de servicios o que cambió de accionistas despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.

Los metrodelegados ya habían pedido la indemnización

Es cierto que los metrodelegados ya pidieron una indemnización por cambio de empleador en 2018, cuando comenzó el proceso de licitación para volver a concesionar el subte, donde se presentaron tres empresas y el consorcio Metrovías-Roggio fue el único que se mantuvo hasta el final.

A partir de eso fue que la empresa Emova Movilidad S.A., perteneciente al Grupo Roggio, se hizo cargo del servicio desde el 1 de diciembre de 2021. Y el planteo sindical de una indemnización fue rechazado por el sector empleador, que, sin embargo, accedió a pagar un bono de $30.000 en febrero pasado.

Pero este año Pianelli y Segovia volvieron a la carga con el reclamo cuando el Gobierno porteño solucionó el conflicto con Camioneros por la estatización del sistema de grúas en la ciudad de Buenos Aires mediante el pago de una indemnización de hasta $4 millones para cada uno de los 500 empleados que se encargan del acarreo.

Ese antecedente de la polémica «Ley Moyano» incluyó que el personal que realizaba los trabajos de grúas para las empresas Dakota y BRD pasaría a la órbita de SBASE, una sociedad del Estado porteño que administra los subtes, donde mantendrán el convenio de Camioneros hasta que pasen a la compañía que gane la licitación para encargarse del servicio.

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En cuanto a la demanda de indemnizar a los 5.000 empleados de Metrovías que pasaron a Emova (sólo un cambio de razón social), la misma dividió a la cúpula de los metrodelegados.

Un sector sigue exigiendo la «Ley Moyano» en los subtes, mientras que otra fracción es consciente de la debilidad legal del reclamo y advierte que podría perjudicarlos ante las bases, ya que cualquier mejora conseguida en concepto de bono va a parecer poca ante la posibilidad de una indemnización millonaria.

Así, aunque los metrodelegados siguen exigiendo la aplicación de la norma en cada reunión con la empresa para aumentar los salarios, en privado reconocen que llegaron tarde a plantear la exigencia.

«Ley Moyano»: otros casos donde se aplicó

Además, el reclamo de indemnización se enfrenta a otro problema: entre los costos estipulados en los contratos de higiene urbana se incluye una provisión del 2% para despidos, por lo que esa partida, si no se destina a ese fin, suele utilizarse para pagar la «Ley Moyano» al finalizar la concesión.

Esa provisión no existe en el contrato de las concesionarias del subte, por lo que la financiación de las eventuales indemnizaciones debería surgir de las arcas del Gobierno de la Ciudad.

Y las autoridades porteñas se niegan a hacerlo no sólo por falta de fondos, sino porque sentaría un precedente que también impactará en las empresas del transporte automotor de pasajeros.

A eso hay que sumarle que los metrodelegados no tienen la personería para firmar un acuerdo semejante y debería hacerlo la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato con el que están enfrentados.

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Respecto a la «Ley Moyano», los Camioneros lograron aplicarle por primera vez en 1998 al finalizar la concesión de Manliba, empresa del Grupo SOCMA, perteneciente a la familia Macri, para la recolección de residuos en la Capital Federal. De acuerdo con el gremio, los empleados de aquella firma terminaron desempeñándose en otras empresas o con otras condiciones de trabajo.

Desde entonces, también se empleó en las municipalidades de Avellaneda y Moreno ante nuevas concesiones de recolección de basura, en una distribuidora de la cervecería Quilmes y en filiales locales de empresas internacionales como DHL y FedEx.

En 2021, luego de realizar bloqueos extorsivos, Camioneros también lo consiguió en supermercados Walmart, propiedad de Francisco De Narváez, aunque en este caso no mediante una indemnización sino a través del pago de un bono para 477 trabajadores de entre $115.000 y 1 millón de pesos, que en total representaron $227.576.922.