Otro fallo a favor de la Ley de Financiamiento Universitario: rechazó los argumentos del Gobierno para no aplicarla
Ley de Financiamiento Universitario: aprobada por primera vez en 2024, el Gobierno se empeña en no cumplirla.
La Justicia insistió en la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, a partir de un recurso presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional.
Una medida cautelar dictada este martes volvió a obligar al Gobierno Nacional a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que Javier Milei se resiste a aplicar pese a que fue votada seis veces en el Congreso de la Nación -tres en cada una de las cámaras- y a un fallo previo, de diciembre de 2025, que ya establecía su plena vigencia.
En una semana que ya había empezado con malas noticias judiciales para La Libertad Avanza, con la suspensión de 83 artículos de la reforma laboral, el Juzgado Nacional de Primera Instancia ratificó que el Gobierno debe ejecutar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario y rechazó los argumentos del Poder Ejecutivo para no hacerlo.
El juez Marcelo Rebequi hizo lugar al recuerso presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el organismo que representa a los rectorados de las universidades públicas de todo el país.
La resolución dispone, con efectos inmediatos, que el Estado Nacional garantice la aplicación de la ley, «suspendiendo cualquier omisión o incumplimiento que afecte su ejecución». Es decir: que de una vez por todas actualice los salarios de los docentes en consonancia con la inflación acumulada desde diciembre de 2023 y haga lo mismo con los gastos de funcionamiento.
Para eso, el fallo declara «inaplicable, respecto a la ley 27.795, lo dispuesto en el decreto 795/23». Se refiere al decreto presidencial que pretende obligar al Congreso a determinar las fuentes de financiamiento de cada ley que sancione. En el caso de la de Financiamiento Unversitario, Milei consideró inválida la propuesta de finaciamiento sostenida en la ley.
Ley de Financiamiento Universitario: «la cautelar»
La sentencia establece la necesidad de preservar el financiamiento adecuado de las universidades nacionales, evitando la generación de perjuicios irreparables mientras se sustancia la cuestión de fondo. La decisión tiene alcance sobre el conjunto del sistema -es decir, sobre todas las universidades, formen parte o no del CIN-, reconociendo el carácter colectivo del derecho involucrado.
El secretario general del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), Pablo Perazzi, señaló que “este fallo es claro: el Gobierno no puede incumplir una ley vigente. La Justicia le ordena garantizar el financiamiento universitario y poner fin a una política de ajuste que pone en riesgo el funcionamiento de nuestras universidades”.
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Desde FEDUBA destacaron que esta decisión judicial «constituye un paso fundamental para resguardar el sistema universitario público y reafirma la obligación del Estado de garantizar su sostenimiento conforme a lo establecido por el Congreso de la Nación».
Por su parte, Federico Montero, profesor de la UBA y dirigente nacional de CONADU, destacó que “la cautelar restituye un principio básico del Estado de Derecho: las leyes deben cumplirse. La Ley de Financiamiento Universitario es una herramienta fundamental para sostener la educación pública, la ciencia y el trabajo docente en todo el país”.
El plan de lucha
Este lunes, los gremios que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales en representación de docentes y no docentes comenzaron una nueva semana de paro y, además, anunciaron la continuidad del plan de lucha, confirmando nuevas huelgas que llegarán hasta la última semana de abril.
Incluso comunicaron que estaban evaluando la posibilidad de convocar a una movilización para el 23 de abril, cuando se cumplirán dos años de la enorme marcha de 2024 que funcionó como disparador para el tratamiento de la ley que, finalmente -y pese a todos los recursos del Poder Ejecutivo- aprobó el Congreso.
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