09 de Octubre
de 2026
Actualidad.

Otra empresa de Vicentín al borde de la quiebra: qué salida habría y qué podría pasar con sus trabajadores

09. 10. 2026

Fracasó el plan judicial de salvataje de Algodonera Avellaneda. La firma del Grupo Vicentín tiene 360 empleados, de los cuales 200 cumplen labores regularmente.

La Algodonera Avellaneda, perteneciente al Grupo Vicentín, quedó al borde de la quiebra luego del vencimiento del plazo establecido por la Justicia para intentar su salvataje sin que registraran propuestas, ofertas ni solicitudes de inscripción para adquirir las acciones de la compañía.

El intento de salvataje («cramdown«) fue habilitado en su momento después de que la firma no logró reunir las mayorías necesarias entre sus acreedores para aprobar un acuerdo preventivo.

Ante el fracaso de este mecanismo que permite que terceros, acreedores o cooperativas de trabajadores asuman el control de la empresa y negociar una salida a la crisis, el concurso preventivo de acreedores entró en una etapa de enorme incertidumbre, en especial en lo que respecta al futuro de los 360 trabajadores de la firma ubicada en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe.

La empresa de Vicentín, en busca de continuidad

Con el vencimiento del plazo sin interesados, Algodonera Avellaneda  quedó entonces al borde de la quiebra, pero lo que busca la empresa de Vicentín es que sea “con continuidad”, para que la planta pueda seguir funcionado.

La expectativa está puesta en que el juzgado dicte en los próximos días esta quiebra con continuidad de la explotación.

Vicentín, Algodonera Avellaneda
Algodonera Avellaneda en crisis terminal. La firma del Grupo Vicentín tiene 360 trabajadores.

«Lo que tenemos que esperar es que se dicte la sentencia de quiebra y ver en qué términos se dicta, si se dicta con continuidad o lisa y llanamente la quiebra», explicó el abogado Mauro Casella, representante y asesor legal de los trabajadores de la empresa.

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Según el abogado, teniendo en cuenta que actualmente hay alrededor de 200 trabajadores que continúan realizando tareas en la planta, el escenario que consideran más conveniente es que la actividad industrial pueda sostenerse.

Los argumentos para mantener activa la planta

«Todos entendemos que, al haber 200 trabajadores en sus puestos de trabajos, lo ideal sería que se dé la quiebra con continuidad de la explotación de la empresa, pero con determinadas condiciones que va a tener que poner el juez en su misma sentencia, a partir del informe del síndico», sostuvo Casella.

Casella recordó que la legislación contempla la continuidad de una empresa cuando existen razones que justifican mantener la explotación, entre ellas evitar que las máquinas se detengan y sufran un deterioro o preservar contratos vigentes.

En el caso de Algodonera Avellaneda, actualmente hay contratos de trabajo a fasón (comisionados por otras empresas), por lo cual existirían argumentos para mantenerla activa.

«Todo indica que conviene que se dé esto de la quiebra con continuidad», afirmó el letrado.

La duda: cuántos seguirían

Aún así, Casella aclaró que esto estaría lejos de implicar una solución automática para los trabajadores, ya que la propia resolución judicial debe establecer con cuánto personal continuará la empresa.

En ese sentido, una de las principales preocupaciones pasa por los trabajadores que actualmente no concurren a la planta -cerca de 160-, sin funciones que cumplir, y que acumulan una importante deuda salarial.

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«Lo que se espera con esta situación de quiebra con continuidad es encontrar alguna solución (para ellos)», indicó el abogado.

«No digo que va a ser algo inmediato, pero por lo menos una suerte de prioridad para los trabajadores que están afuera para cobrar sus deudas salariales», añadió.

Casella reconoció que el principal obstáculo será encontrar los recursos para afrontar esas obligaciones, aunque consideró que dentro de una quiebra con continuidad puede analizarse la posibilidad de vender algún activo de la empresa para atender las deudas salariales.

Una vez dictada la quiebra, detalló, debería establecerse cuántos trabajadores continuarán en sus puestos y cuántos quedarán fuera de la explotación.

A partir de allí, se deberán verificar cuáles y cuántos son los salarios adeudados y analizar alternativas para pagarlos.

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