El nuevo plan de Sturzenegger ya está en marcha en el Estado: congelar salarios para que la gente se vaya
Federico Sturzenegger, insaciable: planea mil despidos por organismo estatal.
Federico Sturzenegger quiere eliminar miles de puestos en el INTA, el INTI, el SENASA, la Aduana, la ANMAT y Vialidad Nacional.
Bajo la tutela del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el Gobierno reactivó una agenda de ajuste agresivo en el Estado, para seguir achicando la planta de personal, con un nuevo mecanismo: para evitar despidos -y así no tener que pagar indemnizaciones-, el plan es promover retiros voluntarios y, a la vez, congelar los salarios de modo de impulsar a los trabajadores a irse.
Aún en medio de la crisis económica y la escasez de opciones en el sector privado, en el Poder Ejecutivo hay confianza en que el mecanismo funcione. Así avanza la idea de instalar una agenda enfocada en la necesidad de más recortes en el Estado que permitan bajar impuestos.
Según confiaron funcionarios, la lógica libertaria sigue siendo lineal e insisten en que “si se reducen los trabajadores en el Estado, habrá menos impuestos y más riqueza para la gente”, aunque haya sido algo que no se comprobó en estos dos años en los que ya hubo disminución de impuestos fundamentalmente para grandes patrimonios, empresas e importaciones.
El plan combina un proceso de retiros voluntarios masivos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el de Tecnología Industrial (INTI) y el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) donde piensan sostener el congelamiento total de las paritarias, algo que ya sucede desde hace muchos meses en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), un caso paradigmático.
«Buscan una reestructuración barata sometiendo a los trabajadores a la pobreza», denunció Graciela Aleña, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (Stvyara) y miembro del consejo directivo de la CGT.
INTA: el comienzo
Según advirtió la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el objetivo de base es reducir mil puestos de trabajo en cada organismo, a corto plazo.
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En el INTA el procedimiento ya comenzó. El pasado 27 de febrero, el Ejecutivo ordenó un proceso de retiros voluntarios con condiciones que buscan acelerar la salida de personal.
La resolución alcanza al personal de planta permanente con un mínimo de tres años de antigüedad y menores de 65 años al 31 de marzo de 2026.
La compensación económica se fijó en 1,5 haberes brutos por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses. Esto sería un 50% más que una indemnización por despido, pero el congelamiento salarial lo compensaría con creces. En la DNV, donde ya se aplica desde hace 17 meses, la caída acumulada por los salarios equipara ese 50%.
Julieta Boedo, delegada de ATE-INTA e integrante de la coordinación nacional del sindicato, confirmó que «la cifra que esperan que acepte el retiro voluntario está por encima de mil trabajadores”.
Para la dirigente sindical, hay una decisión tomada respecto del desmantelamiento del sistema de ciencia y técnica.
“El INTA minúsculo que pretende el gobierno no podrá llegar más a cada productor de cada rincón del país. Sin trabajadores no hay desarrollo de la ciencia y sin ciencia no hay soberanía”, denunció ante Gestión Sindical.
Todos en la mira de Sturzenegger
La ofensiva de Sturzenegger no se agota en el instituto agropecuario. La nómina de organismos que están en la mira para reducir su planta de personal incluye al INTI, el SENASA, la Aduana y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).
También la DNV integra esta lista de prioridades para el ajuste masivo repartido en dos fases ya que a esta le seguiría, de acuerdo con los planes del ministro, desfinanciamiento total para concretar lo que no se logre con los retiros voluntarios.
Así el Gobierno apunta a paralizar el funcionamiento de los organismos que no pudo dinamitar el año pasado tras la derogación del decreto 462/2025 en el Congreso y los frenos interpuestos por la Justicia federal.
Vialidad Nacional: 17 meses sin aumentos
El caso de Vialidad Nacional es el ejemplo más crudo del método de asfixia que aplica la gestión de Milei. Los trabajadores viales tienen los salarios congelados desde octubre de 2024, acumulando una pérdida de poder adquisitivo del 50% en los últimos 17 meses.
A pesar de que la Justicia ordenó diagramar una mesa de diálogo para discutir haberes, el Gobierno evita cualquier negociación paritaria.
Aleñá insistió más de una vez en que “pretenden seguir dilatando la negociación mientras avanzan con el ajuste y los retiros voluntarios”.
Para la dirigente gremial, el objetivo es, justamente, “someter a los trabajadores viales a estar por debajo de la línea de pobreza con el solo objetivo de concretar un proceso de reestructuración más barato”.
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