jueves 24 de octubre de 2019
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Muy grave: denuncian que Larreta obliga a trabajadores estatales a militar su campaña electoral, bajo amenaza de despido

La gestión del Gobierno de la Ciudad los «convoca» a través de un mail y los cita para diferentes actividades. Les toma lista y las camufla de militantes. Desde repartir volantes de Juntos por el Cambio hasta la asistencia a actos de campaña.

A días de las PASO, se conoció que empleados del Gobierno de la Ciudad son obligados por funcionarios a participar de volanteadas, timbreos, charlas con vecinos, call centers y actos políticos de campaña, bajo amenaza directa de despido. A la denuncia también se plegaron los integrantes de la lista Blanca Violeta GranATE, quienes corroboraron la situación.

«Es una práctica ilegal. La ley Nº 25.164 establece la prohibición para los empleados y funcionarios públicos de ‘valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política’ (artículo 24 inciso “e”), señalaron las precandidatas a diputadas nacionales por el Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman y María del Carmen Verdú.

Compartimos la denuncia de la lista Blanca Violeta GranATE: el gobierno de CABA está obligando a les trabajadorxs del Estado a militar para Juntos por el Cambio bajo amenaza de despido:

Posted by En INTI no sobra nadie on Thursday, August 1, 2019

«Según los testimonios recabados, ésta práctica es sistemática y está extendida en todo el Estado porteño. Lejos de lo que el gobierno de Cambiemos sostiene, la participación no es de carácter voluntario: a los trabajadores que se niegan a participar de la campaña de Juntos por el Cambio se les pide la renuncia», denunció Verdú.

Por su parte, Bregman señaló: «La dirección de los sectores obliga a anotarse en actividades electorales a empleados y si no lo hacen, se les asigna igualmente un día y horario para volantear».

Verdú, a su vez, explicó: «La amenaza de despido a quienes no acatan es directa, se aprovecha la condición de precariedad de los contratados para extorsionar con la continuidad del puesto».

La denuncia es también una muestra de las condiciones laborales existentes en la Ciudad: «No forman parte de la planta permanente ni transitoria, pero cumplen las mismas tareas, se les exige fichaje biométrico y cumplen órdenes, muchas veces con un pago menor al de sus compañeros en planta permanente, sin goce de vacaciones y con un empleador que no se hace cargo de las cargas sociales», denunció Bregman.

Las abogadas señalaron asimismo: «Lo cierto es que es una práctica ilegal, la ley Nº 25.164 establece la prohibición para los empleados y funcionarios públicos de ‘valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política’ (artículo 24 inciso “e”)».

Para finalizar, ambas precandidatas consideraron que «esta situación representa también un desvío de los fondos públicos estatales para fines particulares de campaña política y se constituye como una práctica totalmente avasallante sobre los derechos y la libertad política de cualquier persona».

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