Movimiento antibloqueos afirmó que en 2022 se produjeron 53 acciones frente a las empresas
El espacio informó que se produjeron conflictos en 11 provincias, protagonizadas por 18 gremios, comenzando por Camioneros. Crecieron además las denuncias contra sindicalistas.
El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) informó que se registran que el año pasado llegaron a 53 los bloqueos realizados por 18 gremios que se desempeñan en 24 actividades distintas en 11 provincias.
Los datos de este grupo que se hizo famoso por enfrentar las medidas sindicales incluyen un importante aumento de las denuncias penales contra estas medidas, que tuvieron en el conflicto lechero de la provincia de Buenos Aires uno de sus puntos más tensos.
De los 53 bloqueos registrados por el MEAB el año pasado, 19 fueron protagonizados por el Sindicato de Camioneros en todo el país. Le siguen en el ranking, con 3 bloqueos, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos (SOESGPyLA).
En la lista hay sindicatos con uno o dos bloqueos, como la UOCRA, Carga y Descarga, ATILRA, Carne, Panaderos, Petroleros, Químicos y Plásticos, entre otros.
Santa Fe lidera la nómina de provincias donde hubo más bloqueos, con 5 de esas protestas, y luego se ubican la provincia de Buenos Aires y Chaco, con 4. Y el sector de logística fue el más afectado por las medidas sindicales, con 8 bloqueos, seguido por las distribuidoras, con 5, y el comercio, con 4.
Más denuncias
Otro dato relevante para el MEAB es su crecimiento constante: surgió en mayo de 2021 con el impulso de 18 pymes que se agruparon en todo el país para resistir los bloqueos y brindar ayuda a sus pares en conflicto, en agosto pasado llegaron a 122 y hoy ya suman 259.
«Es un montón. Lo que pasa es que incorporamos cámaras que aglutinan a unas 30 empresas. Armamos un Zoom con todas, les damos un panorama sobre nuestra manera de actuar y el protocolo que se aplica en caso de que lo necesiten. Pero ya el simple hecho de que el empresario pierda el miedo y se plante diferente ante el bloqueo implica otra respuesta. Cuando antes venía la mafia y te veían asustado, no sabías qué hacer», dijo la titular de la entidad, Verónica Razzini.
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«Tampoco nadie te ayudaba, ni la policía ni los ministerios. Hoy no necesitamos eso porque los protocolos permiten que nos defendamos solos, siempre con la ley en la mano. A veces los resultados tardan un poquito más, pero tenemos cada vez más herramientas», agregó.
Gracias a la estrategia judicial de esta organización de pymes, en agosto pasado difundieron un balance impactante de un año de actividad antibloqueo: había hay 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y una veintena que irá a juicio en unas 30 protestas extorsivas en casi todo el país.
Hoy, sólo quedan dos detenidos (el líder del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y el dirigente Fernando Espíndola) y en las causas que irán a juicio oral donde pedirán que haya juicio por jurado y que las audiencias sean televisadas y con presencia de público. «Mientras más transparente sea el proceso, mejor para todos», afirmó la abogada Florencia Arietto.
Contra Moyano
Arietto anticipó que pedirá que vaya a juicio el líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, porque «es la cabeza de una estructura de poder vertical que emite la orden del bloqueo», en donde hay otros jefes gremiales que están imputados en causas vinculadas con esas protestas extorsivas.
Entre ellos, Omar Pérez, secretario de Políticas de Transporte de Camioneros, un hombre clave en la estructura de Moyano, y Omar Dutrá, secretario de Logística del gremio, acusados por el bloqueo contra la empresa Andar Transportadora para reclamar una deuda con el sindicato de la que, según la Justicia, «no surgen elementos que permitan justificar la legitimidad».
Con pedidos de elevación a juicio existen otras causas por bloqueos sindicales. Una de ellas es la de Química Oeste, una pyme de la familia Dos Reis, de la localidad de Esteban Echeverría, que fue paralizada durante varios días en mayo pasado por el Sindicato de Camioneros, que reclamaba el encuadramiento de trabajadores afiliados a Comercio. El conflicto terminó con despedidos por participar de las medidas de fuerza y una causa penal contra ex empleados y un dirigente gremial.
Otro de los casos que llegará a juicio oral es el de los bloqueos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) contra la empresa Expreso del Oeste, en La Matanza, que tuvieron lugar en 2021 y por los cuales habían sido detenidos 7 gremialistas por delitos como extorsión, amenazas coactivas y asociación ilícita.
En la protesta fue golpeado y amenazado uno de los dueños de la compañía, Esteban Falcigno, y en los allanamientos dispuestos por la Justicia encontraron un arsenal en la casa de uno de los dirigentes. Los sindicalistas fueron liberados por decisión de la Cámara de Apelaciones al considerar que no existió una asociación ilícita, aunque siguen procesados y elevados a juicio.
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