Pese al no de los marítimos, se oficializó la polémica Ley de Cabotaje de Sturzenegger

Ya entró en vigencia la desregulación marítima y fluvial. Para los sindicatos del sector, “sólo beneficia a las empresas extranjeras”.

A pesar del fuerte rechazo gremial y de las protestas y movilizaciones realizadas recientemente, el Gobierno nacional oficializó la polémica Ley de Cabotaje impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que desregula el transporte marítimo fluvial en nuestro país.

Los sindicatos del sector se habían opuesto terminantemente a la iniciativa por considerar que “sólo beneficia a las empresas extranjeras”, además de poner en riesgo miles de fuentes de trabajo.

Sin embargo, este lunes el Ejecutivo nacional publicó en el Boletín Oficial el Régimen de Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE), que será la nueva normativa que buscará desregular la actividad y bajar los costos. Además, el decreto 37/2025 estableció que la Prefectura Naval Argentina (PNA) será la autoridad que fiscalizará el cumplimiento del régimen.

Ley de Cabotaje: principales cambios del REGINAVE

De este modo, la administración de Javier Milei avanza en su objetivo de conferir al sector “un mayor dinamismo, simplicidad y operatividad, para que los usuarios accedan a sus requerimientos sin cargas ni dilaciones innecesarias”. Para ello, suprimirá la tramitación de autorizaciones y aprobaciones que resultan “redundantes”.

La resolución está firmada por Sturzenegger y por Patricia Bullrich, titular del Ministerio de Seguridad, quienes presentaron el régimen desregulatorio durante un acto en Puerto Madero a finales de noviembre.

Los principales cambios que establece son los siguientes:

• Reconocimiento de principios generales de libertad económica y de contratación.
• Incorporación de estándares y certificaciones por Organizaciones Reconocidas y por Sociedades de Clasificación miembros de las IACS, lo cual permite liberar y simplificar el sector, respecto a: Construcción, reparación y modificación de buques.
• Elementos de los buques construidos en Argentina o en el extranjero.
• Establecer la validez general de las autorizaciones de Prefectura sin necesidad de autorización por cada zona.
• Creación de un régimen simplificado para la construcción y certificación de buques de menos de 100 T, con posibilidad de ampliarlo a más tonelaje. A partir de ahora las certificaciones la podrán hacer profesionales en el tema.
• Simplificación de régimen de matriculación y transferencia de buques: no va a ser más necesario el permiso del Estado para matricular o desmatricular un buque.
• Para las transferencias no va a ser más necesario pedir un libre deuda a cada agencia del Estado.
• Simplificación y actualización de cuestiones de personal.
• Principios de libertad de contratación, digitalización de trámites, y limitación a control de personal sólo por razones de seguridad.
• Extensión de la vigencia de las habilitaciones del personal de tierra (a cinco año o más).

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• La necesidad de baqueanos queda limitada a sólo cierto tipo de buques.
• Eliminación de obligación de contratar de serenos.
• Modernización del régimen de navegación deportiva.
• Delegación a Federaciones Náuticas para el otorgamiento de carnets.
• Extensión a 10 años de los plazos de vigencia de permisos.
• Habilitación a actividades comerciales con embarcaciones deportivas.
• En buceo profesional se establece también la validez de certificaciones internacionales, sin necesidad de homologación de la Prefectura.
• En explotación petrolera se establece la validez de certificaciones internacionales para dispersantes sin necesidad de homologación por la PNA.

Los gremios, contra la reforma de la Ley de Cabotaje

Hay que recordar que en los primeros días de este mes las organizaciones sindicales del sector realizaron una movilización a la plaza de los dos Congresos con el objetivo de repudiar la normativa y ofrecer “resistencia” a los ahora oficializados cambios en la Ley de Cabotaje.

En ese sentido, desde la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF) ya habían dejado en claro sus preocupaciones por las modificaciones, afirmando que se ponía en riesgo la soberanía nacional y los derechos laborales.

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Por su parte, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) consideró que la iniciativa “sólo beneficiará a empresas extranjeras en detrimento de la industria nacional”, al igual que afecta la protección de los trabajadores argentinos.

En consecuencia, había advertido que “no permitiremos que se desmantele nuestra marina mercante”, adelantando que de ser necesario activarían medidas de fuerza, algo que seguramente ahora ocurrirá.