Luego de la visita de la CGT a Olivos, se confirma la reforma de aportes para obras sociales

Fue un pedido de la mesa chica de la central obrera al presidente Alberto Fernández. El tema fue adelantado a las pocas horas por el ministro de salud Ginés González García a prestadores de la seguridad social. “Algunas obras sociales no deberían existir”, sostuvo el funcionario. A la espera de esos cambios, el gobierno confirmó un nuevo rescate a las entidades sindicales.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

En medio de la crisis policial y la polémica por la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, la CGT visitó al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. La mesa chica de la central obrera estuvo con el mandatario analizando el panorama actual, cruzado por la pandemia y estos temas coyunturales. Además de marcar un fuerte respaldo al gobierno, el encuentro sirvió para poner en la agenda común una cuestión que desvela a los dirigentes: las obras sociales. Golpeadas por la crisis sanitaria, las entidades recibieron en estos meses varios salvatajes, pero los gremios quieren resolver el problema de fondo: la sostenibilidad de la seguridad social. Para eso, los dirigentes tienen una propuesta: aumentar los aportes que hacen los trabajadores y las empresas para sus organizaciones.

Así lo plantearon en la reunión con Alberto Fernández, argumentando que la pandemia de coronavirus les genera una serie de gastos que no pueden afrontar. Casi al mismo tiempo, en un encuentro virtual con prestadores y empresas del sector de salud, dio por confirmado este tema. “Estamos conversando con la CGT un aumento de aportes de los trabajadores”, afirmó, y luego dejó una sentencia sobre los futuros pasos: “Muchas obras sociales no deberían existir”. Al otro día del encuentro con la CGT, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) confirmó un nuevo aporte financiero a las entidades.

Como contó Gestión Sindical, el encuentro en Olivos estuvo encabezado por los dos secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Antonio Caló (UOM) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias). Este último es el principal referente en materia de obras sociales de la central obrera, y fue entre otros cargos titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo que maneja los fondos de las entidades sindicales.

Los dirigentes fueron recibidos por el presidente y una comitiva que no tuvo, sorpresivamente, al ministro de Salud entre sus participantes. Si estuvieron Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos; su par de la Presidencia, Julio Vitobello, y el jefe de asesores, Juan Manuel Olmos. La propuesta de la CGT es pasar del 3 al 4 por ciento los aportes de cada trabajador que se descuentan del sueldo bruto y del 6 al 7 por ciento los del empleador, llevando al 11 por ciento los aportes a la seguridad social.

El pedido se viene repitiendo desde hace un tiempo, ante los problemas de financiamiento que sufren las obras sociales. Otro pedido que lleva años es la de aumentar el aporte que se hace para la atención de monotributistas, uno de los “agujeros negros” de la seguridad social.

Casi al mismo tiempo que se oficializaba el pedido, el ministro González García encabezó un encuentro virtual con prestadores, referentes de la medicina privada y de la industria farmacéutica, donde prácticamente oficializó la reforma, y dejó algunos conceptos respecto de este tema.

Según puso saber Gestión Sindical, en este encuentro adelantó algunos de los pasos pensados en materia de seguridad social. En ese contexto, remarcó que la seguridad social “tiene una tremenda desfinanciación, que este año la compensamos con aportes que se le debían al sistema”.

“La CGT está proponiendo un aumento de los aportes (de trabajadores y empresas). Nuestros estudios muestran que esto hace que mejore el sistema, pero no es suficiente, por eso estamos pensando en cambios estructurales. Hay muchas obras sociales que sabemos no deben existir”, dijo el ministro en esta presentación con prestadores. Sobre los monotributistas, admitió que “son difíciles de explicar, y hay que corregir”, por lo cual se comprometió a tomar medidas “a largo plazo”. El objetivo final es lograr que “volvamos a lograr un sistema solidario, sin tantos subsidios cruzados”.

González García viene trabajando en paralelo con la pandemia otras cuestiones vinculadas al financiamiento del sistema sanitario. El ministro busca evitar que la cobertura de nuevos tratamientos y la ampliación del programa Médico Obligatorio (PMO), el paquete de prestaciones básicos para la seguridad social, desfinancien a obras sociales y prepagas.

Un caso que se dio en este tiempo fue la Ley de Fibrosis Quística, que impulsó el bloque de senadores del Frente de Todos, y que el funcionario cuestionó por “impracticable”. La norma, presentada por la senadora Anabel Fernández Sagasti y apoyada por el kirchnerismo, fue cuestionada por González García, quien en su exposición en la Comisión de Salud de la cámara alta consideró que “si bien la ley tiene la intención de proteger a las personas de esta manera, es una ley con inequidad porque es una ley exigible y aplicable a la estructura del sistema nacional: es decir, quedan fuera de la ley las obras sociales provinciales y, por supuesto, los que no tengan obras sociales de ninguna especie”.

La norma finalmente se aprobó, pero en la reglamentación el ministro incluyó la posibilidad de la cobertura de medicamentos genéricos contra la enfermedad, buscando evitar el impacto de los tratamientos –importados y con valores en dólares –genere problemas en la seguridad social.

A la espera de estos cambios, el viernes el gobierno oficializó un nuevo rescate para las obras sociales, en especial a aquellas entidades que tuvieron una caída en sus recursos. Mediante la resolución 1070/2020, la SSS estableció otorgarle “un apoyo financiero de excepción” a las entidades “que hubieran sufrido una caída en la recaudación durante el mes de agosto de 2020, con relación al mes de marzo de 2020, para garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud durante la vigencia de la pandemia de Covid-19, así como el pago en tiempo y forma a los prestadores, indispensables para la continuidad de la atención de los beneficiarios”.

La resolución, a la que tuvo acceso Gestión Sindical, estableció que los recursos se definirán a partir del resultante “de la diferencia entre la suma de recursos percibidos por aportes y contribuciones previstos en el artículo 16 de la Ley 23.660 y aportes del artículo 39 de la Ley 24.977 durante el mes de marzo de 2020, y la recaudación percibida durante el mes de agosto de 2020”.

En este nuevo rescate, la entidad más beneficiada fue la obra social que mayores aportes del Estado recibirá es la del personal del turismo, hotelero y gastronómico de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros y Gastronómicos, con unos 141.678.854 pesos. En segundo lugar, se ubica la obra social de petroleros privados, que recibirá 39.180.978 pesos; y en tercer lugar, la obra social del personal de la construcción (OSPECON), a la que la resolución le otorgará unos 35.989.355 pesos.