Paro docente de universitarios: qué pasará el jueves y el viernes, y qué se está armando para el 2 de octubre

El paro docente por 48 horas convocado por los gremios universitarios será la antesala de una nueva marcha masiva.

El veto ya anunciado del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, junto con el escaso presupuesto asignado para 2025, generaron una fuerte reacción por parte de las autoridades académicas, sindicatos y estudiantes, que comenzará a manifestarse con el paro docente de esta semana, camino a la nueva marcha universitaria del 2 de octubre que los docentes universitarios esperan que sea masiva.

Estos sectores ya han organizado diversas medidas de protesta para esta semana, los días jueves y viernes, además de planificar una gran movilización masiva para principios de octubre y que el reclamo sea aún más visible.

Por un lado, los gremios de docentes y personal no docente convocaron a un paro nacional este jueves 26 y viernes 27 con el fin de visibilizar la grave situación.

En paralelo, se está organizando una manifestación universitaria que busca igualar la magnitud de la realizada el pasado 23 de abril, donde miles y miles de persona se reunieron en el centro porteño e inundaron las calles.

Del paro docente a la marcha

Esta marcha, convocada por universidades, sindicatos y centros de estudiantes, tendrá lugar la primera semana de octubre. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya realizó una reunión, con saldo positivo para avanzar a toda costa con la protesta que prometen que será totalmente multitudinaria, con el respaldo de la CGT, algo que destacan, según le consta a Gestión Sindical.

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Asimismo, el viernes se llevarán a cabo diversas actividades de visibilización en todo el país, y los rectores difundirán un documento consensuado.

Si bien existieron rumores de que no se llevarían a cabo las protestas por un posible acuerdo del Gobierno, desde FEDUBA le confirmaron a este medio que no hay propuestas oficiales y que el jueves y viernes realizarán el paro.

Rectores y alumnos, claves en el paro docente

Piera Fernández De Piccoli, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), afirmó: «Solicitaremos al Congreso que defienda a la universidad pública, que vote en favor del futuro de millones de estudiantes que hoy enfrentan una situación de gran incertidumbre, al igual que los docentes y no docentes”.

Los rectores de universidades de todo el país también están en contacto con los legisladores de sus respectivas provincias para pedir que no acepten el veto presidencial que tanto quiere imponer Javier Milei.

Aunque la tarea no será para nada fácil, tienen algunas esperanzas debido al impacto que una decisión de este tipo tendría en las regiones. De las 115 universidades en el país, 63 son públicas y concentran el 80% de los 2 millones y medio de estudiantes.

«Que no se vayan a comer un asado»

Federico Montero, secretario de Organización de CONADU, destacó: «Esperemos que insistan con el proyecto que votaron y no se vayan a comer un asado a Olivos”, en clara alusión a la última reunión del presidente con su bloque en la quinta presidencial.

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La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada recientemente por el Congreso, declara la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para 2024, además de actualizar las partidas del Presupuesto 2023, prorrogado por el Gobierno de La Libertad Avanza.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la implementación de esta ley tendría un impacto fiscal del 0,14% del PBI, un porcentaje que el presidente no está dispuesto a asumir. Montero advirtió que tanto la ley como el presupuesto asignado están «agudizando la crisis», señalando que el presupuesto propuesto para 2024 profundiza el recorte, disminuyendo su proporción con respecto al PBI.

El Senado envió el texto de la ley a la Secretaría Legal y Técnica, lo que dio inicio al plazo de diez días hábiles para que el Ejecutivo decida si veta o no la normativa.

Milei ya ha afirmado en más de una oportunidad su intención de vetar la ley. Incluso en redes sociales, respondió a un comentario del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, reafirmando su postura con un contundente «Veto total«.

El presupuesto de 2025, además, incluye tres artículos que impactan negativamente en la educación pública.

Estos reducen drásticamente las partidas solicitadas por las universidades, otorgan al Ejecutivo el poder de interrumpir las transferencias de fondos si las universidades no cumplen con ciertos requisitos de información y suspenden la Ley Nacional de Educación, que garantiza una inversión mínima del 6% del PBI para el sistema educativo.