Listas negras: ATE advirtió el peligro del Registro de Delegados Gremiales que creó el Gobierno
Desde ATE mostraron que puede ser una herramienta para despedir ex representantes sindicales. El gremio adelantó que irá a la Justicia.
Junto con el DNU 340/25 en el que el Gobierno nacional declaró la esencialidad de prácticamente todas las actividades para impedir el derecho a huelga, surgió otra iniciativa polémica ya formalizada por el Ejecutivo: la creación de un registro de delegados en el Estado nacional. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que la medida supone una exposición para posibles represalias contra representantes gremiales cuando dejen de serlo y pierdan los fueron sindicales.
“Claramente es una amenaza”, dijo el delegado de ATE en el INDEC Raúl Llaneza. Además, remarcó que la medida es “ilegal” y adelantó que realizarán una presentación judicial contra su puesta en marcha, remarcando que lo que se busca es crear “una lista negra” contra los dirigentes estatales.
En ese sentido, Llaneza señaló que se trata de un hecho que “lleva preocupación a quienes representamos a los trabajadores públicos, que tenemos esa tarea”. Y remarcó que el Estado sabrá, entre otras cosas, cuando un delegado deja de tener fueron sindicales, considerando que lo que busca es “amedrentar, generar miedo”.
ATE: “Ataques al colectivo de los trabajadores”
El representante sindical en el INDEC señaló que “es una política de este gobierno atacar los derechos colectivos de los trabajadores, como ya hizo con el intento de limitar el derecho a huelga, o eliminar las indemnizaciones. Son todos ataques al colectivo de los trabajadores”.
Y recordó el caso de Rodolfo Aguiar, titular nacional de ATE, quien fue amenazado de muerte por un referente libertario: “Un pico de la violencia ejercida”.
El Gobierno se mete en las elecciones sindicales
En el mismo decreto está incluida otra determinación que tiene que ver con la forma en la que se pueden hacer las elecciones en los gremios: el Gobierno busca desregularla, sacándole poder a la Secretaría de Trabajo.
Rodolfo Aguiar, de ATE: «El Gobierno nos tiene que devolver toda la plata»
El denominado Registro Centralizado de Delegados Gremiales de la Administración Pública Nacional se creó mediante la resolución 34/25 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y se acompaña de dos anexos que reglamentan paso a paso el control estatal sobre los sindicatos del sector público.
Entre las disposiciones más importantes se destaca que las elecciones de delegados “sólo serán válidas si el sindicato acredita al menos un 10 por ciento de afiliación respecto de la dotación del organismo público”.
Además, los candidatos, así como los electos, “no gozarán automáticamente de tutela gremial”. El Estado evaluará “si cumplen con los requisitos de la Ley 23.551 y podrá rechazar su inscripción y protección sindical si considera que exceden cupos o incumplen condiciones”.
Se estableció también que cada organismo estatal “deberá informar, dentro de las 24 a 48 horas, toda acción judicial en la que se invoque tutela gremial, incluso aquellas en las que el propio Estado intente excluir dicha protección”.
Esto implica una centralización de los conflictos laborales en manos del Ejecutivo. En caso de que el dictamen oficial rechace una elección, se instruirá a la jurisdicción a impugnar el proceso sindical ante la Secretaría de Trabajo.
Registro de Juicios
El polémico registro incluye una segunda lista, denominada Registro de Juicios, en los que se invoca tutela gremial, lo que implica que cada elección, cada lista de candidatos y cada juicio vinculado con protección sindical deberá pasar por el análisis y dictamen del Ejecutivo.
La medida se inscribe en un contexto más amplio de avances contra los derechos laborales y gremiales, donde la tutela sindical -garantía constitucional para la defensa colectiva de los trabajadores- queda condicionada a la aprobación de un registro oficial.
En resumen, representa “una intervención directa del Estado empleador sobre la vida interna de los sindicatos del Estado”, contrariando el principio de autonomía sindical consagrado en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, se institucionaliza “un mecanismo de control sobre las garantías gremiales que puede derivar en represalias o disciplinamiento de dirigentes incómodos”. Desde ATE adelantaron que van a presentar una denuncia judicial.
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