22 de Noviembre
de 2024
Actualidad.

Las trabajadoras sexuales continúan su lucha desesperada por una ley que las proteja

05. 06. 2020

La pandemia expuso aun más la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Desde que empezó el aislamiento, la mayoría directamente no puede trabajar y no tiene para comer, pagar el alquiler. No muchas pudieron acceder al IFE y tampoco todas cuentan con la tecnología o los recursos para el sexo virtual. El gremio activó una campaña para recibir ayuda económica y organiza ollas populares, entre otras acciones. Buscan un marco legal les permita mejores condiciones, con aportes jubilatorios y obra social. Críticas a los sectores abolicionistas.

Por Claudio Garibotto

Discriminación. Marginalidad. Hambre. Abusos. Desesperanza. En esas cinco palabras puede definirse lo que viven las putas -como ellas mismas se llaman, así sin eufemismos- en la Argentina. Desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) luchan todos los días para mejorar sus condiciones laborales y lograr una ley que les dé un marco legal y mejores condiciones de trabajo, pero eso todavía parece estar muy lejos. El mayor problema, explican desde el gremio de trabajadoras sexuales, es que “el sistema abolicionista de nuestro país reconoce la existencia de la prostitución pero pugna por su desaparición, sancionando el proxenetismo o la administración del trabajo sexual ajeno. En este marco, el trabajo sexual no se encuentra reconocido como un trabajo ni cuenta con ninguno de los deberes y derechos que involucran al resto de las y los trabajadores”.

Sin embargo, desde AMMAR no se rinden y tienen preparado un proyecto de ley para ser presentado. “Seguramente recién lo podamos hacer el próximo año, porque ahora está todo parado por la pandemia. Pero no está fácil que nos escuchen y reconozcan”, dice Melisa de Oro, mujer trans y secretaria de diversidad del gremio. Aunque advierte de manera contundente: “Como pasa con el aborto, nuestra actividad en sí va a seguir existiendo siempre, ya sea de forma legal o clandestina. Y que quede claro que las putas no somos víctimas de los clientes, como se suele decir. Ese discurso es sólo para justificar la postura abolicionista”.

Diferenciación entre la repudiable trata y el trabajo voluntario

En ese sentido, las trabajadoras se preocupan en hacer una clara diferenciación entre quienes eligen formar parte de AMMAR y deciden trabajar y ofrecer un servicio relacionado con el mercado sexual, con las mujeres que ejercen la prostitución como resultado de casos de explotación. “En el país está demostrado que no hay más del 1% de situaciones de explotación. Pero el no diferenciar nuestra situación, es conveniente para quienes buscan, en definitiva, que no existamos”, dice Melisa, quien además cuenta con la particularidad de ser la primera maestra trans en la historia del país.

La pandemia empeoró todo

Si la situación para las trabajadoras sexuales siempre es muy dura, la pandemia agravó todo mucho más. Desde que empezó el aislamiento la mayoría directamente no puede trabajar y no tiene para comer, pagar el alquiler ni sostener a sus hijos. “Desde el gremio luchamos para conseguir algunos bolsones de comida o el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que por suerte algunas chicas lo pudieron cobrar”, cuenta Melisa. Además, AMMAR comenzó desde el inicio de la cuarentena una serie de jornadas de ollas populares y limpieza de hoteles residenciales para ayudar a su colectivo. Y organizó una campaña para recibir ayuda económica por depósito bancario o transferencia (www.ammar.org.ar).

Otra consecuencia del coronavirus fue el crecimiento del sexo virtual, a través de modalidades como el sexting, las videollamadas o la venta de fotos eróticas. Pero eso no es algo que esté al alcance de todas las mujeres, porque muchas de ellas no tienen teléfono o acceso a internet, o no saben manejarse muy bien con las tecnologías y las redes sociales, especialmente las trabajadoras sexuales mayores.

A pesar de lo difícil de la situación, desde AMMAR nadie se rinde y siguen luchando por lograr un marco legal que les permita trabajar en mejores condiciones y contar, además, con aportes jubilatorios y obra social. Como explican desde el gremio, “simplemente somos trabajadoras que queremos los mismo derechos laborales de todas las personas”.

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