Las CTA de Yasky y Godoy exigieron la libertad de Alesia Abagair y preparan una movilización
Las dos CTA acompañarán a los médicos del Garrahan y a los docentes y estudiantes universitarios, tras los vetos de Milei.
Las centrales obreras se manifestaron contra la detención arbitraria de Alesia Abagair y otras dirigentes tras el escrache a Espert.
Las CTA de Hugo Yasky y Hugo Godoy exigieron en forma conjunta la liberación de Alesia Abagair y otras dirigentes del peronismo que fueron detenidas de manera arbitraria en una reacción destemplada del Gobierno tras un escrache al economista y diputado libertario José Luis Espert.
La CTA de los Trabajadores de Yasky y la Autónoma de Godoy siguen transitando un proceso de unidad, encarando acciones en conjunto. En esa línea, cuestionaron las detenciones que se realizaron por el caso Alesia Abaigar, la dirigente peronista que protestó frente a la casa de José Luis Espert.
Abaigar terminó detenida en el penal de Ezeiza y también fue arrestada Eva Mieri, presidenta del bloque de Concejales de Unión por la Patria de Quilmes y secretaria general del Partido Justicialista de Quilmes, junto con otras representantes del espacio. Hasta este miércoles por la noche todas permanecían incomunicadas en un procedimiento violatorio de las garantías constitucionales.
«Inmediata liberación»: el reclamo por Alesia Abagair
“Desde las CTA repudiamos y denunciamos estos procedimientos ilegales que, al igual que la condena a Cristina Fernández de Kirchner, implican una clara persecución política y judicial, que se ensaña con las compañeras que luchan por la justicia social», expresaron desde las centrales obreras.
«El accionar de la jueza está convalidando el desconocimiento de las garantías básicas del Estado de derecho para sustentar la escalada represiva que promueven el presidente Milei y la ministra Bullrich, lo que nos coloca en una situación de gravisimo atentado contra la democracia”, agregaron.
Y exigieron “la inmediata liberación de las compañeras, presas políticas del regimen autoritario, y el cese de la persecución de quienes estamos alzando la voz contra esta política que saquea y hambrea al pueblo argentino”. No se descartan que en las próximas horas convoquen a una manifestación por la liberación.
El caso Vialidad
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (Stvyara), que lidera Graciela Aleñá y nuclea a los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, fue otro de los colectivos sindicales que se expresó públicamente con la actualidad.
Precisamente, apuntó contra el gobierno por licuar salarios pero también contra los gobernadores, que piden que el impuesto a los combustibles líquidos se transfiera directamente a las provincias para su libre administración.
Desde el gremio, solicitaron que reconsideren la propuesta firmada y alertaron sobre el riesgo de desmantelar todo el sistema vial produciendo “la fragmentación de una política pública esencialmente federal”.
El desilusionado reclamo de la CGT a Milei: «¿Esto prometió?”
De esta manera, cuestionaron técnicamente el proyecto de los mandatarios y sostuvieron: “Tal como establece la Ley N° 505/58, Vialidad Nacional es el organismo rector de la actividad vial en todo el territorio de la República Argentina, función que ejerce en coordinación con el Consejo Vial Federal, integrando capacidades técnicas, estratégicas y operativas con el fin de desarrollar una red vial federal que garantice la conectividad, la seguridad y el desarrollo armónico del país”.
Asimismo, advirtieron que, si bien la decisión de provincializar el uso de esos fondos “puede tener una motivación legítima” desde las necesidades locales, puede “comprometer la planificación estratégica nacional, poniendo en riesgo la coherencia territorial del sistema vial argentino”.
En la misma línea, también detallaron que Vialidad Nacional cuenta con “infraestructura, personal técnico especializado y equipamiento distribuido en todas las provincias, lo que permite ejecutar obras de forma eficiente, con criterios unificados y con la experiencia acumulada durante décadas”.
Y agregaron que el traspaso de estos fondos directamente a las jurisdicciones implicaría “la duplicación innecesaria de estructuras provinciales, el desaprovechamiento de los recursos ya existentes y la consecuente pérdida de eficiencia en el uso del dinero público”.
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