Las CTA le avisaron al FMI que si el acuerdo con Milei sale por DNU corre riesgo de no cobrar nada
Junto con un numeroso grupo de organizaciones sindicales y sociales, notificaron al FMI y a la ONU de la ilegalildad del procedimiento.
Con la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma al frente, un numeroso grupo de sindicatos notificó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que el acuerdo que el Gobierno de Javier Milei pretende firmar con el organismo de crédito viola la Constitución y las leyes argentinas y por lo tanto podría ser considerado inválido.
A través de una carta expresaron que el acuerdo, «por su ilegalidad e ilegitimidad de origen, es susceptible de ser repudiado por las futuras administraciones», es decir que, si se firmara en las condiciones actuales, podría no ser pagado.
Entre los que firmaron la carta, dirigida al FMI y a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aparecen las dos CTA, la Federación Gráfica Bonaerense de Héctor Amichetti, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) con Juan Carlos Alderete, el Sindicato de Obreros Curtidores con el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa, la CGT Zona Oeste, la Federación Vial Nacional, el sindicato de trabajadores de televisión (SATSAID), el Movimiento Productivo 25 de Mayo de Juan Scioli, la Pastoral Social Evangélica con Guillermo Preim, y la Asociación Americana de Juristas de Claudia Rocca, además de muchos otros.
La nota también lleva la firma del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
La advertencia al FMI
Para todos los firmantes, lo que pretende el Gobierno elude el marco normativo nacional, con “el fin de evitar la discusión transparente, abierta y democrática”.
En primer lugar, dicen que el mecanismo intentado por el gobierno argentino resulta violatorio de lo dispuesto en los incisos 4, 7 y 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Asimismo, la Ley 27612, actualmente vigente, dispone con claridad que cualquier programa de financiamiento acordado con el FMI debe contar con la aprobación del Congreso de la Nación.
En ese sentido citan la Ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública (conocida como «Ley Guzmán«), que establece, en su artículo 2°, que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.
Por qué el DNU es judicialmente insostenible
Para las organizaciones, el Poder Ejecutivo acude “a la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia como forma de eludir el debate en el Parlamento”.
También, opinan que el abuso de esta herramienta “no admite matices”. Y citan que de acuerdo con el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, los decretos de necesidad y urgencia sólo pueden dictarse “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”.
“No es el caso en este momento en que el Congreso Nacional se encuentra en pleno funcionamiento”, agregan. Milei firmó el DNU por el endeudamiento con el FMI apenas dos días antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, por lo cual el supuesto motivo de su urgencia perdió sustento rápidamente, al volver a sesionar las dos cámaras.
Un acuerdo que viola el derecho internacional
En el orden del derecho internacional, para los firmantes, al imponer el acuerdo estrictos condicionamientos para las políticas públicas argentinas -algo que se presume, ya que ni el Gobierno ni el FMI difundieron los términos del acuerdo-, se “impiden garantizar los derechos humanos esenciales de nuestro pueblo, el mismo resulta violatorio de los dispuesto en el Artículo 1° del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
A su vez, recuerdan que en 2018 el Estado argentino y el FMI firmaron un acuerdo por el mayor monto otorgado por el FMI en toda su historia.
En aquel momento, el organismo de crédito desembolsó 44.500 millones de dólares que, junto a las reservas internacionales, abastecieron “una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los U$S 45,1 mil millones, una salida de capitales especulativos por U$S 11,5 mil millones y los servicios de la deuda (pública y privada) por U$S 36,9 mil millones».
«Lejos de contribuir a la estabilidad económica, el empréstito provocó un ciclo de recesión económica con una contracción del PBI del -2,5% en el 2018 y del 2,2 % para el 2019. La población en su conjunto continúa sufriendo las consecuencias de ello”, indicaron.
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