viernes 21 de septiembre de 2018
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La reforma laboral avanza en silencio con una ley que involucra a las obras sociales sindicales

El Senado ya analiza el proyecto de creación de una agencia de control de medicamentos, que determinará qué productos se cubren en la seguridad social y cuáles no. Los gremios apoyan la iniciativa, para evitar el desfinanciamiento de sus obras sociales. Especialistas alertan sobre conflicto de intereses y posibles presiones del sector farmacéutico. Las negociaciones avanzan y podría ser el primer paso para que se concrete la polémica reforma.

Diego Lanese / Especial para Gestión Sindical

En la previa al inicio del Mundial de Rusia 2018, distintos medios alertaron que una vez que las miradas estén puestas en el fútbol, el gobierno intentaría sacar algunas leyes que generan mucho rechazo por parte de la oposición y los gremios. Una de ellas es la reforma laboral, el proyecto que quedó trunco en diciembre del año pasado pero que se reformuló en tres proyectos de ley, que hoy están en el Senado. Uno de ellos avanza en silencio, se debate en comisiones y tienen buenas chances de aprobarse. Se trata de una iniciativa vinculada a las obras sociales sindicales, que crea una agencia de control de medicamentos e insumos médicos encargada de determinar qué tratamientos cubren y cuáles no, entidades.

Los especialistas alertan que esta herramienta debe estar libre de presiones, como las que pueden ejercer los laboratorios farmacéuticos. Además, reclaman que haya transparencia en sus mecanismos de funcionamientos. Para los gremios, los límites que imponga esta agencia en la cobertura pueden ayudar a evitar situaciones abusivas, y negocia con el gobierno su aprobación. Este sería el primer proyecto en una “hoja de ruta” trazada por el oficialismo que cuenta con el aval del FMI.

Esta semana fue la segunda ronda de consultas en el Senado para tratar la creación de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de Salud (AGNET), que es parte del paquete de leyes que integran la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional. Con la presencia de ex funcionarios de Salud, especialistas en materia sanitaria y representantes de laboratorios, los senadores escucharon opiniones sobre esta entidad, cuyo rol principal será determinar los medicamentos e insumos médicos que deberán ser incluidos en la cobertura de la seguridad social, que forman las obras sociales sindicales, las prepagas y el Estado (a través de la Cobertura Universal de Salud). Esta agencia tendrá que determinar que tratamientos tienen evidencia científica y cuál no para que los afiliados reciban.

Sus fallos serán vinculantes, es decir, que la justicia no podrá a través de amparos obligar a cubrir productos que la AGNET no apruebe. En este sentido, el proyecto original, al que tuvo acceso Gestión Sindical, sostiene que el organismo estará encargado de la “realización de estudios y evaluaciones de medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO)”.

Es decir, será quien determine cuáles prestaciones médicas serán cubiertas por el sistema de salud.

En las dos audiencias realizadas, el oficialismo escuchó primero al Ministro de Salud nacional Adolfo Rubinstein, y a ex funcionarios de la cartera sanitaria, incluyendo a su ex titular Daniel Gollan. Además, se presentó un representante de la industria farmacéutica nacional y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), además de especialistas en cobertura de salud y seguridad social. Desde el oficialismo insisten que la agencia se complementará con la CUS, el plan que lanzó para fortalecer la salud pública, y que evitará los abusos, ya que ahora muchos jueces dan espacio a recursos de amparos de personas para que sus obras sociales cubras tratamientos de alto valor y que no tienen aprobación o evidencia concreta de eficacia. Los detractores aseguran que no garantiza la universalidad de la atención, y recordaron que el proyecto es parte de una serie de recomendaciones por parte del Banco Mundial.

En un informe elaborado por la Fundación Soberanía Sanitaria también se hace hincapié en los efectos en el sistema de salud, y cómo esta agencia profundiza la reforma laboral del gobierno. “La AGNET limita la posibilidad del Congreso nacional de incluir nuevas prestaciones al PMO por ley”, alerta la entidad en su trabajo, al que tuvo acceso Gestión Sindical. El informe remarca que si la agencia reguladora ANMAT, hoy encargada de las autorizaciones, da el visto bueno de un producto pero posteriormente la nueva agencia no acepta incluirlo en el PMO, “será el paciente quien deba pagarlo de su bolsillo”.

Además, Soberanía Sanitaria dice que la agencia “estará administrada por grupos con claros conflictos de interés con los fines de la agencia, y se propone como una herramienta para limitar la posibilidad de realizar demandas judiciales a los prestadores y no como una forma adecuada de intervención del Estado para la regulación de los precios”.

“Resulta imprescindible garantizar la transparencia y calidad técnico-profesional de esta agencia para evitar que sea cooptada por intereses corporativos que desvirtúen sus objetivos y conlleven que responda a fines económicos más que a sanitarios”, concluyó el informe.

Además del tema sanitario, el proyecto tiene impacto en el sector sindical, no sólo porque forma por la rechazada reforma laboral, que en diciembre causó serios disturbios durante su tratamiento, y fue reconvertida en res leyes: la creación de la AGNET, un nuevo sistema de regularización de trabajadores y una ley sobre el sistema de prácticas formativas para estudiantes. Para los gremios, es importante que se limite la cobertura de tratamientos, ya que muchas entidades deben afrontar gastos millonarios por fármacos o prácticas –como las de células madres –que no tienen la suficiente evidencia científica y suelen ser experimentales, por lo que no están aprobadas en el país.

Esto es una de concesiones que acordaron la CGT y el gobierno nacional, y que permite que con cierto aval sindical la reforma actual avance. “Estará en manos de esta agencia la decisión de recortar la cantidad de demandas que las obras sociales y prepagas están obligadas a atender a partir de resoluciones judiciales”, aclara el informe de Soberanía Sanitaria respecto del rol que interesa, y mucho, a los gremios.

Luego de las dos jornadas de discusión en el Senado, fuentes consultadas admiten que hay aval para aprobar esta parte de la reforma. “Hay posibilidad de sacar un despacho de mayoría, ya que los gremios no interpusieron mayores reparos, todo lo contrario”, dijo una importante fuente parlamentaria ante la consulta de Gestión Sindical.

Además, remarcaron que la semana próxima podría llevarse a una sesión especial que el oficialismo quiere llevar adelante. La medida se completa con la liberación de fondos para las obras sociales sindicales que el oficialismo intenta llevar a la mesa de negociación con los gremios, algo que se sacó a relucir en la previa del paro nacional del 25 de junio, como forma de evitarlo, pero que ahora quedó congelado por la confirmación de la medida de fuerza.

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