La Justicia decretó la quiebra de OCA por $7.000 millones y peligran más de 6.000 puestos de trabajo

El correo privado enfrenta una situación crítica que afecta a miles de personas. Continuará operando hasta que tenga nuevo dueño. Una de las posibilidades que se vienen barajando es que OCA sea controlada por una cooperativa conformada por sus trabajadores y el gremio de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano.

La Justicia resolvió este lunes enviar a la quiebra a la firma postal OCA, que arrastra una deuda de $7.000 millones, gran parte de la cual corresponde a impuestos reclamados por AFIP.

La decisión corrió por cuenta del juez en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora Pablo Tejada.

Según la resolución, la quiebra establecida permitirá que continúe la actividad del correo privado, lo que servirá para mantener las fuentes de trabajo durante los meses siguientes, señalaron fuentes judiciales. Sin embargo, si no aparecen interesados en hacerse de la empresa, el futuro de las fuentes laborales se tornaría incierto.

El objetivo final de la Justicia es que la empresa encuentre un nuevo dueño mediante una subasta.

A fines de febrero pasado la Justicia tomó el control de OCA y activó un proceso de salvataje de la mayor operadora postal privada del país. Entonces, el juez Tejada activó un procedimiento de «cram down» para encontrar un comprador de la empresa. Pero hasta el momento no tuvo éxito, porque no sólo se trata de dar con un interesado de hacerse cargo de la operación, sino de que asuma todos los pasivos y problemas judiciales de la firma.

Según fuentes judiciales, el juez recibió dos propuestas ligadas al mismo dueño de OCA -Patricio Farcuh-, que fueron desechadas por no acreditar la solvencia necesaria para saldar las deudas de la compañía.

El plan Moyano

Ante esta situación, una de las posibilidades que se vienen barajando es que OCA sea controlada por una cooperativa conformada por sus trabajadores y el gremio de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano.

Según fuentes judiciales y corporativas, no hay chances de que algún grupo inversor decida quedarse con OCA si debe asumir una deuda que ronda los $7.000 millones, en su mayor parte reclamada por la AFIP, además de otros millonarios pasivos producto del desmanejo y de dudosas maniobras que vino llevando a cabo su ex dueño, Patricio Farcuh, durante los más de cuatro años en los que estuvo al frente de la empresa postal y que derivaron en la gran crisis que sufre actualmente, haciendo peligrar las fuentes de trabajo de casi 6.000 empleados.

El proceso abierto por la justicia de Lomas de Zamora cerró el concurso de acreedores el pasado 27 de febrero, y designó a tres interventores en reemplazo de Farcuh. Además, se garantizó al sindicato la continuidad de los puestos de trabajo «mientras dure el cram down y la eventual quiebra».

Esto obligó también al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a mantenerse al margen de su rol como regulador del mercado postal argentino, por lo menos en lo que respecta a la actividad de OCA.