viernes 19 de octubre de 2018
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La justicia acorrala a Vidal y la obliga a sentarse a negociar con estatales

Primero fue un fallo a favor de los docentes, para que sean nuevamente convocados a discutir paritaria. Ahora, los judiciales lograron que la justicia le reclame al gobierno que liquide la cláusula gatillo y pague los salarios ajustados a la inflación de este año. Sin lugar para negociar, el gobierno apela los fallos y se resiste a resolver las paritarias del Estado. Esta semana habrá un nuevo paro de los médicos del sistema público.

La semana pasada, un fallo de la justicia laboral obligó al gobierno de la provincia de Buenos Aires a convocar a salarios con los docentes, luego de casi 90 días novedades. Esto dejó el paro pensado por el Frente de Unidad para luego de las vacaciones de invierno en suspenso, hasta que se concrete la nueva reunión, prevista para el próximo 23 de julio. De esta forma, la orden judicial empujó a María Eugenia Vidal a romper su silencio, y a realizar una nueva oferta salarial, que si no alcanza los niveles que desean los maestros –ya se habla de una suba del 30 por ciento –terminará con una nueva medida de fuerza. Esta semana, el modelo de intervención judicial se repite, esta vez con los judiciales, que lograron que se ordene a la gobernadora que aplique la cláusula gatillo para los salarios de los empleados de la justicia. De esta forma, Vidal sufre un nuevo revés, y deberá comenzar a pagar con aumento los salarios del sector.

Así, los fallos terminan obligando al gobierno a resolver una paritaria estatal estancada, que hasta ahora apenas está cerrada con algunos gremios “aliados”. En tanto, esta semana los médicos volverán a realizar un paro de actividades, ante la falta de una nueva oferta salarial. Entre los estatales, un decreto nacional que termina con los convenios con universidades abre la perta a nuevos despidos, y puso a los sindicatos en estado de alerta.

El nuevo revés judicial sufrido por Vidal vino por un reclamo de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que reclamó que se aplique la cláusula gatillo este año, a la espera de un acuerdo salarial. El viernes pasado, el Tribunal de Trabajo N°3 de La Plata emitió un fallo donde le dio la razón al gremio, y exigió que la administración provincial comience a pagar los salarios ajustados a la inflación que mide el INDEC. “Nuestro planteo fue que se aplique la cláusula gatillo del 2017, firmada en la paritaria de ese año. Lo que pedimos es que se haga extensiva a este año”, le explicó a Gestión Sindical Roberto Cristófano, dirigente de la AJB.

Por el momento, los judiciales están cobrando un aumento a futuro del acuerdo 2018 del 7 por ciento. Si el gobierno cumple el fallo –se estima que al igual que sucedió con otras órdenes de la justicia se apelará la medida –debería pagar la diferencia con la inflación oficial. “Hoy tenemos una inflación del 15, 15,5 por ciento. De cumplir la orden judicial deberían pagar un 7 y pico más, sin contar la inflación de junio, que saldrá esta tarde”, agregó Cristófano.

El fallo del Tribunal que integran los jueces Carlos Tomás Gramuglia, Liliana Noemí Badi y Enrique Catani, ordenó además al Ministerio de Trabajo provincial que “proceda a la reapertura y continuidad de la negociación sobre el reajuste salarial de los empleados judiciales para el año en curso, para lo que deberá convocar a las partes, quienes deberán negociar en un marco de buena fe”. En llano, los jueces le advirtieron al Gobierno que “sentarse a la mesa no alcanza si no se verifica una activa posición de las partes al proponer fórmulas eficaces para generar ese acuerdo”. Una sentencia que se vuelve más potente a la luz del “reto” que la propia Corte Suprema le dirigió al Ejecutivo hace una semana. En La Plata, fuentes cercanas al gobierno de Vidal aseguran que la medida judicial será apelada en breve.

Como pocas veces en los últimos años, terminado el primer semestre del año las paritarias del estado provincial siguen sin resolverse, y por el momento parece que no hay una posibilidad cierta de llegar a un acuerdo. Los judiciales, por ejemplo, no reciben hace varias semanas una nueva oferta, luego de la suba del 15 por ciento en cuatro tramos que llevó el oficialismo a la mesa de negociaciones.

Luego de varios paros y un plan de lucha activo, no tienen fecha de nueva reunión, y luego de la feria judicial se especula que puede haber nuevas protestas. En tanto, los docentes esperan que la reunión forjada por otro fallo para el 23 de julio termine de destrabar el conflicto. “De no haber una oferta superadora que atienda las demandas, no comenzarán las clases luego del receso escolar, según lo mandatado por los docentes”, informaron los dirigentes del Frente de Unidad Docente en conferencia de prensa. Por lo bajo, ya adelantaron que reclamarán una suba cercana al 30 por ciento, que es la proyección inflacionaria que se espera para el país, de acuerdo a los sondeos privados.

En el sector salud, en tanto, los médicos enrolados en el gremio CICOP realizarán este jueves un paro de actividades, ante la falta de una nueva oferta salarial, y para denunciar la “crisis sanitaria” que se vive en la provincia de Buenos Aires. Los profesionales alertaron que en medio del brote de bronquiolitis y otras enfermedades respiratorias, el Ministerio de Salud “está paralizado”. “No tienen respuestas para los grandes temas de la salud pública, tuvieron que retroceder el ajuste que quisieron imponer en el hospital El Cruce, y de la mano de Nación siguen transfiriendo recursos del sector público al privado”, denunciaron ante Gestión Sindical dirigentes de la flamante conducción del gremio.

Las nuevas autoridades de CICOP (hubo un enroque entre la actual presidenta Marta Márquez y el presidente saliente, Fernando Corsiglia, en las pasadas elecciones) confirmaron el paro provincial con movilizaciones para el próximo jueves, que se repetirá el 25 de este mes.

Por último, en el sector estatal hay preocupación por las últimas medidas a nivel nacional, tomadas por el gobierno de Mauricio Macri, que podrían tener repercusión en el empleo estatal bonaerense. En concreto, el decreto 230, que suspende los ingreso a planta del Estado. Esto además elimina los convenios con universidades nacionales y con fundaciones, y puede hacer caer miles de contratos.

Fuentes del gremio ATE le dijeron a Gestión Sindical que ya en 2016 Vidal firmó un decreto similar, que puso en peligro 15 puestos de trabajo. Muchas dependencias del Estado contrata personal a través de este tipo de convenios, que sirvieron para saltearse la emergencia administrativa, que rige hace un tiempo en la Provincia. En este sentido, hay varias dependencias que esperan que en los próximos días haya novedades respecto al impacto de la medida en el Estado bonaerense. “No esperamos nada bueno”, concluyeron.

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