miércoles 17 de octubre de 2018
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La conflictividad laboral aumentó un 77% en tan solo un mes

La mayor parte de las causas de la protestas tienen que ver con la negativa del Gobierno a reabrir paritarias, tanto en el sector público como privado. Le siguen los conflictos por condiciones de trabajo y despidos. Provincia de Buenos Aires y Capital Federal al tope de la lista de los reclamos. Los datos se desprenden de un informe del Centro de Economía Política Argentina.

El informe de Conflictividad Laboral del mes de agosto elaborado por Centro de Economía Política Argentina (CEPA) da cuenta de un fuerte incremento de la cantidad de conflictos, en un 77%, respecto de julio. Los conflictos laborales del sector público tienen un aumento del 212% (la mitad explicados por conflictividad en el orden provincial), mientras que los conflictos del sector privado aumentaron un 10,6%.

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“Casi el 75% de las causas de la protesta en el sector público estuvieron relacionadas con reapertura de paritarias y cuestión salarial en general, seguidos en 10,7% por condiciones de trabajo y 9,7% por conflictos por despidos. Al interior de los reclamos salariales, aproximadamente el 80% son exigencias de reapertura de paritaria, y sólo el 15% atraso en el pago de salarios. En la metodología de protesta fue predominante el paro, con y sin movilización, que representó el 65% de los conflictos. Luego, la movilización representó el 21%”, asegura el texto del informe.

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Respecto de los conflictos de los trabajadores con empresas del sector privado, el relevamiento durante el mes de agosto mostró que los conflictos se incrementaron un 10% respecto al mes anterior. La mayor proporción la explican los conflictos en la industria, con el 36% del total. Con situación similar a junio, las dos causas centrales de conflictividad laboral respondieron a despidos y suspensiones (cerca del 40%) y reclamos salariales (34%), en este orden.

“Al observar los conflictos por despidos, vemos que el 32% de los conflictos se produjeron en el sector industrial, el 28% de los conflictos por despidos fueron en el sector minero y energético y el 17% de los conflictos por despidos se produjeron en empresas comerciales”, continúa el texto del CEPA.

Al analizar la metodología de la protesta en el sector privado se observa que el 36% de los conflictos tuvieron el corte de ruta o la imposibilidad de acceso a la planta como modalidad distintiva reclamo, mientras que el 34% corresponde al paro (con o sin movilización). Finalmente, el 23,6% se explica por movilizaciones y concentraciones.

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Al observar la distribución geográfica,  la mayor cantidad de conflictos labores se produjeron en la provincia de Buenos Aires (21% del total), y a esta provincia le sigue la Ciudad autónoma de Buenos Aires, con el 12,5% y luego las provincias patagónicas de Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Río Negro, las cuales representan en total el 26, 1% de los conflictos, motorizados por los trabajadores Estatales y los petroleros.

Conflictividad social

Asimismo, sobre el total de conflictos en agosto (que ascendieron a 246), un 28,4% (70 conflictos) fueron específicamente sociales o no laborales, protagonizados por los Ruidazos, la Marcha por San Cayetano, las protestas de los productores regionales y las marchas en defensa de los DDHH y cuestiones de género. En este tipo se observa que la mayor concentración se alcanza en CABA (35,7%) y en menor medida (28,6%) en la zona Centro o Pampeana.

En relación a las acciones de protesta resultaron en un 80% de forma organizada, demostrando un alto índice de organización política y elaboración de estrategias de acción. Las convocatorias son llevadas a cabo mayoritariamente por Organizaciones Sociales. El 20% restante que se manifiesta de manera espontánea son actores sociales autoconvocados, comerciantes, vecinos y familiares. Esta modalidad de acción se expresó más fuertemente en la CABA y en la provincia de Santa Fe.

UN 28,6% de las protestas sociales se enmarcan en reclamos en contra del ajuste y los tarifazos, y un 20% en protestas por falta de trabajo, seguidas en un 14% por justicia y derechos humanos.

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